El ex presidente peruano Alberto Fujimori trata de evitar que la justicia chilena lo envíe a su país a rendir cuentas desviando las acusaciones criminales en su contra hacia sus antiguos aliados, los jefes de las Fuerzas Armadas de la época.
En el alegato ante la Suprema Corte de Justicia chilena en rechazo a la extradición pedida por Perú, Fujimori indica que es inocente de las ejecuciones extrajudiciales que se le imputan porque era un ignorante en temas militares y de inteligencia.
Los abogados de quien gobernó Perú por 10 años, los chilenos Gabriel Zaliasnik y Francisco Velozo, manifiestan que su representado carecía de conocimientos sobre el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) al momento de asumir el cargo el 28 de julio de 1990.
En consecuencia, arguyen, Fujimori no estaba informado respecto de la forma en que el ejército combatía al movimiento guerrillero maoísta Sendero Luminoso y muchos menos estaba al tanto de las actividades del comando paramilitar Colina, cuyo origen atribuyen al precedente gobierno del hoy nuevamente presidente Alan García.
La justicia peruana responsabiliza al ex mandatario, entre otros delitos, de dos masacres perpetradas en Lima por Colina, el grupo conformado por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
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Fujimori está preso desde fines de 2005 en Chile, a donde había llegado tras haber residido por cinco años en Japón a resguardo de la justicia de su país gracias a su doble nacionalidad. Se estima que en pocas semanas más el tribunal chileno resuelva sobre el pedido de extradición bajo cargos de crímenes de lesa humanidad, enriquecimiento ilícito y espionaje telefónico, entre otros.
Una de las matanzas en las que aparece implicado el ex mandatario se registró el 3 de noviembre de 1991 en Barrios Altos y costó la vida de 15 personas. La otra fue el 18 de julio de 1992, cuando fueron secuestrados y asesinados nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta. Todas las víctimas eran acusadas de integrar Sendero Luminoso.
"Resulta conveniente recordar que Fujimori no tenía experiencia militar alguna", dicen Zaliasnik y Velozo en el argumento de rechazo a la solicitud de extradición presentada por la justicia peruana, documento al que tuvo acceso IPS.
"Era un ciudadano civil, profesor universitario cuya trayectoria hasta el día de su elección (como presidente) había transcurrido silenciosa y pacíficamente en las aulas universitarias. Nada más lejos de su realidad y experiencia de vida del mundo militar y sus operativos", sostiene la defensa.
Pero esa alegada inexperiencia en asuntos castrenses y de inteligencia por parte de Fujimori se contradice con el hecho de que en 1990, tras ganar la primera vuelta electoral y quedar en competencia directa con el segundo candidato más votado Mario Vargas Llosa, contrató a Vladimiro Montesinos como asesor y puente entre el SIN y la cúpula militar de entonces.
Montesinos, quien fue jefe de los servicios de inteligencia y principal asesor de Fujimori en la materia, fue condenado ya por una quincena de años por delitos de contrabando de armas, sobornos y otros actos de corrupción, a la vez que aguarda la resolución judicial por este caso de las masacres y otros también referidos a violaciones de los derechos humanos.
La vinculación de Fujimori con el sector castrense fue tan estrecha que, después de su triunfo en la segunda vuelta de junio de 1990, trasladó su residencia al Círculo Militar del Ejército y vivió allí hasta asumir la presidencia.
"Las Fuerzas Armadas salen cuando lo ordena el gobierno, de otro modo no salen", explicó a IPS el general retirado José Graham Ayllón, quien fue jefe del ejército en 2004.
"Es el gobierno el que determina cuándo deben actuar el ejército y el resto de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, Fujimori debe asumir su responsabilidad por la actuación militar", apuntó.
Un documento que prueba la conexión directa entre Montesinos, la cúpula del ejército y miembros del grupo Colina antes de los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta es el que contiene una recomendación personal que hace para que se ascienda de grado a un grupo selecto de oficiales por haber realizado "trabajos especiales" contra la guerrilla.
El memorando de Fujimori, fechado el 30 de julio de 1991, promueve los ascensos de Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, uno de los fundadores del grupo Colina, de Santiago Martin Rivas, su jefe operativo, y de Carlos Pichilingüe Guevara, su responsable de administración.
En el mismo documento, Fujimori recomienda igual honor para otros dos oficiales implicados en el caso, como los son Alberto Pinto Cárdenas, entonces jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, y Roberto Páucar Carbajal, hermano de uno de sus ministros.
Por si fuera poco, el mandatario también pidió subir de grado al comandante a Luis Cubas Portal, cuñado de Montesinos.
Cuatro meses después, el comando Colina cometió la masacre de Barrios Altos y, luego de haber sido ascendidos en julio de 1992 los oficiales por recomendación de Fujimori, se consumó la matanza de La Cantuta.
Lo que más ha molestado a los militares peruanos es que les haya atribuido todos los crímenes. "Esa es una jugada para defenderse y no me sorprende que utilice ese argumento", comentó Graham Ayllón. "Fujimori tenía que conocer de la actuación del grupo Colina y, por lo tanto, debe asumir el grado de responsabilidad que le toca por los hechos ocurridos", indicó.
Para la defensa del ex mandatario, las matanzas de Barrios Altos y de La Cantuta fueron cometidas por un grupo paramilitar originado en el primer gobierno de García y cuyas motivaciones "tienen conexión con hechos anteriores a la época en que nuestro representado asumiera el gobierno del Perú".
Zaliasnik y Velozo además señalan que la práctica del asesinato extrajudicial es propia del ejército y no se generó durante el mandato de Fujimori.
Por ejemplo, en el caso de Barrios Altos, el asesinato "respondió a motivaciones de naturaleza estrictamente militares como parte de un continuismo (también castrense) del cual el presidente de la República recién asumido claramente no fue partícipe", sostienen los profesionales chilenos.
Respecto del caso La Cantuta, la defensa reitera los mismos argumentos esgrimidos para desechar la responsabilidad de Fujimori, atribuyéndole toda la autoría al ejército.
"Cualquiera haya sido la motivación (de los asesinos), responde a un móvil puntual e identificable, con origen nuevamente en el ejército del Perú", señalan. "La decisión de dar muerte respondió a la decisión de oficiales del ejército", añaden.
Empero, Carlos Rivera, experto en el tema del Instituto de Defensa Legal, afirmó que "se ha demostrado que Fujimori tuvo un nivel de dominio de los hechos".
Por ello "es imposible aceptar una respuesta tan simplona como la del alegato presentado por sus abogados, en la que pretende negar toda relación con ellos, y señalar que todos los hechos corresponden a decisiones personales de los oficiales", señaló a IPS.
"Está demostrado que Fujimori y Montesinos cambiaron la estrategia antisubversiva. Pasaron de la política de arrasamiento a darle más importancia a los destacamentos de inteligencia, con un accionar mediante el aniquilamiento selectivo de los opositores y de los subversivos", agregó.
Incluso cuando se hizo público el alegato de Fujimori, los legisladores que lo apoyan hoy en el Congreso de Perú creyeron que no era verdad, que él no podía haber responsabilizado de las masacres a los militares.
"Yo no creo que haya dicho eso, porque él quería mucho a las Fuerzas Armadas", fue el comentario perplejo que hizo a IPS la ex ministra y actual representante fujimorista Luisa María Cuculiza.
