Legisladores mexicanos de la oposición se negaron a revisar pruebas presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que desvirtúan una denuncia contra el ejército por la presunta violación de una indígena de 73 años, muerta el 25 de febrero.
El caso de Ernestina Ascensio, habitante del municipio rural de Soledad Atzompa, fue tomado como bandera por activistas sociales y opositores que señalaron incongruencias de las autoridades y del ejército y la vulnerabilidad de las mujeres indígenas en este país de 104 millones de habitantes.
La CNDH, una institución estatal pero independiente, practicó una autopsia al cuerpo de Ascensio y envió investigadores a la zona, situada 450 kilómetros al este de la capital, en el estado de Veracruz. En sus conclusiones indica que no halló evidencias de violación, y que la mujer murió de anemia desencadenada por una hemorragia gástrica.
Con esas pruebas en la mano —fotografías, testimonios, vídeos y estudios clínicos— el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, se presentó el miércoles ante las comisiones de Derechos Humanos y de Equidad y Género de la Cámara de Diputados. Pero los legisladores no le permitieron exhibirlas y en cambio lo cuestionaron con dureza y lo acusaron de encubrir a los culpables.
La afirmación de la CNDH contradice la investigación de la fiscalía de Veracruz —que concluyó que sí se había cometido un delito sexual— y asevera que se perdieron los rastros de semen que los fiscales dijeron haber hallado en el cuerpo de la muerta.
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Amalia Ramos, residente de Soledad Atzompa, cuyos 17.000 habitantes son en su mayoría indígenas, dijo a IPS que la comunidad no tenía dudas de que Ascensio fue violada por soldados y que por eso murió.
"Sólo exigimos justicia" y la CNDH está mintiendo, declaró Ramos, quien viajó esta semana a la capital con otro de sus vecinos y ayuda de legisladores para hablar del caso.
La familia de Ascensio, que inicialmente denunció que ella misma había descrito el ataque de los militares poco antes de morir, ya no quiere dar declaraciones a la prensa. Se sabe que el subsecretario de Gobernación (viceministro del Interior), Abraham González, ha visitado a los familiares al menos dos veces.
"No me sorprendería que en este caso se hayan montado escenarios y versiones para desacreditar a las Fuerzas Armadas, y que la tal violación efectivamente jamás existió", dijo a IPS Guillermo Garduño, experto en temas de seguridad de la Universidad Autónoma Metropolitana.
"Puede haber intereses de algún grupo en levantar polvareda contra los militares, que hoy tienen marcado protagonismo en la lucha contra el narcotráfico", opinó el experto.
El secretario de Defensa, Guillermo Galván, sostuvo este jueves ante la cámara baja que no encubriría a nadie y que si las investigaciones fallaban sobre la responsabilidad de los soldados, éstos serían castigados.
El dictamen final del caso está en manos de la Procuraduría (fiscalía) de Veracruz, que en sus indagatorias estudia los argumentos de la CNDH y de sus propios peritos. Además, también investiga la Procuraduría Militar.
Entre las pruebas que contrarían la versión del crimen, se encuentran testimonios de personal del hospital al que fue llevada Ascensio antes de morir. Los médicos y enfermeras afirman que no vieron señales de violación.
La organización de derechos humanos Agustín Pro Juárez, que investigó el caso y visitó Soledad Atzompa, duda de que la denuncia fuera un montaje.
"Hay evidencias y testimonios que apuntan a confirmar que sí hubo el ataque", dijo a IPS Isabel Uriarte, integrante de esa organización.
Similar posición mantienen legisladores del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, principal fuerza de oposición, que acusan a la CNDH de proteger a los culpables y al presidente conservador Felipe Calderón, quien también niega que se haya cometido un ataque.
"Cualquiera sea la verdad, lo único claro aquí es que alguien miente", consideró la columnista del diario Reforma y conductora de un noticiero de radio, Carmen Aristegui.
Cerca del lugar donde Ascensio vivía, se realizan periódicos patrullajes militares, si bien no hay datos sobre actividades de narcotraficantes o de grupos insurgentes en la zona.
Otro vecino del lugar, Javier Hernández, también está convencido de que Ascensio fue violada, afirma que los habitantes nunca habían tenido problemas con los soldados, fuera de algún incidente menor cuando éstos usaron sin permiso leña de la comunidad.
Organizaciones de derechos humanos y legisladores opositores advierten que seguirán el caso para impedir que se cometa una injusticia y exhibir las irregularidades.
Las dudas abundan. Poco después de la muerte de Ascensio, el subprocurador (vicefiscal) de Veracruz, Miguel Mina, declaró que una primera autopsia había confirmado "violación por la vía anal y por la vía vaginal" y que en el cuerpo de la víctima "se encontraron laceraciones y desgarres".
Más tarde, la Secretaría (ministerio) de Defensa informó en un comunicado que "peritos especialistas llevan a cabo el dictamen pericial en materia forense consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre que se toman del personal militar".
Pero el ministerio se retractó luego de esa afirmación y ahora sostiene que nunca dispuso de muestras de semen.
