Cuarenta por ciento de las 1.237 muertes vinculadas a la lucha por la tierra en Brasil entre 1985 y 2001 fueron en el norteño estado de Pará, una situación que podría cambiar si la condena al responsable del asesinato de Dorothy Stang no fuese apenas simbólica, opina el fraile francés Henri Burin des Roziers.
Para Roziers no deja de ser significativa la pena máxima de 30 años de prisión impuesta el martes en primera instancia al hacendado Vitalmiro Bastos de Moura, como uno de los autores intelectuales del asesinato de la monja estadounidense en febrero de 2005.
La sentencia de Moura "es muy importante, primero porque se trata de una pena máxima y segundo porque está preso", al contrario de lo ocurrido con otros casos similares en la región, dijo a IPS Roziers, quien figura, como Stang antes de ser asesinada, en una lista negra de condenados a morir en Pará.
Pero "es apresurado hacer análisis optimistas", advirtió el sacerdote que trabaja hace más de 15 años en la católica Comisión Pastoral de la Tierra de Xinguara, sur de Pará y como abogado ayuda a los campesinos a regularizar sus tierras y a combatir el trabajo esclavo.
"Debemos esperar para ver si el caso de la hermana Dorothy significa un verdadero cambio o si es tan sólo un caso excepcional, por la gran repercusión internacional que tuvo ya que era estadounidense", dijo Roziers refiriéndose a la religiosa que, tras 23 años viviendo en este país, se había nacionalizado brasileña.
Estimar que esta condena puede contribuir a la pacificación de Pará, donde la concentración de la tierra, el poder económico y la impunidad se entrecruzan como causas de muchas muertes de activistas campesinos, de derechos humanos y del ambiente, "es hacer un análisis precipitado", opinó.
"Hay otros hacendados fugitivos de la justicia, que han ordenado crímenes contra sindicalistas, y la policía del estado y la Policía Federal no los han capturado todavía. La sentencia puede ser disuasiva. Pero tendremos que esperar más, porque éste es el primer caso de alguien que ordena un asesinato y es condenado y preso, pero hay otro recurso en Brasilia y debemos ver qué sucede allí", agregó.
Stang fue muerta de seis tiros por la espalda en un solitario camino de Pará. Estaba amenazada de muerte desde que comenzó a ayudar y a movilizar a los agricultores de la región de Anapú en proyectos de desarrollo sostenible y contra la tala ilegal de madera, que practican grandes propietarios de esa región amazónica.
Rayfran das Neves Sales y Clodoaldo Carlos Batista culpables materiales, según la justicia, habían recibido en 2005 penas de 27 y 17 años de reclusión, respectivamente, mientras Amair Feijoli da Cunha, encargado de contratar a los sicarios, fue condenado a 27 años de prisión. Otro hacendado acusado de autoría intelectual, Regivaldo Pereira Galvão, espera la resolución de su proceso.
Después de su muerte, los asesinatos no sólo continuaron sino que aumentaron en la zona, pues en 2006 hubo 39 más que en 2005, según Roziers.
"La concentración de la tierra es un problema escandaloso. Hay mucha tierra en manos de pocos, y del otro lado trabajadores rurales con poca tierra o sin nada. Eso causa los conflictos", analizó el sacerdote, sin dejar de lado motivos adicionales como los intereses de las madereras.
Stang, que vivió 23 años en Anapú, comenzó a ayudar a los pobladores locales cuando los madereros empezaron a expulsarlos para llevar a cabo su negocio. Ese papel hizo de la monja de 73 años una de las principales enemigas de los sectores económicos poderosos, acostumbrados a resolver con sus propios métodos los problemas agrarios.
Este análisis es compartido por el dirigente del Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), João Pedro Stédile, organización que lucha por la reforma agraria e interviene en otro tipo de conflictos, como los derivados de la actuación de empresas transnacionales vinculadas al agronegocio.
En entrevista con IPS, Stédile aplaudió la condena de Moura, porque "en Brasil existe una tradición de impunidad de los mandantes y asesinos de trabajadores y luchadores de la reforma agraria".
"Esperemos que esto sirva de ejemplo para los demás hacendados truculentos y anime a otros jueces a acelerar los más de 700 de procesos de asesinatos en el campo que están impunes, inclusive el de la masacre de Carajás (en abril de 1996) y que acabó con la vida de 19 compañeros del MST", recordó Stédile.
Sin embargo, esto tampoco resuelve los problemas de tierra en la región, estimó.
Se contribuiría a ese objetivo si organismos públicos como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Reforma Agraria y la Policía Federal "actúan de forma conjunta para combatir la ocupación ilegal de tierras, el trabajo esclavo y la explotación de madera, y para regularizar los predios de ocupantes como los asentamientos de extractivistas", dijo.
Otro camino, según Stédile, sería prohibir la exportación de madera a Europa, ya que "los europeos tienen también su parte de responsabilidad".
El dirigente no cree que el fallo judicial sea un factor que contribuya a la pacificación, pues "por un lado tenemos a estos hacendados atrasados, a quienes poco importa la justicia y la prensa. Están acostumbrados a comprar todo. Por otro lado, tenemos a las empresas madereras que quieren lucro fácil", lamenta.
En su opinión, si bien una de las raíces históricas del conflicto es la falta de una verdadera reforma agraria que pusiera límite al tamaño de las propiedades, las causas actuales son la falta de un proyecto de desarrollo armónico basado en la ocupación racional de la tierra, y no orientado a las necesidades de la población local.
Según la Comisión Pastoral de la Tierra, 3,5 por ciento de los grandes propietarios concentran en Brasil casi 60 por ciento de las mejores tierras para el cultivo, mientras 40 por ciento de campesinos pobres detentan apenas uno por ciento de los predios.
Aton Fon, abogado de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos, considera que el veredicto es "muy bueno", pues no es habitual condenar a ideólogos de crímenes de este tipo "y menos aun ponerlos en la cárcel".
"Teóricamente la condena juega un papel en disminuir las violaciones a los derechos humanos y contribuir a la pacificación", dijo a IPS Fon, que actuó como abogado de la parte acusatoria.
"Pero para que sea significativo, tendría que haber un mayor volumen de casos de responsables sentenciados. Si en cinco años, por ejemplo, fueran condenados entre 80 y 90 por ciento de los autores intelectuales, comenzaríamos a tener repercusiones prácticas", un escenario aun optimista a corto y mediano plazo en Brasil, aseveró.
