La Suprema Corte de Justicia de México dio un duro golpe a las ahora belicosas y otrora intocables Televisa y TV Azteca, al declarar inconstitucionales varios preceptos de una ley sobre radio y televisión aprobada el año pasado bajo su presión.
Los jueces definieron que los artículos centrales de la ley Federal de Radio y Televisión, que favorecían ampliamente a esas dos empresas de TV y a un puñado de radiodifusoras dominantes, son ilegales y contrarias a la democracia.
"La Corte dio muestra de independencia al no doblegarse ante el poder de las televisoras y con ello dio un coscorrón a los legisladores y al gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006), que aprobaron la ley en una acto de sumisión", opinó la politóloga Denise Dresser, profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Los argumentos de los jueces, que desde hace tres semanas y hasta este jueves analizan los artículos de la normativa, fueron duramente rebatidos en los últimos días por las televisoras.
Sin otorgar derecho a réplica, esas firmas que acaparan la mayoría de publicidad y sintonía, denostaron las decisiones de los magistrados y atacaron a quienes promovieron la demanda de inconstitucionalidad de la ley.
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Los jueces concluyeron que son ilegales las partes centrales de la norma que permitía a los consorcios que ya manejan estaciones de radio y televisión ofrecer canales digitales adicionales e incursionar en servicios de telecomunicaciones sin pasar por una licitación y sin pagar nada adicional al Estado.
Además, anularon la disposición que indicaba que la entrega de nuevas concesiones se debía hacer por subasta y que ganara quien más dinero ofreciera. También señalaron que es contraria a la Constitución la entrega de concesiones por 20 años y que éstas se puedan renovar de forma automática.
Tales normas favorecen la formación de monopolios y la concentración de medios de comunicación en manos de los concesionarios actuales, definió la Corte Suprema de Justicia.
El Poder Judicial dio "una gran lección frente a la claudicación que tuvieron los otros poderes del Estado", señaló Javier Corral, ex senador del gobernante Partido Acción Nacional, quien fue uno de los que presentó a la Corte la demanda de inconstitucionalidad de la norma.
El experto en medios de comunicación Néstor Cortés declaró a IPS que los magistrados "sembraron a su favor un nivel de confianza institucional poco usual en México".
La ley Federal de Radio y Televisión fue aprobada en marzo de 2006 en medio de las campañas hacia las elecciones presidenciales de julio y bajo una abierta presión de las dos cadenas de televisión dominantes. Diversos testimonios de legisladores aseguraron que parte de la normativa fue redactada en las oficinas de esos medios.
Todos los partidos políticos, incluida la oposición de izquierda, la aprobaron y en su momento consideraron, en consonancia con lo que decían las emisoras de televisión, que era positiva. Sin embargo, ahora se muestran arrepentidos y algunos de sus portavoces reconocen que fueron presionados.
Los medios de comunicación los amenazaron con no difundir su propaganda electoral, dijeron.
Legisladores de gobierno y oposición indicaron que una vez que la Suprema Corte de Justicia termine sus deliberaciones prepararán una nueva norma que propicie la democratización y una sana competencia en materia de medios de comunicación.
También prometieron legislar para ayudar a los medios de comunicación estatales y educativos, así como a las radios comunitarias, ámbitos en los que la ley aprobada en 2006 era omisa.
El puñado de radiodifusoras y televisoras que dominan el espectro radioeléctrico de México deben su poder en parte a los millones de dólares que reciben en las campañas electorales, en virtud de la transmisión de propaganda que los partidos les pagan, en gran parte, con dinero de los contribuyentes.
En los comicios presidenciales del 2 julio de 2006, alrededor de 80 por ciento de los más de 324 millones de dólares que los políticos gastaron en esa contienda fueron a los bolsillos de los medios electrónicos de comunicación.
Siete de cada 10 televidentes mexicanos ven canales de Televisa, mientras dos ven a los del emporio TV Azteca. En radiodifusión, la oferta se concentra en unos 13 grupos empresariales.
La mayoría de estas empresas, que han visto multiplicar sus ingresos de forma exponencial en los últimos años, no participaron en ningún concurso público para recibir sus concesiones y fueron los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (1929-2000) los que les entregaron directamente esos espacios.
Durante la presidencia del conservador Vicente Fox, (2000-2006), correligionario del actual mandatario Calderón, las dos principales cadenas de televisión trataron con tersura al gobierno y recibieron apoyos oficiales.
Calderón prometió respetar sin titubeos las decisiones de los jueces y que abogará por la definición de una nueva norma producto de la concertación entre todas las fuerzas políticas.
Para debatir sobre la ley Federal de Radio y Televisión, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia asumieron una actitud de transparencia inédita.
Así, difundieron de manera íntegra y en vivo sus deliberaciones a través de un canal de televisión público y en su página de Internet colocaron sin restricción de acceso el proyecto de resolución que indicaba que la ley "propicia fenómenos de concentración que contrarían el interés público".
En todas sus sesiones, las discusiones siempre apuntaron a definir la normativa como contraria a los intereses de la democracia.
De los 11 jueces que integran el máximo tribunal participaron sólo nueve. Uno se excusó por haber tenido en el pasado actividades académicas en las que expresó opiniones sobre el tema y el otro por encontrarse enfermo.
"Lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia es extraordinario e histórico, pues se enfrentó a uno de los poderes fácticos sin amedrentarse nunca y demostrando que son una institución consolidada", opinó Sergio Aguayo, activista de derechos humanos y académico del Colegio de México.
Su colega en esa casa de estudios, el historiador Lorenzo Meyer, se declaró sorprendido de la actitud de los jueces, que a su entender dieron cátedra de independencia.
