Sudán anunció que no entregará a un ministro y a un líder paramilitar acusados de atrocidades en Darfur a la Corte Penal Internacional contra crímenes de guerra y actos de genocidio, pues, según alegó, aún no ratificó el tratado que creó el tribunal.
"La CPI entiende que existe suficiente evidencia (…) para creer que los dos individuos son responsables de asesinato, violación, tortura, desplazamiento forzado de pueblos enteros y otros crímenes contra la humanidad", dijo Marie Okabe, vocera del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon.
La orden de arresto, que describe 51 acusaciones, encarga a Jartum la detención del ex ministro del Interior y actual ministro de Asuntos Humanitarios, Ahmad Muhammad Harun, y al líder de las milicias árabes Janjaweed, Alí Muhammad Al Abd-Al-Rahman, también conocido como Alí Kushayb.
"El gobierno de Sudán tiene la obligación legal de arrestar a Ahmad Harun y a Alí Kushayb", dijo el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo. "Es una decisión de la CPI y el gobierno debe acatarla."
[related_articles]
Pero el régimen islámico que encabeza Omar Hassan al-Bashir replicó este jueves que, al igual que Estados Unidos, Sudán no es parte del Estatuto de Roma, tratado constitutivo del tribunal aprobado en 2002, y, por lo tanto, no está obligado por sus decisiones.
Sudán firmó el Estatuto, pero no lo ratificó aún.
Jartum advirtió este mismo miércoles que no halló evidencia que respalde las acusaciones de la CPI y que, por lo tanto, no entregaría a los sospechosos.
El ministro de Justicia sudanés Mohamed Alí Al-Mardi aseguró que una investigación deslindó al ministro Harun de cualquier operación militar en Darfur.
Pero Okabe consideró que el caso "no sólo revela el vínculo entre un ministro del gobierno sudanés y un líder de las milicias", sino también "el sistema operativo subyacente que permitió la comisión de crímenes masivos contra civiles inocentes en Darfur".
Los problemas de Darfur, reino independiente del tamaño de Francia anexado por Sudán en 1917, comenzaron en los años 70 como una disputa por las tierras de pastoreo entre nómadas árabes y agricultores indígenas negros. Ambas comunidades étnicas comparten la fe islámica.
Pero la tensión se transformó en una guerra civil en febrero de 2003, cuando guerrilleros negros respondieron con violencia al hostigamiento de las milicias árabes Janjaweed (hombres a caballo), lideradas por Alí Kushayb.
Los Janjaweed son acusados de llevar adelante una campaña de limpieza étnica contra tres tribus negras que respaldan a los dos grupos guerrilleros. Se presume que las milicias árabes tienen apoyo de Jartum, o que éste hace la vista gorda ante sus crímenes.
Organizaciones humanitarias calculan que entre 200.000 y 450.000 personas murieron como consecuencia directa de la violencia y que más de 3,5 millones pasan grandes penurias para sobrevivir, entre ellos hasta 2,5 millones que se vieron obligados a abandonar sus hogares.
Siguiendo el ejemplo del Congreso legislativo estadounidense, el gobierno de George W. Bush acusó a Jartum en 2004 de "genocidio", acusación que el mandatario repitió en varios pasajes de su discurso este miércoles.
Las fuerzas armadas sudanesas y las milicias Janjaweed, actuando en conjunto en su supuesta campaña antiinsurgente, atacaron en varias oportunidades los poblados de Kodoom, Bindisi, Mukjar y Arawala y sus alrededores en 2003 y 2004.
Según la acusación de Moreno Ocampo, se cometieron actos criminales contra civiles de esas localidades pertenecientes a las comunidades étnicas fur, zaghawa y masalit.
Ahmad Harun fue ministro del Interior entre 2003 y 2005, y en ese carácter estuvo a cargo de la "oficina de seguridad en Darfur", que coordinaba los diferentes organismos oficiales a cargo de la contrainsurgencia, incluida la policía, las fuerzas armadas y la inteligencia.
También dominaba los paramilitares Janjaweed.
Por su parte, Alí Kushayb es considerado "mediador" entre esas milicias y el gobierno.
"En sus discursos públicos, Ahmad Harun no sólo dejaba en evidencia que los Janjaweed atacaban a civiles y saqueaban poblados, sino que también alentaba personalmente la comisión de esos actos ilegales", reza la orden de arresto de la CPI.
La CPI también concluyó que existen bases razonables para creer que Alí Kushayb enroló combatientes, obtuvo armas, financiamiento y suministros para los Janjaweed bajo su comando, y que participó personalmente en algunos ataques contra civiles.
El Consejo de Seguridad de la ONU derivó el caso de Darfur a la CPI en marzo de 2005, a través de su resolución 1.593, en el entendido de que "la situación en Sudán constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales".
"El Consejo ordenó a Sudán a cooperar con la CPI, y las autoridades sudanesas deben dejar de eludir esa responsabilidad", dijo Richard Dicker, director del Programa de Justicia Internacional de la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
Alí Kushayb está hoy detenido en Darfur a la espera de juicio, pero la organización de derechos humanos Amnistía Internacional considera que el gobierno sudanés no está dispuesto a acusarlo efectivamente.
"El Consejo de Seguridad de la ONU debe exigir a Sudán, y a cualquier estado en cuyo territorio puedan hallarse los sospechosos, su arresto y entrega inmediata", dijo el director del Programa África de Amnistía, Erwin van der Borght.
El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó la presencia de 22.500 soldados de paz en Darfur a través de la resolución 1.706, aprobada en abril de 2004. Pero Jartum se negó a permitir ese despliegue.
Finalmente, a raíz de las gestiones de Ban, el presidente Al-Bashir accedió a la presencia de 3.000 soldados. El largo y difícil proceso de despliegue ya comenzó.
