La justicia chilena no puede consagrar la impunidad y debe aprobar rápidamente la extradición a Perú del ex presidente de ese país Alberto Fujimori, advirtieron este miércoles familiares de víctimas de su gobierno entre 1990 y 2000 y activistas de derechos humanos.
"No sólo los ojos de nosotros como familiares y de Perú como país, sino del mundo están atentos a la decisión de Chile" en este caso, dijo Gisella Ortiz, la representante de los parientes de personas asesinadas y desaparecidas en el vecino país que arribó a Santiago junto a otras siete personas para participar en una serie de actividades en favor de la extradición de Fujimori.
El ex mandatario peruano, requerido por la justicia de su país acusado de violaciones de los derechos humanos y actos de corrupción durante su mandato, está retenido en Chile desde el 7 de noviembre de 2005, cuando llegó inesperadamente procedente de Japón, donde se había refugiado tras ser destituido por incapacidad moral en 2000 por el Congreso legislativo.
Luego de permanecer detenido por seis meses en la Academia de Gendarmería, la Corte Suprema de Justicia le otorgó el 18 de mayo de 2006 la libertad condicional por el tiempo que dure el proceso.
Si no es extraditado, "la justicia estaría dejando en muy mal pie a Chile, puesto que estaría una vez más confirmándose lo que ya sufrimos en el pasado: que en este país los criminales de guerra, los asesinos, violadores y torturadores gozan de impunidad", señaló el presidente del Partido Humanista de Chile, Tomás Hirsh.
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"La aspiración de Amnistía Internacional es que exista una pronta decisión respecto de la extradición de Fujimori a Perú para que enfrente la justicia o en su defecto, en base a las normas del derecho internacional, que eventualmente sea juzgado en Chile", indicó, por su parte, Sergio Laurenti, director ejecutivo local de esa organización humanitaria con sede central en Londres.
Todas estas declaraciones fueron formuladas en una conferencia de prensa ofrecida en la sede de Amnistía Internacional, en la que se presentó el programa de actividades que se llevará a cabo entre este miércoles y el 17 de este mes en Santiago, denominado "Fujimori: acciones contra la impunidad".
Las actividades son organizadas por Amnistía, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), con sede en Lima, y la Coordinadora contra la Impunidad, integrada por exiliados peruanos en Chile. También participa el representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos, el ex juez español Antonio Doñate.
A través de diversos foros y protestas, estas instituciones pretenden informar a la población chilena sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno de Fujimori y presionar a la justicia para que dé curso al pedido de extradición o lo juzgue en Chile.
Se espera que el 23 de este mes, la fiscal de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Mónica Maldonado, emita un informe recomendando o no la extradición de Fujimori. Se trata de una opinión no vinculante, que se basará en el expediente de la causa seguida desde fines de 2005 por el ministro Orlando Álvarez.
Después de que la fiscal anuncie su decisión, el juez Álvarez tiene entre cinco a 10 días para dar a conocer su sentencia en primera instancia, la cual es apelable. Finalmente el pleno del principal tribunal del país determinará la suerte del ex mandatario peruano.
El proceso de extradición que se sigue es por 12 casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Tres de estos últimos ya recibieron sentencia de la Corte Interamericana de Justicia (CIDH), con sede en San José de Costa Rica y que forma parte del sistema de la Organización de Estados Americanos.
"La sentencia de la CIDH respecto del caso La Cantuta, que se dictó en noviembre del año pasado, dice con claridad que todos los Estados miembros del Pacto de San José, del cual forman parte Chile y Perú, tienen la obligación de juzgar y abrir procesos a los violadores de derechos humanos responsables de esta matanza", puntualizó Ortiz.
Este caso refiere al secuestro el 18 de julio de 1992 y posterior asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta a manos del grupo paramilitar Colina, responsable también de la masacre de 15 personas perpetrada el 3 de noviembre de 1991 en Barrios Altos, entre otros hechos criminales.
"Por eso creemos que Chile tiene la obligación, si es que no extradita a Fujimori, de juzgarlo aquí por ese delito específicamente", acotó la representante, aunque aclaró que es más fácil para los familiares de víctimas controlar un juicio en Perú que en este país.
Ortiz también criticó la estrategia de defensa seguida por los abogados chilenos del ex mandatario, quienes plantean que éste era ignorante en temas militares y de inteligencia. "Hacen aparecer a Fujimori casi como un retrasado mental. Pero hay que recordar que fue él quien se autonombró como jefe supremo de las Fuerzas Armadas", indicó a IPS.
Esta es la segunda vez que familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos del gobierno de Fujimori visitan Chile.
Entre las actividades programadas, se destaca la entrevista que una delegación sostuvo este miércoles con el presidente de la Corte Suprema de Chile, Enrique Tapia, y que tendrá el jueves con el ministro Álvarez, para aportar más antecedentes de los casos denunciados. Con ambos ya se habían reunido anteriormente.
El 30 de marzo enviaron desde Perú una carta a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, solicitándole una audiencia para estos días, pero no han recibido respuesta.
También se realizarán los foros titulados "Violencia y género en el gobierno de Fujimori", "Fallos de la Corte Interamericana de Justicia" y "Fujimori, política antisubversiva". De igual forma, se presentarán exposiciones fotográficas y se exhibirán cortometrajes alusivos a los casos La Cantuta y Barrios Altos.
Amnistía Internacional pidió a todas sus oficinas del mundo protestar frente de las embajadas chilenas, acción que también realizarán los partidos humanistas de la región, según anunció Hirsh.
"En Chile sabemos muy bien lo que son las violaciones de los derechos humanos", señaló el también ex candidato presidencial.
"Chile es uno de los países que con más violencia sufrió los atropellos a los derechos humanos. Por tanto, justamente a partir de esa dolorosa experiencia, este país no puede convertirse en refugio de criminales. Debe ser un país que tome la vanguardia en la defensa de los derechos humanos en nuestro continente", apuntó.
"Chile tuvo el horror del (ex dictador Augusto) Pinochet (1973-1990). Perú tuvo el horror de Fujimori. Hermanemos a nuestros países, permitiendo que Fujimori sí sea juzgado y condenado, cosa que lamentablemente y para vergüenza de muchos, nunca se pudo concretar respecto de Pinochet", concluyó.
