El juego de tira y afloje entre el gobierno de Tailandia y los activistas que demandan el fin de la censura en Internet no tiene perspectivas de una rápida resolución.
El punto fundamental del debate es qué tan lejos puede llegar el gobierno, en nombre del interés público, con sus iniciativas para controlar tanto el contenido de sitios de Internet —y eventualmente aplicarles sanciones o clausurarlos— como para poner freno a los delitos que se comenten utilizando la web.
Las autoridades no tienen intenciones de ceder. El martes por la noche, al hablar ante el Club de Corresponsales Extranjeros, el ministro de Tecnología de la Información y la Comunicación, Sitthichai Pookaiyaudom, remarcó con ironía que el gobierno tiene el derecho de regular el contenido de la web y que su máxima preocupación es prevenir los casos de "lesa majestad" (ofensas contra el monarca).
A principios de abril, Sitthichai ordenó bloquear el acceso al popular sitio de intercambio de vídeos YouTube, a raíz de imágenes que fueron consideradas insultantes hacia el reverenciado rey tailandés Bhumibol Adulyadej.
De acuerdo con la ley de "lesa majestad", tanto los ciudadanos tailandeses como los extranjeros pueden sufrir condenas de hasta 15 años de prisión si son hallados culpables de ofender la imagen del monarca.
Los comentarios del ministro no fueron bien recibidos por defensores de la libertad de expresión, quienes manifestaron su preocupación por la utilización de leyes diseñadas para limitarla en general y para prohibir los sitios de contenido político en particular.
En un gesto simbólico, Supinya Klangnarong, de la no gubernamental Campaña por una Reforma Popular de los Medios, entregó al ministro una lista de los sitios de Internet bloqueados por el gobierno.
El ministro aseguró que él sólo ordenó la supresión de 200 sitios y no, como dicen sus críticos, de más de 17.000 desde que los militares tomaron el poder el 19 de septiembre de 2006. Muchas de las páginas web censuradas cuestionan al gobierno.
Sitthichai anunció que le pediría al gobierno dejar de lado una disposición de la nueva ley para reprimir delitos cometidos a través de Internet, según la cual el ministro tiene la facultad de bloquear o clausurar sitios. Sin embargo, Supinya y otros defensores de la libertad de expresión prefieren la cautela. Según Supinya, permitir que un tribunal decida la supresión de un sitio de Internet en base a la recomendación de las autoridades es causa de preocupación, salvo que el procedimiento resulte a todas luces imparcial.
"Que el gobierno esté tratando de intervenir y controlar los medios ya es preocupante. Yo me siento amenazada porque la gente, en general, confía en la justicia para protegerlos ante cualquier violación de sus derechos y ahora parece que son los tribunales los que recortarán esos mismos derechos", dijo Supinya a IPS.
Isrya Paireentairit, gerente de proyectos de una empresa de Internet y ávido blogger, indicó que "quitarle al Ministerio el poder de bloquear sitios es una Buena medida. Esto evitará que hagan cualquier cosa que les venga en gana".
A diferencia de Supinya, señaló aspectos positivos. "Al menos tenemos lineamientos oficiales sobre cómo implementar las leyes, mientras que antes no teníamos nada a que atenernos", agregó.
La ley identifica 12 tipos de delitos por Internet, que pueden ser castigados con penas de hasta 20 años de cárcel y multas de 9.420 dólares.
Sin embargo, la ley todavía genera confusión en Chiranuch Premchaiporn, del diario independiente en tailandés Prachatai, que se publica en la web.
"Debería apuntar a prevenir que delincuentes usen Internet para violar los derechos de los usuarios y causarles daño. Pero me pregunto si esta ley no invadirá el derecho a la privacidad de un individuo", dijo Chiranuch.
Si se llevan las disposiciones de la ley a un extremo podrían convertirse en una herramienta represiva, alertó. Su mayor preocupación es el requerimiento a los proveedores de servicios de Internet de conservar por 90 días como mínimo toda la información sobre el tráfico en la red. De esta forma, las autoridades podrían obtener datos sobre las páginas vistas por cada uno de los abonados.
Sitthichai aseguró que el gobierno sigue determinados criterios para bloquear o suprimir un sitio de Internet. El más importante está representado por la figura del delito de "lesa majestad".
"En segundo lugar se ubica la pornografía, pero ésta es un área gris, y la dejamos a la discreción del público. En cuanto a los sitios políticos, a lo único que me opongo es a que realicen ataques personales y en una manera inapropiada", agregó.
Chiranuch, al igual que Isrya, apoya la abolición de la facultad del Ministerio de bloquear o clausurar sitios. "Va contra la Constitución", indicó.
El texto de la ley fundamental está siendo reformado tras el golpe militar del año pasado.
"La Justicia debe participar en el proceso. Esto es mejor que tener a los funcionarios actuando a su antojo. Este es un buen sistema de equilibrio de poderes", agregó Chiranuch.
Una mayor toma de conciencia por parte del público es vital para proteger la libertad de expresión, advirtieron los activistas. Pero la situación política actual y las elecciones prometidas por el gobierno para diciembre acaparan casi toda la atención de la gente, indicó Supinya.
"La libertad de expresión en Internet es algo nuevo aquí. Al mencionar este tema una obtiene frías reacciones. Pero esto ocurre sólo en la superficie. Creo que si le damos a la gente más información y discutimos las consecuencias de la ley y las regulaciones, la mayoría propondrá nuevas ideas", agregó.
"Sólo unas pocas personas siguen activamente este tema. Se trata de quienes están directamente afectados por la ley, como los proveedores de servicios de Internet y los webmasters. Los usuarios comunes lo ven como algo interesante, pero no están suficientemente interesados", explicó Supinya.
