El gobierno de coalición de Suriname espera reunir suficiente evidencia en los próximos meses para que la justicia condene a ex golpistas por uno de los hechos más traumáticos en la historia de este país sudamericano.
En diciembre pasado se cumplieron 25 años de la ejecución extrajudicial de 15 personas, entre ellas periodistas, académicos, clérigos y líderes sindicales, ordenada por la dictadura militar de Desiré Delano ("Desi") Bouterse.
Estas personas habían sido acusadas de conspirar con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos para desestabilizar el régimen.
Los llamados "asesinatos de diciembre", perpetrados en un antiguo fuerte colonial cercano a la residencia presidencial, en Paramaribo, dejaron una profunda marca en la sociedad surinamesa.
La masacre tuvo también un duro impacto en la Comunidad del Caribe y en el resto del hemisferio. Hasta entonces, Suriname era vista sólo como una ex colonia holandesa relativamente tranquila y estable en la costa caribeña de América del Sur.
En noviembre de 1975, el país se había independizado de Holanda y se había asegurado un sustancioso paquete internacional de asistencia al desarrollo por casi 3.000 millones de dólares durante 15 años.
El país sólo sufría algunas tensiones raciales entre negros y descendientes de inmigrantes indo-pakistaníes, mientras se dedicaba a explotar sus vastos recursos auríferos y madereros, entre otras riquezas naturales.
Pero en los meses previos a febrero de 1980, militares se enfrentaron con el gobierno exigiendo mejores salarios y condiciones laborales, así como la creación de un sindicato que los representara, y denunciando la corrupción en el poder.
El conflicto derivó en la llamada "revolución de los sargentos", que acabó con el gobierno del primer ministro Henck Arron. Se creó entonces el Consejo Militar Nacional, que convocó a dirigentes opositores a gobernar.
Instalaciones clave, como la principal estación de radio, fueron destruidas, y la nación quedó conmocionada. Muchos surinameses emigraron a Holanda.
En 1981, un nuevo golpe permitió el ascenso al poder de Bouterse, quien estableció relaciones con Cuba, pese a la resistencia de Estados Unidos, y comenzó a combatir a sindicatos, comerciantes y grupos de profesionales que se le oponían.
Pero el régimen terminó cediendo ante la creciente presión internacional y llamó a elecciones en 1988. Para entonces, la otrora economía próspera y ampliamente dominada por las exportaciones de bauxita prácticamente se había desmoronado.
En las últimas semanas, el gobierno del presidente Ronald Venetiaan, que prometió "traer justicia a las víctimas" de la dictadura, dio fuertes señales de que se propone llevar a juicio a Bouterse y a otros militares que considera responsables de la masacre.
Bouterse, líder de la oposición en el parlamento unicameral y presidente del Partido Democrático Nacional, el más grande en ese país de 460.000 habitantes, prepara una enérgica defensa.
No obstante, se disculpó públicamente por lo ocurrido en la dictadura, al participar el 11 de este mes en un encuentro en Paramaribo con jóvenes de su partido, como parte de las conmemoraciones del vigésimo séptimo aniversario del golpe.
"Me disculpo ante todos los familiares sobrevivientes", dijo, y a llamó a toda la sociedad a "buscar la verdad de aquel capítulo oscuro en la historia de Suriname". También insistió en que es incorrecta la forma en que se describe lo ocurrido en 1982, y prometió contar su versión de los hechos.
En su discurso, Bouterse pidió una amnistía para los golpistas, y en cambio exigió un tratamiento más severo para los ex guerrilleros que realizaron ataques desestabilizadores contra el gobierno en los años 80.
Uno de esos ex guerrilleros es el ahora parlamentario Ronnie Brunswijk, antiguo guardaespaldas Bouterse.
El partido de Brunswijk, apoyado por la comunidad cristiana maronita del este, cerca de la frontera con Guayana Francesa, obtuvo cuatro escaños en las elecciones generales de 2005.
Los funcionarios ignoraron los pedidos de amnistía de Bouterse. La Corte de Justicia analiza evidencias y declaraciones juradas de varios sospechosos, entre ellos el ex dictador, para determinar quién debería ser llevado a juicio. Se prevé que este año, una vez finalizada esa revisión, un tribunal militar juzgue a los 20 sospechosos investigados.
Bouterse, quien también fue condenado en ausencia en Holanda por tráfico de cocaína en 1999, siempre dijo que era "políticamente responsable" de lo ocurrido como comandante militar, pero negó haber dado órdenes de ejecutar a las 15 personas.
Además, ex miembros del gobierno militar siguen estando bajo presión por la masacre, en 1986, de otras 52 personas en la aldea de Moiwana, cerca de Guayana Francesa, cuando el ejército militar perseguía a rebeldes.
Hace dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, ordenó al actual gobierno indemnizar con más de tres millones de dólares a 130 sobrevivientes de esa campaña militar.
"El gobierno de Suriname se fijó como prioridad investigar en profundidad las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el última régimen militar ", destacó la Corte en su fallo.
