Una corriente indígena con fuerte presencia en la Asamblea Constituyente de Bolivia y apoyada por el gobierno se lanzó en defensa de la creación de 36 autonomías territoriales, mientras grupos conservadores la rechazan y exigen que sólo se reconozcan cuatro.
Aunque la asamblea se disolverá el 6 de agosto, al cumplirse el año de funcionamiento establecido por la ley que la convocó, apenas ha comenzado el más encendido de los debates, entre una fortalecida corriente indigenista y grupos de poder económico localizados en la región oriental del país.
A 37 días del fin del debate, aún no se celebraron las sesiones para que los 255 representantes aprueben el texto constitucional, mientras las bancadas políticas comienzan a examinar la ampliación del periodo de deliberaciones hasta por seis meses.
Por el momento, la atención de políticos y ciudadanos se concentra en la Comisión Visión País, que emitió un informe que declara a Bolivia un estado unitario, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático y social.
La propuesta, respaldada por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales, halla resistencia en empresarios, hacendados y banqueros del oriental departamento de Santa Cruz, según quienes se trata de un intento de dividir el país en 36 regiones bajo dominio indígena.
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El Comité Cívico Pro Santa Cruz, organización civil que agrupa a gremios empresariales y asociaciones regionales, expresa la voz de los grupos reticentes al cambio. La respalda en la Asamblea Constituyente la agrupación derechista Poder Democrático y Social (Podemos) del ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002). La opositora Podemos postula un "Estado unitario, nacional, intercultural, descentralizado administrativa y políticamente en departamentos y municipios autónomos, orientados a fortalecer la integridad territorial, la unión nacional, la inclusión social y la solidaridad".
"Este es un momento insurreccional" y de resurgimiento de los pueblos indígenas que buscan el reconocimiento y que velan por el bien común, dijo la directora de la carrera de sociología de la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Silvia Rivera.
Las organizaciones sociales que respaldan al gobierno de Morales identificaron a 36 grupos étnicos, con fuerte presencia en la zona andina y los valles. En las regiones tropicales y del Chaco se hallan dispersos en grupos pequeños, pero conservan costumbres y tradiciones de varios cientos de años.
"La Asamblea Constituyente tiene su razón de ser en el pedido de los pueblos de ser reconocidos en la nueva constitución, con sus formas de autogobierno" dotados de mecanismos propios de elección de sus autoridades y bajo una gestión de aprovechamiento racional de los recursos naturales y la reproducción de su cultura, dijo a IPS el antropólogo del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino, Gonzalo Vargas Rivas.
La forma de organización indígena difiere del Estado actual, en el cual se privilegia la propiedad privada y los derechos individuales de la persona, explicó Vargas. Los grupos originarios, en cambio, practican los valores de la reciprocidad y la redistribución de la riqueza, sin negar derechos privados al ciudadano.
"El reconocimiento de las características de los pueblos indígenas no significa que Bolivia se desperdigue", agregó.
En una intensa campaña de televisión, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, afirma que las autonomías departamentales se fundamentan en la solidaridad entre regiones y la redistribución de los recursos para beneficiar a las que tienen menores ingresos.
El mensaje de Marinkovic enfatiza en la asignación a los ciudadanos el papel de fiscal que vigila inversiones y obras públicas, pero no menciona la exigencia de poder de decisión sobre los recursos naturales, la tierra y la administración de los ingresos departamentales, principal demanda de los grupos hegemónicos de la economía boliviana.
Las grandes extensiones de tierra en poder de grupos empresariales nacionales, brasileños, japoneses y de menonitas e inmigrantes de la antigua Yugoeslavia es la principal preocupación de los sectores empresariales, frente a la demanda indígena de recuperar espacios para cultivos y el pastoreo.
De manera coincidente con el proceso de la Asamblea Constituyente y la campaña regional del Comité Cívico Pro Santa Cruz, esta semana el propio Marinkovic ha sido acusado por el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, por el despojo de 27.500 hectáreas de bosque a pueblos guaraníes.
"Es un invento del Movimiento al Socialismo (MAS)" para dificultar la demanda de autonomía departamental, señaló el empresario.
La bandera autonomista flamea con vigor desde el 2 de julio del pasado año, cuando una consulta ciudadana (referéndum) inclinó la balanza a favor de una mayor descentralización en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, todos poseedores de enormes riquezas gasíferas y tierras altamente productivas.
En el otro frente, los votantes de los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí resolvieron continuar bajo el esquema del estado centralizado.
Con la celebración del primer año de la victoria autonomista, el Comité Cívico Pro Santa Cruz prepara un acto con una marcha popular y alienta el reconocimiento del resultado de las urnas en la nueva constitución.
En medio de la tensión, que hasta el momento sólo está expresada en discursos y declaraciones algo subidas de tono, el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB), Guillermo Vilela, llamó a los partidos políticos a la reflexión para que se elabore una constitución que incorpore a todos los sectores, pueblos originarios y mestizos.
Un documento presentado por la APDHB, titulado Propuesta de Contenidos Mínimos, postula un estado intercultural con respeto a las diferencias ideológicas, raciales, de religión y sexo como base de la construcción de una sociedad de convivencia pacífica.
Según Vargas Rivas, las autonomías departamentales representan "un reposicionamiento de los sectores económicamente pudientes, que perdieron el control del aparato estatal" con la modalidad centralista de gobierno, la que hoy rechazan.
El modelo autonomista de Santa Cruz reproduce un estado monocultural excluyente y promueve el aislamiento de los pueblos indígenas en reservas territoriales, bajo un modelo estadounidense, agregó.
