El gobierno de Estados Unidos y la Universidad de Boston soportan protestas y demandas por construir un laboratorio que investigará potenciales armas biológicas en un barrio de esa ciudad poblado por comunidades negras y «latinas».
Aprobado por el gobierno en febrero de 2006, el Laboratorio Nacional sobre Enfermedades Infecciosas Emergentes es más conocido por BSL-4, siglas en inglés de bioseguridad de nivel 4, la de mayor riesgo por el tipo de material que maneja. Las obras comenzaron en marzo de ese año y deberían finalizar en 2008.
«Se nos vende la idea del laboratorio en nuestro vecindario porque éste proveerá trabajo a las familias. El trabajo en realidad no es para nosotros sino para los investigadores de alto nivel que se movilizarán hasta aquí», afirma la trabajadora social de origen puertorriqueño Carmen Nazario, residente de Villa Victoria, la comunidad de inmigrantes latinoamericanos donde se erige el proyecto, en la zona del South End.
En poco más de un kilómetro a la redonda residen unas 50.000 personas. La ciudad, situada en el noreste de Estados Unidos, tiene más de 600.000 habitantes.
Nazario es una de los litigantes contra el gobierno federal y la Universidad, acusados de violar la ley nacional de política ambiental por «no haber examinado todos los posibles riesgos y efectos para la salud de las comunidades» que podría entrañar el laboratorio.
La demanda original se introdujo en mayo de 2005. A raíz de ella, la justicia pidió nuevos estudios de impacto ambiental y sanitario, que debieron entregarse el mes pasado para someterlos a consideración pública, pero están demorados.
El proceso será acogido en última instancia por la Corte Suprema de Justicia del estado de Massachussets, del que Boston es capital, a cargo de fallar si debe completarse o no la construcción.
Para la Universidad de Boston, que obtuvo 128 millones de dólares de los Institutos Nacionales de Salud en 2003 y debe aportar otros 50 millones a fin de completar la construcción, es imperativo el inicio de una investigación médica sobre agentes patógenos y la respuesta humana inmune a ellos.
«La financiación se basó en la convicción de que Estados Unidos necesitaba más BSL-4 para afrontar la guerra global contra el terrorismo», dijo en una conferencia el 5 de este mes el profesor de salud y derecho de la Universidad de Boston, George Annas, una de las voces que desde dentro de esa casa de estudios se oponen al proyecto.
«La construcción de más laboratorios dedicados al bioterrorismo exagera su necesidad y genera tanto o más peligro para la comunidad», puntualizó Annas, autor del libro «American Bioethics: Crossing Human Rights and Health Law Boundaries» (Bioética estadounidense: Cruzando las fronteras de los derechos humanos y la ley sanitaria).
Según normas nacionales e internacionales, el nivel cuatro de bioseguridad es para confinar cinco tipos de agentes biológicos: los causantes de fiebre hemorrágica, de encefalitis por picadura de garrapata, el virus hendra, el hantavirus y ciertos herpesvirus, y para realizar actividades como producción o concentración, afirma el director del laboratorio de Microbiología de la Rutgers University, Richard Ebright.
«Fuera del contexto de una guerra biológica, la mayoría de esos agentes no constituyen riesgos para la salud pública» de este país, agregó en una entrevista.
Según la página web del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, el BSL-4 se dedicará al desarrollo de vacunas, medicinas y pruebas diagnósticas para proteger a la población.
«La investigación para encontrar vacunas y curas para el surgimiento y resurgimiento de enfermedades infecciosas es importante para la salud pública», dijo en respuesta a un cuestionario por correo electrónico la portavoz de la Universidad de Boston, Ellen Berlin.
Pero estas afirmaciones no reducen la desconfianza de líderes como Nazario. «Si el gobierno está tan preocupado por nuestra salud y quiere invertir en ello, no es necesaria una estructura tan grande y compleja», dijo.
Los laboratorios de nivel 3 y 4 de bioseguridad son los de mayor confinamiento. Suponen características especiales de diseño, como ventanas selladas y sistemas de ventilación ajustados, para evitar la transmisión por vía aérea.
Ya existen cuatro BSL-4 en este país y se espera que a final de la década entren en operación otros cinco, incluyendo el de Boston, como parte de la estrategia del Departamento (ministerio) de Seguridad Interna para mejorar las defensas contra el terrorismo biológico.
El presupuesto para estos fines incluye 4.500 millones de dólares para 2008. Según el no gubernamental Consejo para una Genética Responsable, con sede en la cercana ciudad de Cambridge, desde 2000 hasta 2005 los recursos anuales para este tipo de defensa aumentaron más de seis veces.
La interacción de acciones de salud y de defensa preocupa a un vasto sector de la comunidad científica y a algunos políticos locales que no ven en ella un esfuerzo fundamental en la búsqueda de curas a enfermedades infecciosas o ambientales graves.
«El problema con laboratorios como éstos es que se concentran en agentes que con poca probabilidad aflijan a la gente (por ejemplo el ántrax) y usan recursos escasos que podrían destinarse a verdaderas amenazas de enfermedades que emergen constantemente», dijo entrevistado para este artículo el profesor de salud ambiental David Ozonoff, de la Universidad de Boston.
Karen Slater, técnica del departamento de Anatomía y Neurobiología de la Universidad donde se estudia la relación entre los problemas del cerebro y la presión arterial, lamenta que «en vez de dirigir fondos a investigación básica como la nuestra, esos dineros van al Departamento de Seguridad Interna».
Por otro lado, la proliferación de BSL-4 puede tener otras repercusiones de seguridad.
«Al investigar una nueva generación de agentes patógenos, nos veremos envueltos en una carrera armamentista con nosotros mismos», arguyó Ebright.
Ya que ningún país tiene capacidad para desarrollar estos agentes, «potencialmente podríamos estar armando a nuestros adversarios», advirtió el científico.
La colaboración de la salud y la defensa «para conseguir curas imposibles» preocupa a Félix Arroyo, único latino en el Concejo Municipal de Boston en representación de habitantes de barrios como Villa Victoria.
Arroyo fue uno de los que marcharon el 6 de este mes para protestar contra el laboratorio, en el marco del encuentro Bio Justice 2007, celebrado entre el 4 y el 7 de mayo. Además, propuso al Concejo votar una ordenanza para prohibir la instalación de BSL-4 en el área de Boston, siguiendo el ejemplo de ciudades como Cambridge y Somerville.
«Es un acto de injusticia ambiental la instalación de ese laboratorio en medio de un área tan densamente poblada, teniendo Estados Unidos tanto territorio desierto», dijo.
* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida en conjunto por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales). Publicado originalmente el 12 de mayo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
