En busca de una legitimidad perdida en los años 90, la actual Corte Suprema de Justicia de Argentina muestra signos de apertura y transparencia y se presenta como promotora del diálogo democrático, observan académicos y organizaciones de la sociedad civil.
"A diferencia de otras que la precedieron, esta Corte no impone su criterio ni convalida resoluciones del Poder Ejecutivo, sino que ayuda a que las decisiones se tomen en forma colectiva a través del diálogo democrático", según Roberto Gargarella, profesor de derecho constitucional de la estatal Universidad de Buenos Aires.
Estas y otras conclusiones surgieron en el seminario "Periodismo, Justicia y Derechos" convocado este martes por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en Buenos Aires para debatir sobre el papel histórico y actual del máximo tribunal en el sistema de los tres poderes del Estado.
La función catalizadora del diálogo fue destacada también por el abogado Gustavo Maurino, profesor en la Universidad de San Andrés y codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. "En América Latina, el único otro caso de una Corte abierta al diálogo es la de Colombia", subrayó.
El tribunal supremo argentino sufrió una profunda renovación en los últimos años. Tras su polémica ampliación de cinco a nueve miembros decidida durante la gestión de Carlos Menem (1989-1999) y la incorporación entonces de jueces cercanos al poder político de turno, fue perdiendo prestigio y credibilidad.
La renuncia de tres magistrados acosados por denuncias de corrupción, y el juicio político a otros dos dieron paso al recambio a partir de 2003. El presidente Néstor Kirchner limitó las facultades presidenciales para designar candidatos, y las postulaciones, sometidas al debate público, resultaron en nombramientos de juristas más idóneos y con mejores trayectorias que sus antecesores.
El presidente de ADC, Alejandro Carrió, consideró que la nueva conformación del tribunal muestra voluntad de "apertura y transparencia". Por decisión de los magistrados, se publican en Internet los fallos y la circulación de expedientes por los despachos, a fin de conocer si algún magistrado frena decisiones, ejemplificó.
Pero Carrió, profesor de derecho constitucional y autor del libro "La Corte Suprema y la independencia", sostuvo que el tribunal "debería ser un actor más protagónico en la lucha por el poder" y recomendó para ello "fortalecer la cultura ciudadana".
Eduardo Oteiza, abogado y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, remarcó que la Corte Suprema "nunca fue vista como un actor político" en este país, sino como un tribunal que aplica la ley. Ese fenómeno derivó en una "democracia delegativa" donde el poder se va concentrando en el Ejecutivo.
"Esta misma situación se da en todo el contexto latinoamericano donde la tradición de las Cortes no es de independencia sino de inestabilidad", subrayó el académico, autor de "La Corte Suprema. Entre la justicia sin política y la política sin justicia", quien auguró un cambio a partir de la nueva formación.
Oteiza dio la bienvenida a la apertura, la difusión de estadísticas, la prohibición expresa de reuniones entre abogados y jueces sin la presencia de las contrapartes y, sobre todo, la voluntad de convocar audiencias públicas o ámbitos de diálogo para resolver asuntos que llegan a la máxima instancia.
En la historia de este país, la tradición más fuerte fue la de jueces restringidos a hacer cumplir la ley, como en Francia, y no la de actores políticos dispuestos a participar en el debate de las cuestiones públicas, como ocurre en Estados Unidos, dijo Oteiza a IPS.
"Hoy, la sociedad está entendiendo que también son actores políticos relevantes y en eso contribuye la mayor jerarquía de los jueces que tienen un prestigio del que carecían los de la Corte de los 90", mencionó.
En opinión de Maurino, el nuevo contexto ofrece asimismo una oportunidad de profundizar el poder de los magistrados, con la incorporación de nuevos derechos a la Constitución, que desató una ola de reclamos sociales desde fines de la década pasada.
"Esto generó un foco de tensión entre el papel de la Corte y el resto de los actores del sistema político, pero también puso al tribunal ante la oportunidad de ejercer un mayor poder respecto del Ejecutivo y el Legislativo", destacó Maurino.
"La gente antes llevaba sus reclamos frente el Congreso (legislativo), ahora la Corte ofrece una caja de resonancia para llevar allí el debate sobre los problemas, las distintas posiciones, las posibles soluciones y la participación de organizaciones de la sociedad civil como demandantes", subrayó.
A su juicio, en la década de 1980, el máximo tribunal se veía a sí mismo como una Corte constitucional que fallaba con imparcialidad. En los 90 "acompañó" las decisiones del Ejecutivo mediante sentencias que "convalidaban" sus políticas. "La Corte de hoy no puede aspirar a ninguno de esos dos modelos", definió.
Tras la crisis de credibilidad de la justicia en la última década del siglo XX, "será tremendamente difícil consolidar su autoridad", vaticinó. Por eso la estrategia que persiguen los nuevos magistrados es la búsqueda de la legitimidad a través de la promoción del diálogo para mejorar las políticas públicas. "Los nuevos jueces no se presentan como un oráculo ni acompañan las decisiones del gobierno. Se presentan como una autoridad autónoma que trata de contribuir al diálogo institucional", dijo, y puso como ejemplo la convocatoria a audiencias públicas para abordar el problema de la contaminación en la cuenca de los ríos bonaerenses Matanza-Riachuelo. Cuando el caso llegó al supremo tribunal, los magistrados convocaron autoridades comunales, provinciales y nacionales, vecinos afectados, organizaciones sociales y empresas acusadas de contaminar para estudiar a fondo el problema y contribuir a una resolución.
Una decisión similar adoptó ante las denuncias sobre las malas condiciones de detención en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. El tribunal estableció una mesa de diálogo con funcionarios y organizaciones de derechos humanos que promovieron la demanda.
"La Corte quiere ser catalizadora del diálogo nacional y, en la medida en que tenga éxito, podrá ir forjándose una identidad y ganando legitimidad", pronosticó Maurino. Pero existe el riesgo de que no logre consolidar su autoridad si se limita a ese papel y no avanza en la resolución efectiva de los casos.
