La presidenta chilena Michelle Bachelet pondrá en juego todo su peso político para que el Congreso ratifique finalmente el convenio de la OIT que reconoce derechos colectivos e individuales a los pueblos indígenas.
Bachelet le impondrá el carácter de suma urgencia al proyecto de ratificación, que obliga al parlamento a tratarlo en un plazo máximo de 10 días. Esta medida forma parte de la nueva política indígenas anunciada en las últimas semanas por el gobierno, que, empero, no conforma plenamente al pueblo mapuche, la principal etnia originaria de Chile.
"El proyecto de ratificación del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) tiene viabilidad en la medida de que el gobierno logre los dos votos de la oposición (derechista) que le faltan", sintetizó para IPS la codirectora del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, Nancy Yánez.
Este instrumento internacional ya fue aprobado el 11 de abril de 2000 en la Cámara de Diputados, pero aún está pendiente su ratificación o no en el Senado, donde requiere el voto a favor de por lo menos 22 de los 38 integrantes del cuerpo.
La ministra de Planificación y Cooperación, Clarisa Hardy, aseguró a IPS que antes de que finalice este mes el gobierno concretará la medida.
[related_articles]
Para evitar que sea rechazado, lo cual condenaría para siempre su ratificación, el Poder Ejecutivo impulsará un "debate amplio" en la cámara alta, aseguró la funcionaria.
"Aquí hay una manifestación de voluntad del gobierno. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, no sólo en la comisión (parlamentaria que verá en primera instancia el proyecto) sino que con todas las bancadas (de senadores)", manifestó Hardy.
"Pero esto va a ser insuficiente si las propias organizaciones, comunidades y liderazgos indígenas no interactúan planteos con los senadores para hacer que esto tenga éxito", añadió.
"Yo he anticipado algunas conversaciones y creo que hay buena disposición en la oposición. Ciertamente, contamos con todos los votos de la Concertación por la Democracia (que gobierna Chile desde 1990)", adelantó la ministra.
No obstante, Giovanni Calderón, coordinador de la bancada de senadores de uno de los dos partidos de derecha, la Unión Demócrata Independiente (UDI), dijo a IPS que el tema de la ratificación del Convenio "no se ha tratado desde hace años" en ese grupo de parlamentarios, por lo cual no hay una postura oficial al respecto todavía.
Los pueblos indígenas prefieren no hacerse demasiadas ilusiones, dado que es una promesa que se arrastra desde el primer gobierno de la Concertación, la coalición centroizquierdista integrada por los partidos Socialista, Por la Democracia, Demócrata Cristiano y Radical Social Demócrata.
"Con el desorden que hay (actualmente) en la Concertación creemos que va a ser más asequible contar con los votos de la derecha", señaló irónicamente a IPS Gustavo Quilaqueo, presidente del partido político mapuche en formación, Wallmapuwen (compatriotas del país mapuche, en lengua mapuzungún), y miembro de la Coordinación de Organizaciones Mapuches (COM).
El compromiso de apurar la ratificación del convenio es parte de los cinco lineamientos que tendrá la política indígena del gobierno hasta 2010, los cuales fueron presentados por Bachelet el 30 de abril. Ellos son fruto de un proceso de diálogo iniciado el año pasado, en el que participaron representantes de los nueve pueblos originarios de este países hoy con 15,6 millones de habitantes.
Los más críticos con los anuncios fueron los dirigentes de la COM, que agrupa a más de 30 comunidades, identidades territoriales y organizaciones mapuches, la etnia con más de 600.000 integrantes.
La COM presentó en enero a la presidenta un completo documento con una serie de propuestas sobre participación política, derecho a la autodeterminación, recuperación del territorio, desarrollo económico, educación, salud, legislación y justicia.
Mientras la ministra Hardy sostiene que las peticiones indígenas fueron consideradas "en gran medida", Quilaqueo entiende que sólo fueron acogidas no más de 25 por ciento de las propuestas de la COM.
El planteamiento de Bachelet "constituye una muestra más de la escasa voluntad política que existe a nivel del gobierno chileno y la clase política en general, en orden a avanzar hacia el establecimiento de una nueva relación entre nuestro pueblo mapuche y el Estado", señaló la COM luego de analizar las propuestas.
Las organizaciones mapuches consideraron los anuncios "ambiguos y contradictorios en su esencia, carentes en general de peso político, constituyendo a grandes rasgos una continuidad de lo obrado por anteriores administraciones".
Los cinco ejes tienen relación con el fortalecimiento de las formas de participación de las comunidades aborígenes en el ámbito político y social, con el reconocimiento y profundización de sus derechos, con el mejoramiento de la calidad de vida de los indígenas urbanos, con la promoción de la mujer, y el fomento de la educación y la cultura.
El mayor conflicto radica en el primero de ellos. Bachelet anunció que su gobierno elaborará en conjunto con las etnias un proyecto de ley que incluirá nuevos mecanismos y procedimientos para la participación autónoma y representativa de ellas en la sociedad y el Estado.
Esto, sin modificar la actual institucionalidad, es decir, la gubernamental Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), integrada por representantes de los pueblos originarios y cinco subsecretarios, la cual es muy criticada por los propios pueblos.
La COM pide específicamente "la creación de un Parlamento Nacional Mapuche", pero Hardy rechazó de plano esa iniciativa.
"El parlamento indígena se descarta. Así como creemos que el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas no significa reconocer dos Estados en Chile, sino uno solo, evidentemente en el ámbito democrático de Chile el Parlamento es uno", señaló la ministra.
"Yo no lo llamaría parlamento, pero sí debiéramos pensar una fórmula que permitiera una representación amplia de los nueve pueblos legalmente reconocidos", acotó la funcionaria, quien llamó a revisar la experiencia internacional.
También se elaborará conjuntamente un proyecto de ley de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Hardy señaló que su redacción también tendrá que ser "consensuada".
"Mientras la preocupación de la oposición es que esto no implique un cuestionamiento a la soberanía del Estado nacional, en el caso de los indígenas es que no signifique un cuestionamiento a la soberanía de esos pueblos. Conciliar estos dos extremos es lo que tenemos que buscar como fórmula", explicó.
La titular de Planificación anunció asimismo que se constituirá una comisión de seguimiento de los anuncios de Bachelet para que éstos efectivamente se materializaran.
Esta instancia estará integrada por representantes de los distintos ministerios y servicios de gobierno y Hardy espera que también por los pueblos indígenas.
Pero la COM no sabe si participará. "La ministra llamó por teléfono a un dirigente, pero nosotros no aceptaremos hasta que se den una serie de condiciones. Primero, que se nos haga una invitación más formal, a través de una carta o un correo electrónico", indicó Quilaqueo.
En segundo lugar, quieren "que el diálogo no esté condicionado en contenidos ni en plazos" y, en tercer lugar, piden financiamiento para la realización de talleres de debate entre las organizaciones mapuches.
Si no se da este escenario, la COM buscará otra forma de avanzar en sus demandas, discusión que partirá indefectiblemente el próximo día 25 en un Foro Político Mapuche que se realizará en la sureña ciudad de Temuco, región de la Araucanía.
