Las presiones, denuncias y medidas legales interpuestas por la sociedad civil son la causa por la cual la transnacional petrolera Chevron desistió de su plan de construir una planta gasífera cerca de las mexicanas Islas Coronado, afirman ambientalistas. La firma contaba desde 2005 con la autorización gubernamental para construir la planta, pero desistió en febrero, luego de que la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte decidió investigar exhaustivamente ese plan.
«Si no hubiera sido por la presión social, estaríamos viendo ahora los avances de un proyecto catastrófico para el medio ambiente» de esas islas de gran diversidad biológica, dijo a Tierramérica Pablo Uribe, del no gubernamental Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Varios grupos, entre ellos Greenpeace y el Cemda, encontraron en la autorización del gobierno irregularidades y pidieron la cancelación del plan a través de denuncias legales y protestas públicas.
