El fuego de la Ronda de Doha pareció avivarse esta semana con el retorno unánime de los países en desarrollo a esas negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que han entrado en la etapa de decisiones.
El bloque del Sur, que representa por lo menos a dos tercios de los 150 países miembro de la OMC, como resaltó la ministra de Comercio de Indonesia, Mari Pangestu, ratificó sus aspiraciones a obtener del ciclo de Doha un impulso al desarrollo de esas regiones.
En sesiones de distintos grupos de países en desarrollo, pero en particular en la reunión celebrada por el G-20 que se interesa específicamente en la negociación agrícola, se despejaron incertidumbres acerca de las negociaciones restringidas que sostienen desde hace unos seis meses representantes del Sur con las potencias comerciales.
El G-20 (Grupo de los 20 países en desarrollo originalmente) está integrado hoy por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Cuba, Ecuador, Egipto, Filipinas, Guatemala, India, Indonesia, México, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Tanzania, Tailandia, Venezuela y Zimbabwe.
El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, quien coordina el G-20 junto con el ministro de Comercio de India, Kamal Nath, aclaró que las conversaciones que mantienen el G-4, el G-5 o el G-6, se tratan únicamente de "un esfuerzo de facilitación".
El formato de G-4 se compone cuando participan Brasil, Estados Unidos, India y la Unión Europea. La incorporación a veces de Japón recibe la denominación de G-5 y cuando se suma Australia se constituye el G-6.
El carácter circunscrito de esas negociaciones agregado a la reserva de los participantes respecto de sus resultados había despertado inquietudes entre diplomáticos de naciones en desarrollo. El desasosiego se acrecentaba a causa del estancamiento de las negociaciones multilaterales que tienen sede en la OMC.
Pero Amorim precisó que los esfuerzos de facilitación que realizan Brasil e India en el G-4 necesitan el apoyo y la confianza de los miembros de los distintos grupos de países en desarrollo. Por otro lado, el canciller brasileño aceptó que el resultado de las conversaciones del G-4 "no serán el resultado final".
Luego de ese trámite de facilitación, "tendremos que volver al proceso multilateral", reconoció para tranquilidad de los países del Sur.
Brasil e India obtuvieron un voto de respaldo de los países en desarrollo por su papel en representarlos en las conversaciones que sostienen con el G-4. La delegación de Sudáfrica expuso que la reunión del G-20 sostenida este lunes debía interpretarse como una expresión de apoyo a Brasil e India.
El compromiso de Brasilia y Nueva Delhi asegurará que este proceso de negociación en la OMC favorezca los intereses del mundo en desarrollo, porque un fracaso de la Ronda de Doha nos convertirá en grandes perdedores mientras que un resultado propicio nos transformará en los mayores beneficiarios del proceso, dijo la delegación sudafricana.
En el mismo sentido, Amorim observó que los países en desarrollo concuerdan en que sin el G-20 nunca estaríamos donde nos encontramos. Eso lo reconocen inclusive los países ricos, insistió.
Las manifestaciones de los ministros de los países miembros del G-20 y de otras naciones en desarrollo adquieren mayor relevancia porque en los próximos se sucederán episodios cruciales que pueden sacar de la parálisis al ciclo de Doha o condenarlo a un desenlace insustancial y a largo plazo.
La semana venidera se reunirán en la ciudad alemana de Potsdam, cerca de Berlín, los ministros del G-4. Expertos de alto nivel de esos países discutirán previamente en París los temas que se examinarán allí.
Por otro lado, a fines de este mes se espera en Ginebra la distribución de dos borradores con las modalidades que los presidentes de los comités de negociaciones de la OMC sobre agricultura y sobre acceso a los mercados para productos no agrícolas (NAMA, por su sigla en inglés) proponen para encarrilar la última etapa de la Ronda de Doha.
El presidente del comité de negociaciones de agricultura, Crawford Falconer, ya presentó hace unas semanas borradores con el propósito de despertar reacciones de las partes. La mayoría de los representantes de las naciones en desarrollo le reprocharon que esos textos se inclinaban a favor de los intereses de los países industrializados.
En NAMA todavía no se han distribuido documentos, pero la última sesión del comité negociador en ese rubro, la semana pasada, mostró una profundización de las divergencias entre los mismos bloques de países.
Sin embargo, Nath mencionó la existencia de un signo de optimismo originado en las discusiones que mantiene el G-4 con los países del G-33, que conforman las naciones en desarrollo que defienden su derecho a proteger determinados "productos especiales" de la agricultura.
En los acuerdos precedentes sobre esa materia alcanzados en la OMC se estableció que la negociación sobre productos especiales se concentraría en los indicadores que definen el carácter de esos bienes susceptibles de protecciones arancelarias para defenderlos de las importaciones.
Los países del G-33 proponen que los indicadores identifiquen productos que protejan el sustento de las poblaciones campesinas y también la seguridad alimentaria de la población de esas naciones, recordó Nath. En contraste, a las naciones ricas sólo les interesa promover y proteger la prosperidad de sus agricultores, sostuvo.
De todos modos, en el terreno de los productos especiales se ha registrado algún avance. Creo que esa es una señal muy optimista, dijo Nath.
El vicecanciller de Ecuador, Rafael Paredes, dijo a IPS que su país reclama el derecho, como otras naciones en desarrollo, descontar con un número suficiente de productos especiales y también con un mecanismo de salvaguardia especial agrícola, como demanda igualmente el G-33.
Paredes se hizo eco de las aspiraciones de los países en desarrollo respecto de la disminución de todas las ayudas internas a la agricultura, un tema que concierne especialmente a Estados Unidos.
El G-20 volvió a sostener que Washington debe reducir el monto total de su ayuda interna a los agricultores a una suma que oscilaría entre 13.000 millones de dólares y 15.000 millones, aproximadamente.
