Un cerro rico en oro en el extremo norte de Perú se ha convertido en territorio de ataques cruzados. Dos compañías se disputan su propiedad en los tribunales, mientras más de 3.000 mineros informales tomaron el lugar para explotar el metal sin medidas de seguridad ni protección ambiental.
Bajo ese escenario de apacible pobreza hay yacimientos de oro y plata por los que se mata y se muere.
En mayo debería realizarse la audiencia de un tribunal que determinará qué compañía se quedará con 26 concesiones en litigio, pero tanto Sulliden Shahuindo, subsidiaria de la canadiense Sulliden Exploration, como el grupo Las Algamarcas, de capitales peruanos y panameños, están dispuestas a apelar hasta la última instancia, según dijeron sus portavoces a IPS.
VIOLENCIA A CIELO ABIERTO
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Mientras, las dos empresas han contratado guardias privados de seguridad para custodiar lo que consideran suyo.
Los mineros informales se enfrentan a las empresas protegidos por sus propios hombres armados. El jefe de esa "guardia", Juan Álvarez, dice que trabajan con él 14 vigilantes. "Todas las armas cuentan con licencia", afirma.
"Como agricultores no ganamos casi nada, por eso nos dedicamos a la minería. Defendemos lo que nos da de comer", afirma Ángel Chávez, quien trabaja de chancador, encargado de golpear los bloques del mineral para fraccionarlos y luego pulverizarlos con cianuro y mercurio en pozas artesanales.
Los fines de semana, camionetas de doble tracción fuertemente custodiadas llegan al pie del cerro o al centro del poblado para comprar el oro. Según un informe de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú al que tuvo acceso IPS, se venden así unos 125 kilogramos del metal por mes.
Las dos empresas discuten desde 2002 la titularidad de 26 concesiones en una extensión de 7.982 hectáreas, cinco de las cuales están en el cerro. Según exploraciones de Sulliden, los yacimientos contendrían 1,5 millones de onzas de oro y 35 millones de onzas de plata por valor de 1.500 millones de dólares.
"Ese cerro es tierra de nadie, hay muertes y contaminación. Nosotros hemos denunciado todo eso, pero los (mineros) informales en venganza quemaron nuestra caseta de vigilancia", asegura César González, apoderado de Inversiones Minera Sudamericana, parte del grupo Las Algamarcas.
Mientras, los agricultores del distrito de Chuquibamba, a dos horas de automóvil del cerro, se oponen a toda explotación minera.
"No queremos ningún tipo de minería, ni grande ni pequeña ni informal, porque no queremos que contaminen nuestros ríos", dice a IPS Walter Marquina, alcalde encargado de Chuquibamba y secretario de organización de las rondas campesinas, comités de autodefensa desarmados y reconocidos por ley para vigilar tierras y ganados de la comunidad.
El 16 de enero, cultivadores de nueve caseríos de Chuquibamba se movilizaron hacia el cerro, destruyeron 36 pozas de cianuro y mercurio y capturaron a siete mineros que luego entregaron a la policía, de acuerdo con el informe del Consejo de Ministros.
Los propios mineros también están divididos. A inicios de marzo, se conoció la muerte de un trabajador de Algamarca, aparentemente a manos de otros mineros procedentes de Huamachuco, comunidad de la aledaña región de La Libertad.
Juan Sánchez dijo a IPS que al muerto le arrancaron las uñas y los dientes.
Tras el crimen, los algamarquinos desalojaron a los mineros de Huamachuco del cerro. "No había motivo para que los mineros de aquí siguieran compartiendo el mineral con gente que era de otra zona", justificó Sánchez.
Quienes se oponen a la minería informal especulan sobre decenas de muertos por manipulación de productos tóxicos.
Según el informe de la Presidencia del Consejo de Ministros, sólo se ha podido confirmar la muerte de tres mineros por esa causa.
"Este caso demuestra dos cosas: la ausencia del Estado y la pobreza. Nadie pone orden en la zona, y los comuneros están dispuestos a trabajar en una actividad que pone en riesgo incluso hasta sus propias vidas para alimentar a sus familias", afirmó el sacerdote y ambientalista Marco Arana, director del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible.
Un estudio publicado este mes por la Dirección General de Salud Ambiental, afirma que en las zonas contiguas a la explotación se halló gran concentración de arsénico, que puede aflorar a la superficie durante las excavaciones de los minerales.
La concentración de arsénico es dos veces más alta que el máximo establecido por la Ley General de Aguas para la Clase III (riego y bebida de animales) en la quebrada de Chupalla, una de las que desemboca en el río de Condebamba, abastecedor de los agricultores de Chuquibamba.
Los resultados del estudio se dieron a conocer el 10 de este mes en la segunda reunión de una mesa de diálogo promovida por el gobierno de Cajamarca, que desde marzo intenta mediar en el conflicto.
En esa mesa participan mineros informales, agricultores de Chuquibamba, las rondas campesinas y autoridades locales y del gobierno central, pero no los representantes de las compañías mineras en disputa.
OPACA DISPUTA EMPRESARIAL
La tradicional minería de Algamarca se paralizó en los años 90 por la presencia de la insurgencia del maoísta Sendero Luminoso.
Ante la amenaza subversiva, los propietarios de las concesiones vendieron sus acciones a las firmas Algamarca, peruana, y a Exploraciones Algamarca, una empresa constituida en 90 por ciento por capitales panameños. A este grupo se lo conoce como Las Algamarcas.
En noviembre de 2002, Las Algamarcas vendió a su vez las 26 concesiones a Sulliden Shahuindo, subsidiaria de la corporación con sede en Québec, Canadá, por un valor de 4,13 millones de dólares.
Pocas semanas después, la mayoría accionaria de Las Algamarcas pasó a otras manos, y la nueva administración desconoció el contrato con Sulliden, cuestionando que una venta de esa envergadura se hubiera concretado con una subsidiaria que apenas tenía un capital inicial de 10.000 dólares.
Tras una serie de absorciones, la nueva propietaria mayoritaria de Las Algamarcas acabó siendo Ohana Overseas, una empresa constituida en Panamá, propiedad de Orlando Sánchez Miranda, heredero de la familia Sánchez Paredes, vinculada al narcotráfico por las autoridades peruanas y poseedora de una de las mayores fortunas de La Libertad.
Además del proceso en la justicia, en julio de 2006, un tribunal arbitral laudó a favor de Sulliden, fallo apelado por el grupo de Orlando Sánchez, que cuestionó la imparcialidad de los árbitros.
El gerente general de Sulliden Shahuindo, Javier Fernández Concha, dijo a IPS que lo de Las Algamarcas es una "práctica común" de algunas mineras "para generar contingencias desconociendo contratos para luego forzar a la compañía compradora a una nueva negociación con una inversión mayor".
En el otro bando, el abogado José Abanto Verástegui, hasta fines de este mes gerente general de Exploraciones Algamarca, replicó que Sulliden "no tiene argumentos sólidos, por eso quiere desprestigiar a la empresa ante la opinión pública con el pasado de la familia Sánchez Paredes".
Mientras está pendiente el fallo judicial, una de las empresas del grupo Las Algamarcas consiguió que la fiscalía le entregara oro decomisado por la policía a los mineros informales.
En el propio informe de la Presidencia del Consejo de Ministros se menciona la versión de que las empresas estarían abasteciendo de insumos a los mineros. Las partes lo niegan, pero nadie corta la red de ilegalidad.
