El conflicto por la decisión gubernamental de dejar sin señal a una televisora de oposición en Venezuela se internacionaliza y agrava con la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de demandar judicialmente al Estado sudamericano.
El martes se supo que Venezuela fue acusada el 20 de abril por la CIDH ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de "violar el derecho a la libertad de expresión", así como "la integridad personal y las garantías judiciales" de los trabajadores de Radio Caracas Televisión (RCTV), cuya concesión otorgada en 1953 no será renovada a partir del próximo 27 de mayo.
El presidente Hugo Chávez, quien anunció la medida contra RCTV apenas fue reelegido para otro sexenio en diciembre, reiteró el viernes que "digan lo que digan, hagan lo que hagan, aúllen donde aúllen, la concesión no será renovada".
La CIDH, según Chávez, "no tiene autoridad moral, guardó silencio durante el golpe de Estado de 2002", que lo depuso de la presidencia por dos días, "y lo menos que puedo decirles es que vayan a lavarse ese paltó (paletó, chaqueta)", dijo el mandatario ante decenas de oficiales en el teatro de la Academia Militar en Caracas.
La expresión "lavarse ese paltó" refina en algunas conversaciones un dicho subido de tono propio de la jerga callejera mediante el cual se despacha a un contrincante verbal enviándolo a lavarse ciertas partes del cuerpo.
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En enero Chávez ya había subido el tono al llamar "pendejo" (estúpido) al chileno José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, después de que el titular de la OEA advirtió que el cierre obligado de RCTV "aparece como una forma de censura contra la libertad de expresión".
La CIDH demandó a Venezuela por "las continuas violaciones al libre ejercicio de la libertad de expresión, ocasionadas por las distintas agresiones físicas y morales, ataques y atentados graves perpetrados contra periodistas y otros trabajadores y directivos de este medio, que incluyeron amenazas de revocar o retirar la concesión" a RCTV.
Desde 2002 han llegado a la CIDH denuncias de periodistas y medios de asedios, vejaciones y ataques callejeros por parte de simpatizantes del oficialismo.
El jurista opositor Asdrúbal Aguiar dijo a IPS que "el expediente es lo suficientemente sólido como para que la Corte se pronuncie a favor de los demandantes, aunque no nos hacemos ilusiones acerca de que el gobierno acate las decisiones o recomendaciones de los órganos del sistema interamericano".
Otro letrado, el parlamentario oficialista Carlos Escarrá, advirtió en cambio que la CIDH "actuó con inusitada rapidez, pues no se han agotado las instancias (judiciales) internas. Pelearemos en cualquier escenario y estoy seguro de que ganaremos".
El origen de este pleito está en la confrontación de casi una década entre Chávez y varios medios de comunicación, con picos críticos en torno al golpe de Estado de abril de 2002 y la huelga empresarial y petrolera de diciembre de ese año y enero de 2003.
Las cuatro principales cadenas de televisión privadas hicieron oposición a Chávez y militaron por su salida del poder, y a tres de ellas, según el gobierno, se les vence la concesión el 27 de mayo, aunque RCTV reivindica títulos para la suya hasta el año 2022.
Dos cadenas, Televen y Venevisión, esta última propiedad del magnate Gustavo Cisneros, quien se reunió a mediados de 2003 con Chávez y un amigo común, el ex presidente estadounidense y premio Nobel de la Paz Jimmy Carter, cambiaron su línea editorial y adoptaron una conducta entre neutra y favorable al gobierno.
RCTV y el canal de noticias Globovisión (con una concesión que duraría otros ocho años) mantienen una línea editorial opositora.
El gobierno ha declarado que no aplica una retaliación política sino que, como vence la concesión, es su potestad no renovarla al grupo RCTV y en cambio creará con su señal abierta en VHF el primer canal de televisión de servicio público de Venezuela.
El Estado ya tiene dos televisoras de alcance nacional, y varias están en manos del parlamento y alcaldías oficialistas, así como decenas de radioemisoras. Adicionalmente, Venezuela es sede, financista y principal motor de Telesur, una televisora de los gobiernos de Caracas, Buenos Aires, La Habana, La Paz y Montevideo.
Andrés Cañizález, de la organización no gubernamental sobre problemas del periodismo Espacio Público, dijo a IPS que "de un escenario desequilibrado en contra del gobierno, cuando Chávez denunciaba en forma legítima un poder mediático adverso, ahora pasamos al extremo opuesto".
En el caso de RCTV, la televisora de mayor abolengo y rating según los sondeos, "el gobierno arriesga un costo político interno y externo para alcanzar un objetivo mayor: consolidar un dominio hegemónico en los medios televisivos", dijo Cañizález.
La encuestadora Datanálisis divulgó esta semana un sondeo según el cual 69,8 por ciento de venezolanos entrevistados rechazan abiertamente la medida que afecta a RCTV y sólo 16,4 la apoyan, mientras 13,8 por ciento no saben, no contestan o se confiesan indeciso.
"Quien dice que no sabe tampoco está conectado con la medida, por lo que el rechazo puede llegar a 80 por ciento", comentó a IPS Luis León, director de Datanálisis. "Por primera vez en ocho años vemos un rechazo abierto de la población que siente conexión con el presidente hacia una de sus decisiones", agregó.
Chávez ganó la elección de diciembre con 63 por ciento de votos frente a 37 por ciento de su rival Manuel Rosales, pero en el sondeo de Datanálisis rechazaron la medida contra RCTV 40 por ciento de quienes se dijeron chavistas, 100 por ciento de quienes se dijeron opositores y 80 por ciento de quienes se ven como neutrales.
En apoyo a RCTV se efectuaron dos marchas por las calles de Caracas con varios miles de personas los días 14 y 26 de abril, y grupos de oposición preparan otras. Chávez dijo que podría llamar a marchar en defensa de su medida "y nos faltarían calles para tanta gente".
En el frente internacional, renovaron sus críticas a la medida la Federación Internacional de Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Asociación Interamericana de Radiodifusión, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas.
Entidades políticas comienzan también a interesarse en el caso, como el Parlamento Europeo, cuyos bloques popular-socialcristiano y socialdemócrata prestaron oídos al presidente de RCTV, Marcel Granier, aunque desde el agrupamiento unitario de izquierda hubo expresiones de apoyo para la decisión de Chávez.
El Senado de Chile, con los votos de la oposición de derecha y de la cogobernante Democracia Cristiana, aprobó un acuerdo contra la medida y pidió a la presidenta Michelle Bachelet que promoviese en la OEA la causa de la televisora afectada.
Chávez replicó que el Senado chileno encarnaba "la misma derecha oligárquica que derrocó al presidente Salvador Allende (1970-1973)", entre otras expresiones que hicieron peligrar la asistencia de Bachelet a la Cumbre Energética Sudamericana que se efectuó en Venezuela el 16 y 17 de abril, y su visita oficial a Caracas el día 18.
El ministro venezolano de Comunicación e Información, Willian Lara, sostuvo entretanto que varios periódicos del hemisferio se coaligaron en una conspiración contra Caracas a propósito del caso RCTV, para denunciar al gobierno de "violar los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión".
Lara mencionó como confabulados a La Nación de Argentina, O Globo de Brasil, El Tiempo de Colombia, La Nación de Costa Rica, El Comercio de Ecuador, El Universal de México, El Comercio de Perú, El Nuevo Día de Puerto Rico, El País de Uruguay y El Nacional de Venezuela, donde es columnista regular y donde expuso la denuncia.
