El líder del poderoso sindicato minero de México celebra que al fin tiene vía libre para retomar su cargo, gracias a que un tribunal dictaminó que fue ilegal su destitución en 2006, avalada por el pasado gobierno de Vicente Fox.
Pero el triunfo no le exime de un proceso por corrupción, donde las pruebas en su contra son numerosas. Al igual que en otros sindicatos, en el de los trabajadores de las minas se mantiene el tufo de corrupción y autoritarismo sembrado en esos sectores desde los tiempos en el poder del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó ininterrumpidamente de 1929 a 2000.
Tras la muerte de 65 personas en una mina de carbón en febrero de 2006, la vida del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares, que agrupa a unos 30.000 trabajadores, saltó a la palestra en medio de una trama de intervenciones ilegales de autoridades, manejo dudoso de fondos millonarios, huelgas y represión policial.
El fallo judicial, que ordenó la restitución inmediata de Napoleón Gómez como secretario general del sindicato fue dado a conocer oficialmente este jueves a las partes involucradas.
Según indica la sentencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, Gómez fue destituido el año pasado con un documento de un supuesto Comité de Vigilancia sindical, que contiene firmas falsificadas y que el gobierno de Fox (2000-2006), del Partido Acción Nacional, aceptó de forma irregular.
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Por esa actitud de Fox, la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, que agrupa a alrededor de 200 sindicatos de 100 países, presentó en su momento una denuncia contra el gobierno mexicano en la Organización Internacional del Trabajo, acusándolo de interferir en el sindicato minero.
Además, seguidores de Gómez realizaron prolongadas huelgas en México. En una de ellas intervino la policía, lo cual generó una batalla campal que dejó dos mineros muertos.
Gómez, quien se refugió en Canadá tras su destitución y luego de ser acusado de malversar 55 millones de dólares de sus agremiados, declaró desde ese país que la resolución judicial a su favor representa un triunfo de la razón y la justicia.
Además, anunció que interpondrá una denuncia penal contra el ex secretario (ministro) de Trabajo, Francisco Salazar, y que sólo regresará al país si obtiene garantías personales de que no será perseguido.
Contra Gómez hay 5.000 querellas de trabajadores, que lo acusan de desviar 55 millones de dólares de un fideicomiso perteneciente al sindicato.
Según investigaciones de la Procuraduría General (Fiscalía), el líder minero tiene al menos 40 cuentas bancarias millonarias a su nombre y el de su esposa en 17 bancos y seis países diferentes.
Además, ex colaboradores de Gómez confesaron a autoridades que parte del dinero de los trabajadores fue usado para pagar cuentas personales del líder, de su esposa, de su hijo, de amigos y de empresas ajenas al sindicato.
Algunos observadores creen que Fox impulsó tales denuncias con la intención de dejar la imagen de haber luchado contra la corrupción de las dirigencias sindicales, una sombra que acompaña al movimiento de trabajadores organizados desde hace siete décadas.
Las mansiones, los autos de lujo y las abultadas cuentas bancarias de los representantes del viejo sindicalismo, han sobrevivido hasta ahora a los cambios políticos y de gobernantes en México.
"La actuación de Fox en el caso de los mineros estuvo siempre bajo sospecha, pero algo similar pasa todavía con Gómez, quien carga una pesada cruz de corrupción", dijo a IPS el experto en derecho laboral Diego Rábago.
Para el gobierno de Felipe Calderón, en funciones desde diciembre cuando sucedió a su correligionario Fox, la decisión judicial que restituyó a Gómez fue una buena noticia.
"Pone fin a una larga controversia y nos alegramos", dijo el secretario de Trabajo, Javier Lozano.
El funcionario aseguró que el actual gobierno no intervendrá en la vida sindical de ningún sector e indicó que será la secretaría de la Función Pública la que determine si las autoridades de la anterior administración de Fox actuaron o no de mala fe contra Gómez.
Lozano recordó también que la resolución de los jueces del trabajo no libra al líder minero de las acusaciones que pesan en su contra por el manejo de fondos del sindicato.
Fox reconoció en 2006 como secretario del sindicato minero a Elías Morales, un trabajador expulsado de esa organización en 2001 por diferencias con la cúpula.
La resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo critica al gobierno anterior por reconocer una dirigencia sindical y cancelar la de Gómez en un acto y en un sólo día, sin respetar el derecho de este último a ser oído y vencido en un juicio.
Morales, quien ahora no puede fungir como dirigente minero, anunció que defenderá su actuación ante la Secretaría del Trabajo y negó que en su nombramiento se hubieran falsificado firmas.
"Vamos a acreditar que son fidedignas (las firmas). Yo no me robé los 55 millones de dólares, quien se robó ese dinero fue Napoleón (Gómez). Aquí estoy, no voy a huir", declaró.
Los miembros del sindicato minero fueron citados, antes de la última resolución judicial, a una convención extraordinaria el próximo martes 17. En esa oportunidad se pretendía clarificar la situación sobre su dirigencia, pero ahora no está claro si tal reunión se realizará.
Mientras, la muerte de los 65 mineros en un socavón en el septentrional estado de Coahuila, el hecho que abonó toda la controversia, no ha sido aún clarificado.
Las investigaciones policiales en marcha y otras realizadas por legisladores y la estatal pero independiente Comisión de Derechos Humanos (CNDH) indican que el accidente pudo evitarse si los inspectores de la secretaría (ministerio) de Trabajo hubiesen cumplido su labor y la empresa dueña, Industrial Minera México, atendido a las normas de seguridad.
También fueron responsables "los representantes de los trabajadores (el sindicato) por permitir que los trabajos continúen en condiciones de inseguridad (que ellos conocían)", indica parte de un extenso informe de la CNDH.
Los jueces ordenaron semanas atrás la detención de algunos funcionarios de la firma Minera México, como presuntos responsables.
Sin embargo, no fueron a la cárcel. El delito por el que son enjuiciados se denomina en la legislación local homicidio culposo, delito que se configura al no existir la intención de cometer un crimen, aunque se viole un deber jurídico y se incurra en "comisión por omisión".
Por tal falta, el procesado puede quedar libre con el pago de una fianza.
