En San Onofre, municipio del noroccidental departamento colombiano de Sucre donde según el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado los paramilitares asesinaron a tres mil personas, la gente dice en voz baja: «Él sí nos va a sacar de esto». «Él» es el opositor Gustavo Petro.
Petro pone nervioso al gobierno cuando anuncia sus debates parlamentarios, plenos de documentos y grabaciones, según los cuales los poderosos paramilitares, muchos de ellos jefes del narcotráfico, son apenas mandaderos de políticos locales, hacendados y empresarios, como confirma la confesión del ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso.
El senador recibió el 10 de mayo la noticia de que el Instituto de Estudios Políticos, con sede en Washington, le concedió el Premio en Derechos Humanos Letelier-Moffitt 2007.
El galardón, que recibirá en octubre, se entrega anualmente desde 1978 en memoria del ex canciller chileno Orlando Letelier, asesinado en Washington en septiembre de 1976, junto con su asistente Ronni Moffitt, por agentes de la dictadura de su país.
[related_articles]
Petro fue guerrillero del nacionalista Movimiento 19 de Abril (M-19), que introdujo en Colombia el secuestro para financiarse, tomó por asalto el Palacio de Justicia y pactó la paz en 1990. Hoy, él cree que sólo la democracia puede mejorar las cosas para este país que lleva casi medio siglo en guerra.
En las elecciones parlamentarias de 2006 fue el más votado del PDA, coalición que en las presidenciales del mismo año logró superar en votos al hoy maltrecho Partido Liberal y situarse, con 22 por ciento de sufragios, como segunda fuerza política de este país andino.
Nació en 1960. Es economista. Su madre, de 70 años, y sus dos hermanos, que dirigen una escuela para niños pobres en las afueras de Bogotá, están amenazados de muerte por cuenta de un debate que Petro condujo el 17 de abril en el Senado sobre el paramilitarismo en Antioquia en los tiempos en que Uribe fue gobernador de ese departamento del noroccidente (1995-1997).
"Siempre, en los escritos y las voces que llamaban por teléfono, les decían que los matarían si yo hacía el debate. Era un intento para impedirlo", dijo Petro a IPS.
Una fiscal ordenó allanar su oficina en el Senado antes del debate, pero, por razones que Petro desconoce, la policía intentó cumplir la orden sólo después, y en todo caso, el parlamentario logró evitar el cateo. "Aquí tenía toda la información. Si hubiera ocurrido, hubiera podido ser un sabotaje legal", explicó. Luego, efectivos de inteligencia militar fueron descubiertos espiando el sitio donde vive su familia.
Desde la pasada legislatura, cuando fue parlamentario de la cámara baja, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado colombiano a tomar fuertes medidas y escolta especializada para protegerlo.
En cambio, su familia renunció este mes a la escolta que le ofrece el gobierno: un policía en la puerta de la casa, otro en la escuela y otro que se desplaza con los maestros en transporte público, por una carretera rural.
Dice que ha podido detener dos intentos de asesinarlo, que atribuye a paramilitares, uno en 2002 y otro en 2004. Las autoridades informaron que ya hay un grupo de 10 sicarios pagados para atentar contra él.
IPS: —¿Quién quiere atentar contra usted?
Gustavo Petro: —Indudablemente, en un principio fueron los paramilitares. Pero últimamente, y en la medida en que cada vez se vinculan en los procesos judiciales más dirigentes políticos y funcionarios públicos al paramilitarismo, y más van a la cárcel, creo que las amenazas vienen del Estado. Del gobierno. De hecho, el plan descubierto para enero vincula a un coronel retirado. No es una persona cercana a los paramilitares, sino cercana al gobierno.
—¿Confía en sus escoltas puestos por el Estado?
—Pues no hay otra forma.
Petro pasó una semana en Estados Unidos y se entrevistó con congresistas del opositor Partido Demócrata, lo que sacó de casillas a Bogotá. Les expuso sus argumentos contra el Tratado de Libre Comercio (TLC), que ahora fue enfriado hasta nueva orden en el Poder Legislativo estadounidense, y propuso modificaciones al Plan Colombia antidrogas y contrainsurgente, cuya extensión fue recomendada por el gobierno de George W. Bush.
Sobre el TLC firmado, Petro advirtió a los legisladores que su diseño cambia de tal manera la estructura productiva del campo colombiano, que termina beneficiando a los narcotraficantes, "que se han apoderado de la mayor parte de la tierra fértil, pues es su principal sistema de lavado de activos".
"Viene un recambio por cultivos de tardío rendimiento, cosechas que se generan al cabo de ocho, 10, 20 años de sembrado el producto, como la palma africana o los bosques", afirma.
"Eso implica, necesariamente, dos condiciones. Primero, grandes extensiones de tierra. No se puede hacer un bosque de una hectárea. Y segundo, una liquidez suficiente para esperar hasta que empiece la producción. Eso sólo lo cumple en Colombia un sector del campo. El que tiene liquidez y grandes extensiones de tierra no son sino los narcotraficantes", dice.
En esa misma gira se adelantó al fiscal general y al procurador general, que solicitaron apoyo internacional a la justicia colombiana ante el tsunami de confesiones de paramilitares que la fiscalía debe verificar. Con el personal actual, harían falta 300 años para identificar plenamente los restos de los entre 800 y 900 desaparecidos que han brotado de fosas comunes, según medios de prensa.
Las confesiones son parte de procesos abiertos a partir de una polémica desmovilización parcial negociada entre el gobierno de Uribe y los paramilitares.
"He pedido en los Estados Unidos que varíen el Plan Colombia por un plan hacia la verdad", anota.
En lugar de seguir usando "el dinero de los contribuyentes estadounidenses" en fumigaciones aéreas con herbicida glifosato en regiones de cocales, "sobre lo cual los narcotraficantes se burlan", se debe apuntar a "separar las relaciones narcotráfico-Estado".
"Para ello hay que fortalecer la justicia, en las secciones que tienen que ver con este tema, y fortalecer el movimiento de víctimas, es decir, dotarlo. En lugar de tener batallones de soldados financiados por el Plan Colombia, deberíamos tener batallones de abogados defensores de víctimas", afirma.
Así se apuntala "ese proceso que en Colombia llamamos 'de la verdad', que no es sino descubrir las relaciones entre el narcotráfico genocida y el Estado. De lograrlo, lo debilitaríamos. Es un camino mucho más eficaz como política antinarcóticos. El Plan Colombia no ha sido eficaz si se mira desde la perspectiva antinarcóticos, que fue como se construyó".
—¿Qué le propuso al secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza?
—Una misión de observación electoral para Colombia. Los paramilitares han logrado un tipo de genocidio en territorios concretos del país donde se han apoderado del poder político. Y eso se hace a través de las elecciones. Usurpando al elector, comprándolo mediante uno y cien procedimientos, todos fraudulentos, muchos incluso a sangre y fuego, de tal manera que los elegidos son hombres de los paramilitares. Una veeduría internacional en esos sitios, desde dos meses antes de elecciones y durante todo ese tiempo, podría prevenir el riesgo para las elecciones de octubre, que son precisamente locales, las que para ellos son imprescindibles. En Colombia, el gobierno me gritó "¡apátrida!", por haber hecho esa propuesta. Pero me parece indispensable si queremos un proceso de separación del poder político y del poder público, del narcotráfico.
