Cuarenta de los principales dirigentes de la organización islamista Hermandad Musulmana comparecerán ante una corte marcial egipcia, a pesar de que un fallo judicial prohibió que civiles sean juzgados por militares.
En otra escalada de la campaña del gobierno contra la oposición islamista, este mes se les retiró la inmunidad parlamentaria a dos legisladores de esa organización, tras ser brevemente detenidos por la policía.
"Al levantar los fueros de los parlamentarios, el régimen confirmó su intención de intensificar el conflicto con la Hermandad Musulmana", dijo a IPS el legislador izquierdista Gamal Zahran, portavoz del bloque independiente en el parlamento.
"El mensaje a toda la oposición fue que el autoritarismo del régimen no conoce límites", agregó.
El 29 de abril, la policía arrestó a los dos parlamentarios, Ragab Abuzaid y Sabri Aamer, en la septentrional ciudad de Menoufiya, junto con otros 12 miembros de la Hermandad Musulmana que fueron acusados de participar en una "reunión de planificación secreta" y de poseer "documentos de la organización".
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Aunque Abuzaid y Aamer fueron liberados un día después, su detención fue muy inusual, por tratarse de legisladores cuya inmunidad los exonera del arresto. Los otros 12 miembros del grupo permanecen detenidos.
Proscripta desde 1954, la Hermandad Musulmana de Egipto renunció oficialmente a la violencia en los años 70, y desde entonces restringió su actividad a la arena política.
El grupo continúa formalmente proscripto, pero sus miembros pueden postularse como candidatos independientes en las elecciones parlamentarias.
El 9 de mayo, la mayoría de los legisladores despojó de su inmunidad parlamentaria a sus dos pares, para que fueran juzgados por "asociación con un grupo prohibido".
Aunque la Hermandad Musulmana ocupa alrededor de un quinto de los escaños en la asamblea nacional, el gobernante Partido Democrático Nacional, del presidente Hosni Mubarak, controla la mayor parte del resto.
La medida fue condenada por legisladores de la Hermandad Musulmana e independientes por igual.
"Despojar de su inmunidad a los dos parlamentarios fue poco más que un ajuste de cuentas con la Hermandad en general y con su bloque parlamentario en particular", dijo a IPS Saad al-Husseini, secretario general del bloque de la Hermandad Musulmana en la asamblea.
Según Zahran, la medida dejó al descubierto el "doble discurso" que ha permitido al partido de gobierno mantener su control sobre el parlamento.
"Hubo varios pedidos del fiscal general para levantar la inmunidad parlamentaria de representantes del Partido Democrático Nacional acusados de corrupción. Pero esos pedidos nunca llegaron a nada", dijo.
Atef al-Banna, profesor de derecho constitucional en la Universidad de El Cairo, destacó que la la ley fundamental egipcia garantiza a los ciudadanos el derecho de reunión, siempre que no estén armados.
"Los dos parlamentarios, junto con las otras 12 personas, no cometieron ningún delito", aseguró Al-Banna a IPS. "Me sorprendió que les quitaran la inmunidad, pues simplemente se estaban reuniendo con sus electores sin hacer nada ilegal", agregó.
La Hermandad sufrió otro golpe este mes, cuando autoridades judiciales cumplieron una orden presidencial emitida en febrero, remitiendo a 40 de los principales miembros del grupo a un tribunal militar.
El juicio por lavado de dinero y "financiamiento de actividades de un grupo prohibido", comenzó a fines del mes pasado.
El 8 de mayo, un tribunal administrativo de El Cairo falló que el sometimiento de civiles a la justicia militar viola tanto la Constitución egipcia como el derecho internacional. El juez militar dispuso entonces, sin que se cumpliera, la inmediata liberación de los 40 acusados.
Pero seis días después, la Corte Suprema Administrativa emitió un nuevo veredicto que se impuso sobre el anterior, y por el cual el juicio militar se reanudará el 3 de junio.
"El hecho de que no se hubiera liberado a los acusados ilustra el estilo dictatorial del régimen y la falta de respeto por la Constitución y la ley", dijo Al-Husseini, de la Hermandad Musulmana.
Según Al-Banna, la Constitución establece claramente que las cortes marciales solo deben sesionar en casos que involucren a militares o delitos de ese carácter.
"En 1995 se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el juicio a civiles en tribunales militares, y jamás se emitió un fallo. Pero la práctica está prohibida según la mayoría de los sistemas legales en todo el mundo", explicó.
La enmienda del artículo 179 de la Constitución, aprobada este año, da al presidente amplias potestades para disponer arrestos, incluida la de remitir sospechosos de "terrorismo" a tribunales militares.
Pero Al-Banna recordó que los acusados habían sido enviados al tribunal un mes antes de aprobadas las enmiendas, en un referéndum celebrado en marzo.
"El artículo 179 no se aplica aquí porque los demandados fueron remitidos al tribunal militar antes que la enmienda. Además, el artículo se refiere a delitos aún no establecidos en la ley antiterrorista. Es decir que en el futuro el arresto podría aplicarse a cualquiera", dijo.
La última ofensiva contra la Hermandad Musulmana comenzó a mediados de diciembre, cuando una manifestación realizada por estudiantes afiliados al movimiento fue exhibida por los medios de comunicación oficialistas como el advenimiento de una "milicia islámica".
Desde entonces, más de 300 miembros de la organización fueron arrestados por varios cargos.
