«Mucha gente piensa que escapé del cadalso por mi nacionalidad. Puede ser, pero si me preguntan a mí, creo que me salvé porque Dios lo quiso», dijo el británico Mirza Tahir Hussain, condenado a muerte durante 18 años en Pakistán.
El 15 de noviembre pasado, Musharraf conmutó la condena a muerte de Hussein por una de cadena perpetua. Como este británico de origen pakistaní de 36 años ya había pasado 18 preso con buena conducta, quedó en libertad, de acuerdo con las leyes del país asiático.
Este fiel musulmán originario de Leeds, Inglaterra, fue condenado por el asesinato de un taxista. Él reconoció haberle dado muerte, pero en defensa propia.
Hussain fue hallado inocente por un tribunal penal, aunque luego, en 1988, un tribunal de carácter religioso lo condenó a muerte según la shariá (ley islámica). La incansable campaña internacional llevada adelante por su hermano permitió su liberación y su regreso a Leeds.
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"Me llevó casi dos décadas sacarlo del pabellón de la muerte. En ese tiempo, nuestra familia sufrió una agonía emocional", señaló Mirza Amjad Hussain, quien no dejó piedra sin remover hasta lograr la liberación de su hermano.
Seis meses después, desde su casa de Leeds, Hussain repasa el tiempo vivido en prisión. Inmerso en lo que describe como un sistema judicial corrupto hasta la médula, se sigue maravillando de cómo logró escapar a la muerte.
"Es una extraña e intrincada mezcla de leyes, mezcolanza peligrosa de normas civiles e islámicas, ninguna de las cuales se respetan en su verdadero espíritu ni en su forma", señaló en una larga entrevista telefónica.
"El sistema judicial pakistaní es la herramienta más peligrosa, utilizada en beneficio de personas ricas e influyentes, no necesariamente para dictar justicia. Yo lo sé porque fui absuelto y luego sentenciado", recordó.
Según Hussain, la magistratura pakistaní no disuade sino que fomenta el delito. "Los homicidios, actividades terroristas y asesinatos sectarios aumentaron porque es muy fácil para los verdaderos delincuentes comprar su libertad", indicó.
También se mostró convencido de que la violencia no puede combatirse con violencia estatal. "Creo que los delincuentes deben ser juzgados, ¿pero hay que castigarlos con la muerte? Es un castigo cruel e innecesario", apuntó.
En Pakistán, señaló, cada caso viene etiquetado con un precio y el dinero circula en todos los ámbitos. "Si tienes dinero, la justicia estará de tu lado", sostuvo Hussain.
Entonces, a pocos importa que las cárceles pakistaníes estén repletas de personas muy pobres, algunas de las cuales son inocentes, afirmó.
"Cuando el delincuente pertenece a las clases acomodadas o medias, ni siquiera se registra el caso. Y si por alguna razón eso llega a ocurrir, la familia de la victima sufre coacciones y amenazas para llegar a un acuerdo", sostuvo.
"En algunos casos, en connivencia con la policía, el caso se debilita. Si aun así llega ante un tribunal, se intercambian grandes sumas de dinero para minimizar el castigo o transformar una pena de muerte en cadena perpetua", añadió.
Hubo gente declarada enferma mental por la administración de cárceles para que pudieran "escapar de prisión".
Según el último informe de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres, casi "uno de cada tres de los 24.000 condenados a muerte del mundo están en Pakistán".
Con abogados de oficio ineficientes, totalmente indiferentes a la difícil situación en que se encuentran sus clientes y a sus terribles condiciones de vida, vivir en el pabellón de los condenados a muerte en Pakistán "es como vivir en tu tumba", señaló Hussain.
Las celdas no tienen más de 3,6 por 2,7 metros, con "entre 10 y 12 prisioneros hacinados como animales", señaló, y "teníamos que turnarnos hasta para dormir", añadió.
A Hussain le preocupan mucho las condenas dictadas en Pakistán por los errores del sistema judicial y sus fallos injustos.
"Al igual que yo, muchos presos del pabellón de la muerte son inocentes o tuvieron juicios injustos. Pero ellos seguramente tendrán un final cruel, sin nadie que los ayude. ¿Cuántas vidas inocentes tendrán que perderse antes de que la pena capital sea abolida?", se preguntó.
El capítulo acerca de la pena de muerte del último informe de Amnistía Internacional para 2006, "El estado de los derechos humanos en el mundo", atribuye a Pakistán "juicios injustos", al igual que a Iraq y Sudán.
Algunos de los 7.000 condenados cuya ejecución es inminente son menores, pese a un decreto que lo prohíbe desde hace siete años, indicó Hussain.
"Yo vi a los menores condenados, incluso después de la prohibición. Las autoridades les falseaban la edad con el visto bueno del juez", afirmó.
Hussain dijo no poder olvidar la ejecución de un peón de 16 años. "Estaba a cargo de su familia y lo habían acusado injustamente. No creo que nadie fuera de la cárcel pueda comprender la angustia que sentimos los otros presos cuando lo mataron", recordó.
Amnistía Internacional confirmó que Pakistán ejecutó a un menor infractor el año pasado. Este país abolió ese castigo extremo para los menores, "pero hubo problemas con el cumplimiento de la norma a escala nacional", señala.
Esa organización ubica a este país en tercer lugar entre los 25 países que en total mataron al menos a 1.591 personas el año pasado.
China ejecutó a 1.010 personas, Irán a 177, Pakistán a 82, Iraq y Sudán a 65 y Estados Unidos a 53. Esos seis países concentran 91 por ciento del total de ejecuciones ocurridas en 2006.
En vísperas de la publicación de ese informe, la directora de Amnistía Internacional, Kate Allen señaló en Gran Bretaña: "Es urgente que los gobiernos que aplican la pena de muerte, en especial el del presidente pakistaní Pervez Musharraf, instauren de inmediato una moratoria sobre las ejecuciones."
