Documentación sobre unos 150 casos, cada uno más estremecedor que el anterior, recibió la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Colombia durante una audiencia pública en Buenaventura, principal puerto de este país andino sobre el océano Pacífico.
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Varios señalaron a los autores de los crímenes, incluso por su nombre, y entre ellos figuran miembros de la fuerza pública.
"La gente que sube allá a hablar sí que es valiente", dijo a IPS B., una mujer humilde de raza negra, de 39 años, que sólo pudo reconocer el cadáver de su hijo de 20 debido a que éste tenía huellas de una cirugía en una extremidad.
La identidad de esta madre, así como cualquier mención que dé pistas sobre ella o su hijo, asesinado en una de tantas masacres de jóvenes en este municipio, se guardan por seguridad.
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IPS la abordó al final de la audiencia. "Yo no puedo hablar. Ya he intentado tres veces hablar públicamente y no puedo. Me aprieta algo aquí", dijo señalándose la garganta.
¿Qué pensamientos cruzaron por su cabeza mientras escuchaba el viernes, durante horas en la audiencia, uno tras otro, testimonios y denuncias sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en este puerto?
"He pensado de todo: en cómo lo encontramos. El rostro estaba desfigurado. No tenía piel, le habían echado ácido. No tenía ojos ni pelo. Eso, sinceramente, no quisiera yo que le pasara a nadie. Eso fue inhumano. No hay necesidad de matar a una persona así".
El cuerpo, como los de los demás muchachos, apareció en un estero.
"Y son cosas que se repiten y se repiten. Ese es el diario vivir aquí en Buenaventura. En nuestra familia ha cambiado todo, porque eso es algo que lo marca a uno. Y no solamente en mi familia, sino en las familias de todos", dijo.
"Uno está todo el tiempo acordándose de que estaban amarrados, su agonía. Eso es una tortura para uno. Porque uno como mamá cada rato se está acordando de eso. Yo me acuerdo todos los días de mi hijo, de cómo lo mataron".
"Más que todo cuando veo la foto, porque la tengo al frente de mi cama. Entonces, todos los días lo veo y me acuerdo. A veces me pongo a pensar si gritaba, si pensaba en mí, si pensaba en Dios".
Ella espera que haya verdad, saber quién mandó matar a su hijo y por qué, y "que no suceda más esto. Que la prensa y las personas de otros países nos ayuden a cambiar a Buenaventura y lo que se está viviendo internamente aquí. Esto es horrible. Esto es masacre tras masacre, todos los días, muerte tras muerte".
Según las denuncias, esa matanza fue cometida por paramilitares de ultraderecha. El otrora alegre puerto es disputado a sangre y fuego también por la fuerza pública y la guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en este país que lleva casi medio siglo en guerra civil.
Se estima que en los últimos tres años, la guerra se ha llevado la vida de 1.520 personas.
Antes de comenzar la audiencia, la policía informó que la situación "ha mejorado", pues "en estos cinco días sólo hubo dos muertos".
Según el documento central leído en la audiencia y entregado a la Comisión senatorial, la guerra en Buenaventura se trata de "exterminar y controlar a la población" para apropiarse de sus territorios, "a favor de intereses privados", por una parte.
Otros "buscan asegurar su movilidad y el circuito económico para su modelo de guerra", expresa el informe elaborado durante 10 días mediante consenso de casi una veintena de organizaciones locales y regionales, incluida la católica Pastoral Afrocolombiana.
La respuesta estatal ha sido incrementar la presencia de tropas, lo "que ha generado la militarización de la vida en el puerto, sin que ello signifique una mejora en la seguridad y protección de la población", afirma el documento.
"Por el contrario, en muchos casos la policía y los miembros de las fuerzas militares actúan en complicidad con los grupos paramilitares o asumen una actitud omisa frente a su deber de protección, permitiendo el libre accionar de los mismos", agrega.
El informe caracteriza las acciones de la fuerza pública, de la que afirma "ha tenido un comportamiento violatorio de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario".
El texto asegura que la fuerza pública comete detenciones arbitrarias y reseñas policiales injustificadas de jóvenes, y actúa junto con los paramilitares en los barrios más pobres y participa con éstos en confrontaciones con la guerrilla.
Se mencionan también las acciones de grupos paramilitares, oficialmente disueltos en 2006 tras negociaciones con el gobierno, pero que en Buenaventura parecen estar en floreciente expansión, con el resultado de haber asesinado en lo que va de 2007, y hasta el viernes, a 265 personas.
Entre otras violaciones, se los acusa de ejercer en los principales mercados del puerto bloqueo y control de los alimentos de consumo básico: plátano, pollo, yerbas, carne y huevos. Han incidido en aumentos exorbitantes de precios, que ellos imponen, "y quien no se acoja es amenazado y asesinado".
Mientras, la guerrilla, además de cometer crímenes, "ataca los procesos organizativos y la cotidianidad de las comunidades realizando censos y control de entrada y salida de los pobladores" en la zona rural, afirma el documento.
También "ha intentado promocionar cultivos de uso ilícito, llevando personas de otras regiones a los territorios colectivos", sostiene.
Tanto paramilitares como guerrilla reclutan "por la vía de la fuerza o a través de incentivos económicos" a los jóvenes.
Para B., paramilitares y guerrilla "matan a la población civil, pero uno no sabe siquiera por qué es que ellos luchan. Uno no sabe ni siquiera el ideal de ellos cuál es, y le van matando al familiar de uno, por su guerra que ellos tienen".
Si las cosas siguen como van "nos vamos a quedar sin habitantes, porque éste es un puerto muy pequeño", advirtió.
Aunque acepta sentirse sola, espera que "por medio de estas comisiones (senatoriales) de pronto se organice esto, se termine la violencia, se creen fuentes de trabajo para que las personas mantengan la mente ocupada y dejen de estar pensando en matar a los demás".
Ella ansía que actúe la justicia. Que un día que vaya a la fiscalía no sólo la traten con amabilidad, como en efecto lo hacen, sino que le muestren algún avance en la investigación sobre el crimen contra su hijo.
Pero la justicia, según el informe, no está "cumpliendo su papel en la búsqueda de la verdad". Muchas veces detiene a sospechosos pero, ante la falta de denuncias a causa de la intimidación, los deja libres y éstos continúan cometiendo crímenes, afirma el texto.
"Los avances en las investigaciones son nulos", mientras "los actores materiales, intelectuales y beneficiados permanecen a la vista de todo el mundo", afirman las organizaciones firmantes del documento.
