El gobierno y legisladores clave de Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para que el Congreso ratifique, por fin, tratados de libre comercio con Corea del Sur, Colombia, Panamá y Perú.
El acuerdo sembró dudas en organizaciones de derechos humanos sobre el compromiso de los congresistas del opositor Partido Demócrata con promesas de la campaña electoral que los llevó en las elecciones de noviembre a obtener la mayoría de las dos cámaras legislativas.
El Congreso legislativo estadounidense ratificaría el mes próximo al menos uno de los cuatro tratados.
El pacto del lunes afina el acuerdo alcanzado el 10 de mayo entre la Casa Blanca y los legisladores del gobernante Partido Republicano, por un lado, y los demócratas, por otro, sobre cambios en la política comercial estadounidense.
Perú y Colombia ya ratificaron sus respectivos tratados de libre comercio con Estados Unidos.
Grupos de presión empresariales pretenden la ratificación de los cuatro antes de agosto, cuando comenzará el receso legislativo del verano boreal.
Por otra parte, este sábado vencerá la facultad asignada por el Congreso al Poder Ejecutivo para negociar y firmar acuerdos comerciales por la vía rápida ("fast track"), la cual obliga al Legislativo a aprobarlos o rechazarlos en bloque, sin enmiendas parciales.
A fines de esta semana deben firmarse los tratados de libre comercio con Corea del Sur y Panamá.
"Espero que el Congreso proceda con el acuerdo con Perú en julio y haga lo propio, y cuanto antes, con los tratados pendientes con Colombia, Panamá y Corea del Sur", señaló la representante de Comercio de Estados Unidos, Susan C. Schwab.
Los republicanos señalaron que quieren ratificar el tratado con Perú, al menos, antes de agosto.
"Ahora que el trabajo está hecho, podemos proseguir con la implementación de los acuerdos pendientes. Espero que podamos completar los pasos en el Congreso sobre Perú antes del receso de agosto", declaró el representante republicano Jim McCrery.
A pesar del temor inicial, organizaciones empresariales estadounidenses aplaudieron el anuncio del lunes, al que consideraron un paso en la dirección correcta.
"La lista de objetivos de expansión comercial es larga y el tiempo es poco, así que es bueno haber llegado a un consenso", señaló John Engler, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, férrea defensora de la apertura de los mercados internacionales a los bienes y productos estadounidenses.
"Ambas partes allanaron el camino para consagrar con una cantidad de importantes acuerdos de libre comercio. Debería funcionar como catalizador para otros tratados más amplios en una semana importante para los negociadores", remarcó.
Según el pacto del 10 de mayo, la Casa Blanca accedió a reclamos de los legisladores del Partido Demócrata de introducir estándares más duros de protección ambiental y laboral en los tratados de libre comercio.
Pero muchas organizaciones que leyeron el texto publicado el lunes se manifestaron decepcionadas por la actitud demócrata.
Recomendaciones de sindicatos, organizaciones ambientales, de consumidores y de familias rurales habrían sido ignoradas, aseguraron.
"Los demócratas alcanzaron la mayoría con el mandato de garantizar un comercio justo. La población se opone de plano a proseguir con la fracasada agenda comercial de Bush", señaló Lori Wallach, directora de la división Observatorio de Comercio Global de Public Citizen.
"Es incomprensible la razón por la cual un demócrata priorizaría revivir acuerdos comerciales de Bush, a los que se oponen sus votantes y la mayoría de sus legisladores, en vez de lanzar su propia agenda", se indignó Wallach.
Public Citizen señala que el documento mantiene intacto el polémico capítulo 11, que deja amplios poderes a los inversores extranjeros.
Esa disposición despierta críticas en Estados Unidos porque, según organizaciones de la sociedad civil, incentiva a las empresas nacionales a trasladarse al extranjero y despedir a trabajadores locales.
Varias organizaciones advirtieron la semana pasada que el pacto del 10 de mayo también beneficiaría al Citibank, el mayor inversionista en ProFuturo AFP, compañía privada autorizada a competir con el sistema de seguridad social estatal merced al tratado de libre comercio con Perú, según el cual su privatización estaría permitida.
"Las disposiciones del acuerdo de libre comercio con Perú permitirían que inversionistas extranjeros que brindan cuentas de retiro privadas reclamen compensación al gobierno peruano ante tribunales de la Organización de las Naciones Unidas y del Banco Mundial en caso de revertirse la impopular privatización de la seguridad social", señala el informe.
Las mismas organizaciones señalan que el tratado de libre comercio con Perú es similar al intento del gobierno de Bush de privatizar el sistema de seguridad social de Estados Unidos, al que se opusieron los demócratas.
"Las mismas fuerzas corporativas que trataron de destruir nuestra seguridad social, disfrazadas de 'libre comercio', tratan de destruir el sistema peruano", sostuvo William McNary, presidente de USAction, organización dedicada a cuestiones de justicia social y económica.
"El Congreso rechazó la privatización de la seguridad social en 2005 y debe rechazarla de nuevo en 2007, ya sea para los estadounidenses, peruanos o canadienses. La promesa de una jubilación segura no debe terminar en la frontera de Estados Unidos", enfatizó.
Wallach también señaló que el documento eleva el costo de los medicamentos en el mundo en desarrollo y mantiene disposiciones que hicieron que cientos de miles de agricultores de los países pobres perdieran su medio de vida.
