Un puñado de radiodifusoras y televisoras que dominan el espectro radioeléctrico de México sacan jugo a la democracia, en virtud del millonario traspaso de dinero de los contribuyentes operado por los partidos en campañas electorales.
Según la auditoría practicada por el Instituto Federal Electoral (IFE) a los comicios presidenciales del 2 julio de 2006, 80 por ciento de los más de 324 millones de dólares que los partidos políticos gastaron en esa contienda fue a los bolsitos de los medios electrónicos de comunicación, en parte a través de acuerdos salpicados de irregularidades.
De las 757.545 cuñas de propaganda electoral que los medios electrónicos, en especial las dominantes cadenas Televisa y TV Azteca, transmitieron el año pasado, más de 280.000, 37 por ciento del total, no fueron informadas al IFE y nadie sabe por ahora quién las pagó ni cómo.
Por ello, los nueve consejeros del IFE impusieron este martes multas por casi nueve millones de dólares a los partidos políticos.
Se trata de una suma pequeña frente a los montos gastados en propaganda electoral y que además no invalida el resultado de los comicios que ganó el presidente Felipe Calderón, del conservador Partido Acción Nacional (PAN) por menos de un punto porcentual respecto del izquierdista Andrés López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en medio de denuncias de fraude.
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En marzo de 2006, mientras las campañas electorales avanzaban, los legisladores de todos los partidos aprobaron la Ley Federal de Radio y Televisión. Varios de ellos reconocen que lo hicieron bajo presión de las dos cadenas de televisión dominantes, que amenazaron con limitar la difusión de propaganda.
La norma sobre medios de comunicación, cuya constitucionalidad discute desde el lunes la Suprema Corte de Justicia, permite a las firmas que ya manejan estaciones de radio y televisión ofrecer canales digitales adicionales e incursionar en servicios de telecomunicaciones sin pasar por una licitación y sin pagar derechos adicionales al Estado.
Además, deja a criterio del gobierno el otorgamiento de nuevas concesiones del espectro radioeléctrico y estipula que entre los oferentes gane el que ofrezca un pago mayor.
Siete de cada 10 televidentes mexicanos ven canales de Televisa, mientras dos ven a los del emporio TV Azteca. En radiodifusión, la oferta se concentra en unos 13 grupos empresariales.
Para descubrir las irregularidades de la propaganda electoral que transmitieron esos medios, el IFE revisó más de dos millones de horas de cuñas y las comparó con lo reportado por los partidos políticos, justificado con facturas y contratos. Las multas a cada colectividad correspondieron a la proporción de avisos no documentados.
Los más castigados, con una multa de 4,7 millones de dólares, fueron los miembros de la Alianza por México: el histórico Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista.
La Coalición Por el Bien de Todos, con el PRD y los pequeños partidos del Trabajo y Convergencia, fueron multados con 2,3 millones de dólares, mientras la sanción al PAN ascendió a 1,5 millones. El resto de multas se repartieron entre los minúsculos Nueva Alianza y Alternativa.
El IFE, un ente estatal pero autónomo, indicó que continuará con su pesquisa para descubrir si la propaganda no justificada se pagó o no y cómo, lo que podría derivar en nuevos castigos, que se cubrirán a través de recortes al financiamiento público que reciben los partidos.
Aunque la auditoría del IFE muestra "una larga lista de excesos e irregularidades pagadas con el dinero de los contribuyentes" es lamentable que sólo haya sanciones pequeñas y tardías, dijo a IPS la politóloga Denise Dresser, profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
De hecho, las medidas se toman 10 meses después de los comicios y cuando ya hay un presidente en funciones.
Así, el castigo no funciona como disuasivo, pues no invalida los resultados ni evita las presiones de los medios de comunicación ni los arreglos que puedan hacer los políticos y sus operadores con esas empresas, dijo Dresser.
Como muchos otros observadores, esta analista opina que se requieren reformas legales urgentes para enfrentar "estas perversiones de la democracia".
El proceso electoral de 2006 costó al Estado cerca de 1.000 millones de dólares, de los cuales, 40 por ciento fue a los partidos en competencia y el resto sirvió para financiar la organización de los comicios y el funcionamiento de los órganos electorales.
Los partidos en la contienda, en la que además de presidente se eligieron 300 diputados y 128 senadores, utilizaron fondos del Estado y donaciones privadas para financiarse. Por ley, el monto de estas últimas no puede superar el aporte estatal y debe ser perfectamente comprobable.
Es posible que los gastos de los partidos hayan superado los topes de campaña, por la gran cantidad de cuñas de radio y televisión cuya contratación no ha podido justificarse.
Las leyes electorales "permiten ganancias extraordinarias a los medios de comunicación electrónicos e incentivan arreglos oscuros entre los políticos y esas empresas", dijo a IPS Horacio Medrano, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México.
A su entender, las presiones de las televisoras para aprobar la cuestionada ley de radio y televisión y la existencia de miles de cuñas no reportadas demuestran hasta qué punto la democracia mexicana está sometida a los intereses dominantes de los medios.
La politóloga María Amparo Casar, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, escribió en una columna para el diario Reforma que la auditoría practicada por el IFE expone la urgencia de "terminar con un sistema en el que los beneficiarios netos no son ni los ciudadanos ni los partidos ni el IFE, sino los medios".
"Los contribuyentes salen perjudicados porque en lugar de que sus impuestos se vayan a mejores servicios públicos se van a sostener uno de los sistemas electorales más caros del mundo. A los partidos no los beneficia porque los hace rehenes de los medios", sostuvo.
Ya lejos de la contienda electoral, los legisladores reconocen que hay un excesivo poder de los medios y prometen que, más allá de los que decida la Suprema Corte de Justicia sobre la polémica ley, concertarán reformas para democratizar los medios de comunicación.
Además, se estudia limitar la difusión de propaganda electoral en época de elecciones y dar al IFE la facultad de contratar directamente los espacios en los medios.
