Desde el año 2000, el narcotráfico mató en México a 134 militares y a más de 20 periodistas. A los primeros que quedan se les ordenó arreciar la guerra, mientras los segundos optaron por la autocensura.
La violencia de los traficantes de drogas, que desde 2006 mata en promedio a un policía cada dos días, está desbocada a pesar de los masivos despliegues de uniformados dispuestos por el gobierno del conservador Felipe Calderón.
Algunos observadores sugieren que es momento de aplicar una norma constitucional que le permite al gobierno suspender las garantías individuales en algunas zonas del país para atacar con mayor eficacia al narcotráfico.
Este jueves, en un hecho más de la ola, fue encontrado el cuerpo un de hombre decapitado y con las manos y pies cercenados, cerca de una base militar en la norteña ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos. Las autoridades presumen que se trata de los restos de un policía secuestrado por narcotraficantes.
El hallazgo se suma a decenas de casos parecidos, la mayoría de personas que fueron previamente torturadas. A algunas incluso se les clavó en el pecho mensajes de advertencia dirigidos a bandas rivales o a autoridades.
Cifras no oficiales indican que en lo que va del año, 893 personas fueron asesinadas en hechos vinculados al narcotráfico, entre ellas cinco militares emboscados a última hora del martes y atacados con granadas por delincuentes en el estado occidental de Michoacán.
Varias encuestas indican que entre enero y marzo, la inseguridad pasó del segundo al primer lugar de preocupación de los consultados, por encima de los problemas económicos.
En las calles de la capital no se percibe un ambiente de mayor temor, pero la prensa da cuenta de que el nerviosismo cunde entre habitantes de Michoacán y de zonas del norte del país.
"Algo más tendrá que hacer el gobierno o quizá hasta deberá cambiar de estrategia contra los narcotraficantes, pues esto ya es un reguero de sangre intolerable", dijo a IPS el consultor y dueño de una empresa de seguridad, Estuardo Borja.
Algunos, como el general retirado y ex legislador del opositor Partido Revolucionario Institucional, Luis Garfias, reclaman al gobierno aplicar el artículo 29 de la Constitución, que permite la suspensión de garantías legales en casos de "perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto".
Según ese artículo, se pueden eliminar las garantías "que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación". Pero esa medida, que según supo IPS es valorada ya por Calderón, debe ser avalada por el Poder Legislativo.
Samuel González, quien fue en los años 90 jefe de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, de la Procuraduría (fiscalía) General de la República, también cree que la violencia en curso justificaría recurrir al artículo 29.
Pero José Luis Soberanes, titular de la estatal Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estimó que no debería llegarse a ese extremo. "Son medidas de las que nos podríamos arrepentir", argumentó.
Lo que debe hacerse es profundizar las labores de inteligencia, declaró.
Entre las víctimas de los narcotraficantes hay varios periodistas, un aspecto subrayado con motivo de la conmemoración este jueves del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Según la no gubernamental Red de Protección de Periodistas, desde 2000, 30 comunicadores han sido asesinados en México, la mayoría a manos de narcotraficantes.
Además, cinco periodistas permanecen desaparecidos, y en los últimos seis años, las instalaciones de siete medios de comunicación sufrieron atentados. La organización internacional Reporteros Sin Fronteras señaló el miércoles que los carteles mexicanos de la droga son los principales "predadores de la libertad de prensa" en este país.
Reporteros y medios de comunicación de la zona norteña, donde el narcotráfico opera con mayor intensidad, reconocen que miedo y amenazas han optado por autocensurarse cuando informan sobre el tráfico de drogas.
La mayoría de los crímenes contra periodistas permanecen impunes, igual que casi todos los cometidos por miembros del narcotráfico.
Calderón ha dicho que "mientras más violenta" sea la conducta de los narcos, "más enérgica" será la respuesta de su gobierno. Tras el asesinato de los cinco militares en Michoacán, la presencia de soldados aumentó en ese estado.
Desde que asumió en diciembre, el mandatario ordenó un despliegue masivo de militares y policías federales en varios estados. La estrategia derivo en múltiples detenciones, decomisos de armas y de dinero y destrucción de plantíos. Pero la violencia continúa.
La oposición de izquierda y organizaciones de derechos humanos denuncian que el gobierno está fallando y que falta mayor labor de inteligencia. Las autoridades responden que las investigaciones demorarán en dar frutos.
Un estudio de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados indica que 9.000 personas murieron asesinadas en casos vinculados al narcotráfico durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), del mismo Partido Acción Nacional que Calderón.
El gobierno y observadores atribuyen el aumento de la violencia a una guerra entre organizaciones criminales por el control de las rutas de acceso a Estados Unidos, el principal mercado de drogas del mundo.
Tal enfrentamiento tendría su origen en el arresto de los principales jefes de las mafias, logro que se reconoce a la administración de Fox.
Se rompió la coordinación y la hegemonía entre los narcotraficantes locales y eso origina mucha violencia entre ellos, pero también en contra de las autoridades, opina Luis Astorga, experto en el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México.
