Un controvertido acuerdo entre Australia y Estados Unidos para intercambiar refugiados desató una ola de protestas de activistas de derechos humanos y expertos en la materia.
Unos 90 refugiados birmanos y srilankeses alojados en un centro de detención australiano en Naurú, nación isleña del Pacífico, serán despachados a Estados Unidos, aseguró la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York.
A cambio, Australia albergaría a 200 cubanos y haitianos de la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba.
El acuerdo bilateral, anunciado el miércoles, "representa un punto muy bajo en la protección de los derechos humanos fundamentales", señaló Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales.
"Los refugiados son seres humanos, no mercancías ni productos para comercializar. Esto es escandaloso", añadió.
"Parece que los funcionarios de estos países perdieron toda su humanidad", dijo Ratner a IPS.
"Ambas naciones firmaron un acuerdo que negocia vidas y desoye las normas internacionales", según Bill Frelick, director de políticas para refugiados de HRW.
Según Frelick, el único objetivo concebible del intercambio de refugiados es evitar que más gente busque asilo en estos dos países echándose al mar.
"Pero las normas internacionales acerca de la protección de refugiados establecen que nunca debe recurrirse a la detención o a medidas similares como único elemento para disuadir a otros posibles refugiados", añadió.
Al albergar refugiados en Naurú y Guantánamo, tanto Australia como Estados Unidos tratan de evadir sus responsabilidades legales bajo la Convención para los Refugiados de 1951, según un comunicado de HRW publicado el jueves.
"El acuerdo comercial viola el espíritu de sus obligaciones legales acerca de no expulsar refugiados, excepto por razones de seguridad nacional, y sólo después de una decisión conforme a los estándares de procedimiento", añadió.
Pero ninguno de los gobiernos alegó razones de seguridad nacional esta vez, señala HRW.
"No hay lugar en un mundo justo para guantánamos o nauruses, y por cierto, tampoco para el comercio de seres humanos como se hizo en la época de la esclavitud", subrayó Ratner, cuya organización cuestiona la legalidad de las detenciones de presuntos terroristas.
En cuanto a la violación de la Convención de los Refugiados, el profesor Tai-Heng Cheng, director del Centro de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de Nueva York, dijo a IPS que técnicamente estos dos países pueden no estar transgrediendo ni esa ni ninguna otra norma internacional.
El artículo 32 de la Convención prohíbe a los estados expulsar refugiados que estén legalmente en su territorio, pero Guantánamo y Naurú no lo son, arguyó Cheng.
Según ese experto, el arreglo no necesariamente se contrapone con el espíritu de la Convención.
Su preámbulo reconoce la naturaleza humanitaria del problema de los refugiados, pero también reconoce que la concesión de asilo puede significar una excesiva carga para ciertos países y por ello prevé la cooperación internacional para obtener una solución satisfactoria.
La norma de 1951 responde a los horrores de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), cuando los grandes movimientos poblacionales no eran tan sencillos como hoy.
En la actualidad, señaló Cheng, muchos refugiados de Birmania, Cuba, Haití y Sri Lanka escapan de sistemas políticos, no de conflictos peligrosos, y pueden hacerlo en masa, con o sin la participación de traficantes de personas.
El acuerdo en cuestión muestra la tremenda presión que afronta el sistema internacional para equilibrar las necesidades de los refugiados con los genuinos intereses soberanos de los estados, añadió Cheng.
"La comunidad internacional debe considerar seriamente cómo coordinar nuestros esfuerzos para proteger a los refugiados sin recargar en exceso a ningún país", propuso.
Para Norman Solomon, directora ejecutiva del Institute for Public Accuracy, tratar a seres humanos como mercancías es un aspecto "lamentable" de las políticas del presidente estadounidense George W. Bush y del primer ministro australiano John Howard.
"Parece que la sacralidad de la familia, tan oportuna en sus retóricas, es una gran preocupación de los gobiernos de Australia y Estados Unidos", ironizó.
El concepto de derechos humanos de los refugiados, señaló Solomon, "parece ser ajeno a los mismos políticos deseosos de esgrimirlo cuando pretenden justificar la invasión y ocupación de Iraq".
Quizá esta sea una ampliación de la visión de Bush y Howard acerca de la globalización, señaló.
"Su disposición a movilizar refugiados por toda la Tierra, cual ajedrez geopolítico, habla de la depravación de los gobernantes que se mofan de su retórica acerca de la democracia, la compasión y la libertad", indicó Solomon.
Para Monique Beadle, directora de Proyecto para Refugiados de la Organización Mundial de Derechos Humanos Estados Unidos, la decisión del gobierno de su país no es nada sorpresiva.
"El gobierno suele repetir con insistencia en que sus obligaciones hacia los tratados de derechos humanos no se aplican en Guantánamo a pesar de a los consejos emitidos por la Corte Suprema", dijo Beadle a IPS.
Está muy claro que los refugiados tienen derecho a buscar protección en las naciones occidentales a las que puedan alcanzar y que a la hora de evaluar sus solicitudes es clave considerar la unidad familiar.
"No hay nada en la Convención de los Refugiados que permita a los países occidentales detener refugiados en forma arbitraria o trasladarlos a su antojo a zonas lejanas", añadió.
Respecto del papel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el asunto, Cheng indicó que el secretario general Ban Ki-moon puede pedir a ambos países que accedan a enviar pequeños equipos de control que garanticen que el nuevo tratado es consistente con las normas internacionales.
"Ambos países tienen interés en demostrar al mundo que con este acuerdo los refugiados no están peor que antes", sostuvo.
También sostuvo que la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, debería emitir una recomendación que busque clarificar los derechos y las obligaciones de los estados en el marco de la Convención de los Refugiados y otras normas internacionales, y en especial, si este tipo de acuerdos son lícitos.
A mediano plazo, la Asamblea General de la ONU podría evaluar la forma en que los países pueden coordinar mejor sus esfuerzos tendientes a alcanzar soluciones aceptables para todas las partes involucradas en lo que respecta a los acuciantes problemas que afrontan los refugiados, e incluso considerar emitir una resolución al respecto.
La Asamblea General podría llegar a convocar a una conferencia para reformar la Convención de forma tal de contemplar mejor las necesidades de los estados receptores a cambio de mecanismos más efectivos para hacer cumplir la ley. (FIN/IPS/traen-vf-mj/td/ld/wd na ap hd ip pr/07)
