En medio de protestas y las amenazas de opositores de trabar su puesta en vigor con demandas de inconstitucionalidad, el gobierno de Colombia se apresta a promulgar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2010, diseñado con gran sintonía privatizadora.
"Falta transparencia por parte del gobierno" derechista de Álvaro Uribe, advirtió ante IPS Alberto Maldonado, consultor de la Red de Iniciativas para la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo territorial (Rinde), conformada por universidades públicas y privadas y entidades de ayuda extranjeras.
Entre todos los temas incluidos en el PND, aprobado esta semana en el Congreso legislativo, el que mayor polémica generó fue el anuncio de "liquidar un patrimonio público como el Instituto de los Seguros Sociales (ISS), sin contar con la participación de los trabajadores", dijo el miembro Rinde, que incluye a la agencia oficial para el desarrollo internacional de Alemania y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
"Una medida que se adoptó a última hora, contradiciendo la decisión en el Senado y en la Cámara de Representes antes de la reunión plenaria, sobre no liquidar el ISS", complementó Alberto Bejarano, asesor del opositor e izquierdista Polo Democrático. "Este hecho generará todo tipo de demandas", enfatizó.
La queja de Bejarano se refiere a que dada la extensión del PND, diseñado y estudiado durante tres meses, el debate final se prolongó por cerca de 10 horas. La última decisión quedó a cargo de la Comisión de Conciliación con representantes de las dos cámaras, quienes incluyeron la privatización del ISS en un acto que popularmente se conoce como "mico".
El ISS fue creado en 1946 para atender en salud a los trabajadores, ampliando su cobertura a pensiones en 1967. Pero el gobierno de Uribe anunció en 2006 la fusión del servicio de salud con privadas Empresas Promotoras de Salud (EPS), asegurando en ese momento que mantendría igual el sistema de pensiones.
El PND, en su artículo 171, dice: "crease una empresa industrial y comercial del Estado (…) vinculada al Ministerio de la Protección Social, denominada Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media".
"Este es el primer paso hacia la privatización del régimen de pensiones", según Bejarano. Este aspecto en particular motiva manifestaciones callejeras de protesta.
"Complementa otras medidas adoptadas por el actual gobierno, como el aumento exagerado en los aportes mensuales, lo cual afecta la economía de los asalariados y dificulta cada vez más el acceso para los llamados trabajadores independientes, que cada vez son más, en especial de las nuevas generaciones", añadió.
Se espera ahora que la oficina jurídica de la Presidencia de la República se expida sobre la ley del PND, que dada la expresión de premura de Uribe, podría ser la próxima semana. Una vez que la ley se promulgue, su legalidad será estudiada por la Corte Constitucional en los siguientes 18 días hábiles.
"De forma paralela, se analiza la pertinencia de las demandas que presenten organizaciones, sindicatos o ciudadanos del común", explicó a IPS Juan Fernández, asesor en el Congreso legislativo.
El PND es la proyección de inversión total para un cuatrienio presidencial, elaborado por el estatal Departamento Nacional de Planeación y su ejecución debe ser ratificado por el Ministerio de Hacienda en sus presupuestos anuales.
El presupuesto nacional colombiano en 2007 es de 48.330 millones de dólares, 54,3 por ciento para gastos de funcionamiento, 39,5 por ciento en gastos de deuda externa y 16,3 por ciento para inversión, según datos del Ministerio de Hacienda.
El ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, indicó que "las expectativas y las necesidades de las regiones siempre son mayores a las posibilidades", pero agregó, "el gobierno tendrá que reorientar recursos y estrategias".
La afirmación del ministro ha servido de argumento de opositores y quienes no creen en la posibilidad de lograr recursos suficientes.
"Muchas solicitudes incluidas en el PND no podrán ejecutarse por falta de recursos", sostuvo Gustavo Morales, miembro del Consejo Nacional de Planeación, instancia consultiva con participación de actores de la sociedad civil.
Pero el gobierno mantiene su optimismo. Carolina Rentería, directora del Departamento Nacional de Planeación señaló que "el texto aprobado nos otorga lineamientos para alcanzar objetivos ambiciosos, como la cobertura plena en salud y educación y atacar la pobreza extrema, otorgando recursos para financiar infraestructura y garantizando la continuidad del programa de seguridad democrática".
Idea que ratifica el primer artículo del documento, referido a "consolidar y continuar las directrices del plan 2002-2006, titulado Hacia un Estado Comunitario, dando prioridad al crecimiento económico y ampliando la noción de desarrollo".
Empero, el senador Alexander López, del Polo Democrático Alternativo, opinó que esa "continuidad representa mantener una política equivocada, que profundiza de manera dramática un modelo que no soluciona los problemas endémicos del país sino que los deteriora".
"El presupuesto para los programas de seguridad y defensa se triplicaron respecto del plan 2002-2006. De tres billones de pesos colombianos ascendió a nueve billones de pesos (unos 4.800 millones de dólares) aseguró a IPS Bejarano. "Sin contar con las ayudas militares de Estados Unidos", continuó.
A las anteriores se suman cuestionamientos por el desmonte de los subsidios para el gas domiciliario, la inestabilidad financiera de las universidades públicas, la adopción de herramientas que favorecen la privatización de los servicios públicos domiciliario en general y la energía en particular.
También generó críticas las facultades extraordinarias que el PND otorga al gobierno para reformar plantillas de personal en organismos estatales como la Fiscalía, la Procuraduría y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Senadores como Cecilia López y Héctor Elí Rojas, del tradicional Partido Liberal, actualmente en oposición al gobierno, puntualizaron que el Plan de Desarrollo aprobado en el Congreso es una "colcha de retazos".
Por su parte Armando Montenegro, director de Planeación Nacional durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) afirmó estar "aterrado" con el contenido del plan, "que no parece un proyecto de acciones estratégicas, sino una lista de mercado o un árbol de Navidad, al que se le cuelga cualquier cosa".
También Rinde sostuvo en comunicado público que "el PND no incluye claramente una dimensión territorial y relega a un segundo plano los temas de la descentralización y el desarrollo regional, incumpliendo mandatos constitucionales y legales".
"Presentamos una lista de 10 sugerencias para tener en cuenta en el texto definitivo y esperamos que el debate, que apenas se inicia, y las decisiones que adopte la Corte Constitucional, favorezcan nuestra iniciativa", agregó.
