El gobierno de Costa Rica decidió jugarse en las urnas la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, América Central y Estados Unidos (DR-Cafta por sus siglas en inglés), mediante un referendo que podría celebrarse en agosto.
El ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, hermano del mandatario Óscar Arias, entregó este martes al presidente del parlamento, Francisco Antonio Pacheco, el decreto que propone a la Asamblea Legislativa la convocatoria a referendo.
El presidente Arias anunció el viernes que haría uso del mecanismo de consulta popular para aprobar el tratado, después de que el Tribunal Superior de Elecciones (TSE) avaló el jueves la solicitud del ex diputado José Miguel Corrales para habilitar el referendo mediante la recolección de firmas de cinco por ciento del padrón electoral de 2,6 millones de ciudadanos.
Hasta entonces, el mandatario apostaba a que el texto fuera ratificado por el parlamento, asegurando que no había otra vía para definir la suerte del Tratado de Libre Comercio (TLC), como se lo llama también aquí, y que ya está vigente para los demás países miembros, incluidos El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
El TSE estableció un plazo de nueve meses para recolectar las firmas, prorrogable por 30 días más.
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"Desde que el TSE dijo que el TLC puede ser objeto de referendo, el Ejecutivo consideró conveniente presentar a la Asamblea Legislativa el decreto de convocatoria". Arias apela a la "responsabilidad del país" para su aprobación, "y nosotros ponemos las medidas necesarias para que se pronuncie a tiempo", dijo Rodrigo Arias.
En apariencia, la convocatoria sería aprobada, pues la principal fuerza de oposición, el Partido Acción Ciudadana (PAC, duro crítico del DR-Cafta), votaría a favor.
Pero el anuncio del gobierno no satisfizo a los sectores sociales contrarios al tratado, que acusan al presidente de oportunismo político.
Corrales consideró que debía seguirse el procedimiento de las firmas, si bien alargaría el proceso, pues lo contrario sería un atropello. Rodrigo Arias replicó que "desde el momento en que el TSE asegura que sí procede", el gobierno es libre de convocar la consulta.
Lorenzo Cambronero, secretario general de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense (UNAG) dijo a IPS que la convocatoria "es un fraude. Es una estrategia del gobierno para desmantelar el movimiento social, pero estoy convencido de que va a servir para unirnos más y derrotar de una vez el TLC".
Por su parte, la líder del bloque del derechista Partido Unidad Social Cristiana, Lorena Vásquez, criticó a "quienes ayer demandaban el referendo como herramienta de la democracia, y hoy demagógicamente le meten ruido e intentan deslegitimar el tema acogiendo sólo parte de la resolución de un tribunal de la República que dio luz verde a la consulta".
"No vale que quienes apoyaban este mecanismo como símbolo democrático, ahora lo critiquen por politiquería", añadió.
El dirigente agropecuario Cambronero estimó que "como lo quieren presentar, no hay recolección de firmas, y el plazo de votación se acorta". Además, "ya tienen fecha, nos han hablado del domingo 5 de agosto", afirmó, si bien las autoridades no se han referido al asunto.
En su opinión, el gobierno "no es transparente" y debería esperar el fallo de la Sala IV del Tribunal Constitucional, ante la cual se presentó un recurso de inconstitucionalidad del DR-Cafta.
Según Rodrigo Arias, "el asunto ya se ha analizado a fondo". De resultar ganador el "Sí" al DR-Cafta y persistir las dudas sobre su constitucionalidad, "existe la revisión, y la Sala IV puede decir entonces" si encuentra aspectos específicos para tratar.
Pero el recurso de referendo fue introducido en la Constitución en 2005 y no se ha aplicado hasta ahora, lo que multiplica las dudas sobre sus mecanismos.
Si la consulta es convocada por los diputados, para ser aprobada en el parlamento requiere de una mayoría especial de 38 de los 57 legisladores, pero si la iniciativa es del Poder Ejecutivo, bastarán 29 votos a favor.
Este no es un aspecto menor, pues el resultado de la consulta será de acatamiento obligatorio cuando tomen parte de ella al menos 30 por ciento de los electores, si el proyecto de convocatoria se aprobó por mayoría simple, o 40 por ciento, si requirió de una mayoría especial en el parlamento.
Pacheco espera que los diputados promuevan la participación ciudadana en uno u otro sentido, ya que se trata "no de su obligación jurídica, pero sí moral".
Arias sostuvo que "los ciudadanos deben ser consecuentes de la importancia de su participación. Estoy convencido de que será vinculante, pero si no fuera así, será un mandato moral importante" y el proceso volvería a la Asamblea Legislativa, previó.
Mientras, los proyectos de ley de la agenda complementaria del DR-Cafta —como la apertura de las telecomunicaciones y los seguros y la reforma del sector eléctrico— seguirán su curso en la Asamblea, un aspecto rechazado por el líder del PAC, Ottón Solís y por otros contrarios al tratado.
