En su constante esfuerzo por eliminar a sus críticos, el gobierno iraní sentenció a tres años de prisión a un destacado periodista, Alí Farahbakhsh, y le impuso una enorme multa, en parte debido a un error en los documentos judiciales.
Farahbakhsh fue encarcelado el 26 de noviembre, cuando regresaba de asistir a una conferencia sobre medios de comunicación organizada por grupos de la sociedad civil de Bangkok, y condenado por espionaje el 26 de marzo, en un juicio a puertas cerradas.
Su abogado apeló la sentencia.
Farahbakhsh pasó al inicio de su detención 40 días en confinamiento solitario, hasta que la Asociación de Periodistas Iraníes emitió una declaración que puso su caso baja la luz pública.
Las fuerzas de seguridad habían presionado a su familia para que mantuviera silencio sobre el arresto, el cual sólo fue confirmado el 7 de enero por el director del Departamento de Prisiones de Teherán, Sohrabe Soleymani.
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Badri Alereza, madre de Farahbakhsh, dijo a IPS que su hijo sufrió un ataque cardiaco en prisión que requirió atención médica.
Agentes de seguridad lo presionaron para que "confesara" que su asistencia a varias conferencias en el exterior era parte de operaciones encubiertos de una potencia extranjera para incitar a los iraníes a actuar contra el gobierno.
Pero Farahbakhsh se negó a hacerlo, relató su madre.
Organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Irán pidieron al gobierno iraní en reiteradas ocasiones que lo acusara formalmente y que le permitiera contratar un abogado.
Pero las autoridades le negaron el acceso a asesoramiento legal hasta un día antes de su juicio. El 30 de marzo, Reporteros Sin Fronteras exigió la inmediata liberación de Farahbakhsh.
En una carta abierta al ayatolá Mahmoud Shahroudi, jefe del Poder Judicial de Irán, la familia de Farahbakhsh le pidió que lo liberara bajo fianza y que le permitiera contratar un abogado.
Una semana después, el ayatolá respondió positivamente a su pedido, y envió una nota al respecto a las autoridades judiciales en Teherán.
"Pero el juez del caso me dijo, de modo desafiante, que no seguiría las instrucciones del jefe del Poder Judicial de Irán de liberar a Alí bajo fianza", relató Badri Alereza en una entrevista telefónica desde Teherán.
"Cuando las palabras del jefe del Poder Judicial son ignoradas, ¿cómo puedo esperar que me escuchen a mí? El señor Shahroudi, incluso, envió una carta al jefe de los magistrados de Teherán explicando que se estaba cometiendo una injusticia con mi hijo", agregó.
Hadi Ghaemi, experto de la organización Human Rights Watch en cuestiones de Medio Oriente y África del norte, dijo a IPS que la persecución de Alí Farahbakhsh es apenas otro ejemplo de la determinación del gobierno iraní de aislar a periodistas y activistas de ese país.
"En los últimos seis meses fuimos testigos de un esfuerzo concertado por parte del Ministerio de Inteligencia para castigar a quienes mantienen contactos cercanos con la comunidad internacional", aseguró Ghaemi.
"A docenas de periodistas y activistas se les prohíbe abandonar el país. El gobierno encarceló a varios por asistir a conferencias y seminarios en el exterior", agregó.
Alí es acusado de aceptar 2.300 dólares de "extranjeros" y, para empeorar las cosas, su sentencia le agrega un cero a esa cifra: allí se indica que recibió 23.000. Como multa, se le ordenó pagar tres veces esa suma, es decir 69.000 dólares, aunque el juez admitió que la cifra era errónea.
"Cometieron una equivocación en la sentencia. En la acusación, el monto mencionado es 2.300 dólares. Mi esposo dice que es una broma. ¿Cómo alguien podría ser un espía por 2.300 dólares? Nadie cree eso", afirmó la madre de Alí.
"Al acusar de espionaje a Farahbakhsh sólo por aceptar una pequeña compensación financiera para asistir a una conferencia internacional, el gobierno está sentando un ejemplo para que otros se aparten de esos foros e interacciones", declaró Ghaemi.
"Hoy el gobierno iraní está totalmente obsesionado con lo que él cree que es una campaña estadounidense para instigar una 'revolución de terciopelo'" como la que enfrentó a Checoslovaquia con la Unión Soviética en 1989, indicó.
"Su percepción está particularmente influenciada por el anuncio del Departamento de Estado de que brindará ayuda financiera a actores de la sociedad civil iraní. Aunque no hay evidencia de que nadie dentro de Irán acepte esta oferta —incluso activistas iraníes la condenaron con fuerza—, personas como Farahbakhsh y otros están pagando un alto precio por esa causa", agregó.
En mayo del año pasado, agentes del servicio de inteligencia de Irán arrestaron al destacado académico Ramin Jahanbegloo en el aeropuerto de Teherán cuando regresaba de un viaje de investigación a India.
Jahanbegloo "mantuvo relaciones con extranjeros", dijo entonces el ministro de Inteligencia, Moseni Ejeyee.
Y en otro ataque a la libertad de expresión en Irán, fuerzas de seguridad arrestaron a tres integrantes de una delegación de 15 periodistas mujeres que el 25 de enero se dirigían a un taller de capacitación en Indiana, Estados Unidos.
Además de acusarlas de violar intereses de seguridad nacional y amenazarlas con el procesamiento judicial, las periodistas pasaron una noche en la infame prisión de Evin, en Teherán, antes de ser liberadas bajo fianza.
En los últimos años, numerosos periodistas y activistas fueron citados, interrogados e incluso arrestados por sus actividades y contactos con colegas del extranjero, en especial de Estados Unidos, país al cual el líder de la Revolución Islámica triunfante en 1979 y aún vigente, el ayatolá Ruolá Jomeini, solía llamar "Gran Satán".
Por esa causa, ahora hay seis periodistas presos en Irán.
Sin embargo, hasta ahora no se pudo probar ni una sola acusación.
"Espero que la sentencia sea cambiada en el tribunal de apelaciones. Planeamos demandar al Poder Judicial por causarnos semejante angustia por su error", dijo a IPS la madre de Farahbakhsh.
"Pero cuando la palabra del jefe de los magistrados no se mantiene, ¿cómo podemos esperar que nuestros esfuerzos tengan éxito?"
* Omid Memarian es periodista y activista de la sociedad civil iraní. Ganó varios premios, incluyendo el de Defensor de los Derechos Humanos, otorgado por Human Rights Watch en 2005.
