Por primera vez en sus cuatro años de presidencia de Argentina, Néstor Kirchner debió despedir a dos funcionarios por aparecer involucrados en un caso de corrupción. Pero la oposición señala que la justicia está en vías de develar un sistema generalizado de sobornos.
"Saltaron los primeros, pero esto no termina acá, la pesquisa apunta más arriba, hacia otros funcionarios y otras empresas", dijo a IPS el diputado opositor Adrián Pérez, autor de la denuncia que originó la investigación penal del llamado "caso Skanska", por el nombre de la empresa sueca en la mira de la justicia.
El escándalo tomo el nombre de Skanska, pero es más vasto. La firma había sido contratada en 2004 por la también privada Transportadora de Gas del Norte (TGN) para construir la planta compresora Deán Funes, en la central provincia de Córdoba, y ampliar así la capacidad del Gasoducto del Norte.
Sin esperar a ver las pruebas en su contra, Kirchner decretó que, "a riesgo de involucrar inocentes", se dispone el "cese inmediato" del presidente del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Fulvio Madaro, y del director del Fideicomiso Nación, Néstor Ulloa, a fin de no obstaculizar la acción judicial. Los acusados no hicieron declaraciones.
"Esto no es un asunto entre privados, como pretendía el gobierno. La investigación debe seguir profundizándose para develar la matriz de corrupción, porque no es sólo Skanska. Otras empresas que participaban de la construcción de gasoductos también cotizaban sobreprecios que se justifican cuando hay sobornos", acusó.
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Otras dos plantas para el mismo gasoducto del noroeste del país fueron adjudicadas a las firmas argentinas BTU y Contrera Hermanos, y en todos los casos se registraron sobreprecios, según Pérez, del centrista partido Afirmación para una República de Iguales.
"Skanska ofertó un valor 150 por ciento más alto, BTU 84 por ciento y Contreras 90 por ciento", precisó.
Asimismo, la operación que está bajo la lupa judicial alcanza también a la ampliación del Gasoducto del Sur, en la Patagonia. El proyecto fue adjudicado a la empresa brasileña Oderbrecht, que, a su vez, contrató a Skanska, a Contreras Hermanos y a la también empresa privada nacional Techint para la construcción.
Todas las obras fueron organizadas por la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Planificación Federal. El Enargas, también bajo la órbita de esa cartera, debía fiscalizar el proceso y la financiación corría por cuenta de un fideicomiso administrado por el estatal Banco Nación.
Precisamente, la justicia federal convocó el miércoles a declaración indagatoria a Madaro y a Ulloa. La medida fue adoptada a pedido del de la fiscalía por sospechas de cohecho, defraudación a la administración pública y otros delitos.
El Enargas había sido señalado como el organismo que aceleró la contratación a pesar de las advertencias hechas por el consorcio TGN sobre el cobro de precios más altos que los cotizados para el sector.
En tanto Ulloa fue indicado como responsable de inducir a la firma sueca a contratar a una intermediaria que aportó las facturas para justificar los pagos ilegales. En diálogo con IPS, el diputado Federico Pinedo, de la alianza derechista Pro-Recrear, sostuvo que el caso Skanska prueba que existe en el gobierno centroizquierdista de Kirchner "un sistema generalizado de corrupción con la obra pública", que apela a mecanismos de financiamiento como son los fideicomisos, de utilización discrecional y sin control.
Los fideicomisos son fondos a los que aportan las empresas privadas de un sector bajo la administración del Estado, para construir obras de infraestructura.
Esos aportes que las firmas adelantan y el Estado supervisa, son reintegrados luego a través de aumentos de las tarifas de los servicios públicos.
"Los sobreprecios se aplicarían a todos el sistema de gasoductos", añadió Pinedo, quien adelantó que su bloque pedirá en el Congreso legislativo el juicio político del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido. "Si ignoraba lo que ocurría bajo su órbita no puede seguir en el cargo, y si lo sabía tampoco", resaltó.
Como pruebas para el llamado a indagatoria de los funcionarios, el juez federal Guillermo Montenegro tiene informes de auditoria realizados en Skanska y una grabación en la que un ex gerente admite ante el auditor que para Enargas se dispuso de tres por ciento del negocio y para Fideicomisos Nación dos por ciento.
El jefe de Gabinete ministerial, Alberto Fernández, fue el encargado de comunicar la decisión a última hora del miércoles. Se trata de la primera vez que el gobierno de Kirchner, que hizo de la honestidad uno de los ejes de su gestión, debe expulsar a funcionarios investigados por la justicia en un asunto de corrupción.
"El caso Skanska es de una enorme trascendencia y queremos que se sepa la verdad, si hay funcionarios implicados debemos actuar en consecuencia", afirmó este jueves Fernández. "Sería una ingenuidad creer que en un Estado con tantos funcionarios esto no pueda pasar", añadió. "Nadie está exento de este tipo de cosas", apuntó.
De todos modos, el principal funcionario de Kirchner rechazó la posibilidad de que estos actos investigados por la justicia lleguen a mayores instancias del gobierno.
Al ser consultado sobre si cree que el ministro De Vido podía ignorar lo que ocurría en su cartera, dijo creer que sí, pero ante el supuesto de que el propio ministro estuviera involucrado advirtió que "se irá también".
"Nosotros hasta acá no tenemos ningún dato", pero si se prueba que el ministro es responsable de las maniobras "se irá el que sea", remarcó.
