La Asamblea Legislativa de la capital de México despenalizó este martes el aborto tras varias semanas de agrio debate entre sectores reformistas y conservadores, que incluyó un arsenal de insultos, amenazas de excomunión y hasta sentencias de muerte.
Con la aprobación por mayoría, la capital se sumó a Cuba y Guyana como únicos lugares de América Latina donde el aborto no es un delito.
El proyecto aprobado dispone que en la capital mexicana la interrupción voluntaria del embarazo no será considerada delito siempre que se realice antes de las 12 semanas de embarazo. Para que entre en vigencia, la norma deberá ser sancionada por el alcalde de la ciudad, Marcelo Ebrard, quien adelantó que lo haría con rapidez.
El izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que domina la legislatura y la alcaldía capitalinas desde 1997, y organizaciones de mujeres y feministas consideraron la despenalización un triunfo de los derechos de la población femenina.
La Iglesia Católica y sectores conservadores, que realizaron marchas y jornadas de oración, creen que la norma es un atentado a la vida y a los seres más indefensos.
"La despenalización aprobada es una desgracia, pero no hemos perdido la batalla", dijo a IPS Jorge Serrano, director del grupo antiabortista Comité Pro Vida.
"No reconoceremos esta ley e iremos hasta las clínicas y hospitales donde se practiquen abortos para denunciarlos y tratar de que se frenen", advirtió.
Durante los debates en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pequeños grupos se manifestaron con pancartas, gritos y música cerca de las la sede. Pero ninguno de ellos pudo ingresar al recinto, que permaneció resguardado por la policía.
Los grupos conservadores demandaron que el asunto fuera decidido mediante referendo y presentaron una solicitud para habilitar la consulta con más de 70.000 firmas. Pero el PRD y los activistas por la despenalización se negaron a considerar tal posibilidad.
"Los derechos de las mujeres no se someten a votación", dijo a IPS Lorena Martínez, integrante de un colectivo feminista universitario.
Varias encuestas de consultoras y periódicos de circulación nacional indicaron que el apoyo a la despenalización del aborto en la capital es mayoritario, si bien 40 por ciento de los consultados la rechaza.
El respaldo a despenalizar la interrupción del embarazo coexiste con una mayoritaria profesión de la fe católica, cuyos líderes castigan el aborto con la excomunión.
El gobierno de Felipe Calderón, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), rechazó la decisión de los legisladores del PRD y de otros partidos representados en la capital, pero la respetará, dijeron sus portavoces.
Sin embargo, la dirigencia del PAN anunció que impugnaría la despenalización ante la Suprema Corte de Justicia.
El papa Benedicto XVI alzó también su voz, dando pie a críticas de la izquierda sobre una presunta intervención del Vaticano en asuntos de otro Estado.
El mismo gobierno de Calderón, a través del director de Asociaciones Religiosas de las Secretaría (ministerio) de Gobernación (Interior), Salvador Beltrán del Río, declaró que la Iglesia se había extralimitado en sus acciones.
Benedicto envió el 20 de este mes una carta a sus feligreses mexicanos alentándolos a oponerse a la despenalización y a "defender con firme decisión el derecho a la vida de todo ser humano desde el primer instante de su concepción, frente a cualquier manifestación de la cultura de la muerte".
Según el arzobispo mexicano Felipe Aguirre, quienes colaboren con el aborto, quedan automáticamente excomulgados.
"Quienes apoyaron esta ley criminal lo pagarán en las elecciones que vengan. Van a ver cómo son castigados", amenazó a su vez el director de Pro Vida.
Legisladores capitalinos del PRD denunciaron haber recibido amenazas de muerte anónimas en las últimas semanas mediante el teléfono y el correo electrónico por su apoyo a la despenalización.
La intención de la nueva ley no es promover el aborto, sino reconocer una realidad y legislar sobre ella, explicaron representantes del PRD.
El alcalde Ebrard también sostuvo que su administración no alienta la interrupción del embarazo que, practicada de modo ilegal se vuelve insegura y puede causar la muerte.
La alcaldía privilegiará la educación sexual y el uso de métodos anticonceptivos para evitar los embarazos no deseados, dijo Ebrard.
Aunque el aborto es, con algunas excepciones, considerado un delito penado en México con entre uno y seis años de prisión, apenas 28 mujeres fueron procesadas entre 2000 y 2006, y 14 de ellas sentenciadas.
Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México estima que en este país de 104 millones de habitantes se practican hasta un millón de abortos clandestinos por año, lo cual equivale a 30 por ciento de los embarazos anuales. Sin embargo, otras fuentes hablan de menos de 500.000 abortos anuales.
En los 32 estados del país, el aborto no se castiga cuando el embarazo es producto de una violación. En 29 distritos, se contempla sin penalizar el aborto "culposo", la interrupción espontánea de la gestación provocada por una conducta "imprudente" de la mujer, en 27 está permitido abortar si con ello se salva la vida de la madre, en 13 si el feto presenta malformaciones graves y en 10 cuando se trata de proteger la salud de la mujer.
Otras investigaciones indican que el aborto inseguro y en condiciones de clandestinidad constituye la cuarta o quinta causa de muerte de las mujeres mexicanas y que obtener un permiso para abortar es engorroso y hasta imposible.
De los 193 países de la Organización de las Naciones Unidas, en 188 se permite el aborto terapéutico. Sólo en El Salvador, Chile, el Vaticano, Honduras y Nicaragua está vedado en cualquier circunstancia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En América Latina y el Caribe, el aborto es libre sólo en Cuba y Guyana, aunque en casi todos los países, activistas y organizaciones de mujeres reclaman su despenalización cuando el feto aún no tiene viabilidad (posibilidades de sobrevivir fuera del útero materno), o sea antes de las 20 semanas de gestación, según la OMS.
La agencia de las Naciones Unidas estima que en la región se practican unos cuatro millones de interrupciones de embarazos por año, mientras 5.000 mujeres mueren por abortos inseguros. Además, entre 30 y 40 por ciento de quienes abortan en esas condiciones sufren complicaciones graves.
