Los sindicatos mineros de Perú lanzaron este lunes una huelga por tiempo indeterminado en busca de mejoras laborales. El principal reclamo es la contratación permanente de la que carece 80 por ciento de los 100.000 trabajadores de este sector, pilar de la economía del país.
Los dirigentes obreros aseguraron, en su primer informe de evaluación, que se habían plegado a la protesta entre 35.000 y 40.000 trabajadores, pertenecientes a 33 sindicatos de los 74 agrupados en la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. Para el gobierno esa cantidad es un fracaso sindical.
"Nuestras bases estaban esperando los resultados de las negociaciones, pero hubo retrasos", justificó el secretario general de la Federación, Luis Castillos, quien anunció además que este miércoles los mineros iniciarán una marcha hacia Lima.
A modo de síntesis de la situación que afrontan los mineros, el abogado laboralista Jorge Toyama, profesor de la Universidad Católica del Perú, señaló a IPS que se deben "replantear las políticas del Estado". "No puede ser que las autoridades se preocupen más en recaudar impuestos y no en velar por derechos fundamentales", apuntó.
La minería ha incrementado su peso en la economía, al punto de que ya aporta 60 por ciento de la recaudación por impuesto a la renta. Perú es el quinto productor mundial de oro, segundo de plata, tercero de cobre y zinc, y cuarto de plomo.
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Pero a igual ritmo de aumento se flexibilizaron las condiciones laborales en las minas. La Federación convocó a la huelga para exigir la regularización de 80.000 personas que hacen tareas de exploración o explotación, entre otras, sin estar en la planilla de las firmas y sin los consecuentes derechos.
"La huelga minera se concreta porque las autoridades no tienen voluntad política para hacer respetar los derechos laborales", dijo a IPS Castillo, al confirmar que las reuniones planteadas por el gobierno para tratar de detener la protesta no habían tenido resultado positivo.
La ministra de Trabajo, Susana Pinilla, indicó en rueda de prensa en la noche del domingo que, pese a seis días de diálogo entre el gobierno y la federación minera, no se logró conseguir la suspensión de la huelga. Atribuyó la frustración de la negociación a la "terquedad" del sindicato.
Pinilla aseguró que "con Federación o sin Federación se recortará el abuso de las services (servicio temporal) y las contratas (firmas tercerizadas)" y que se presentará un proyecto de ley al respecto.
Recordó, además, que el gobierno promulgó el jueves una norma que regula la labor de las services en las diversas actividades productivas.
Pero Castillo replicó, ante la consulta de IPS, que esa norma es "sólo un maquillaje, porque las services siempre terminan incumpliendo las leyes por falta de control del gobierno" y, en rigor, "no resuelve" el problema que existe con las contratas".
La huelga minera fue declara ilegal por el gobierno, según informó el jueves Pinilla, con el argumento de que la solicitud para organizar la protesta fue presentada fuera de los plazos establecidos por ley en Perú.
La Sociedad Nacional de Minería, que agrupa a las empresas más importantes del sector, ha señalado que existe una "intención absolutamente política" en la huelga.
La paralización de tareas afecta, de modo parcial o total, a las principales firmas, entre los que se encuentran Yanacocha, la aurífera más importante de América Latina, así como BHP Billinton Tintaya, la tercera productora de cobre de Perú después de Antamina y de la estadounidense Southern Perú.
Precisamente, los trabajadores de Southern Perú se adelantaron a la huelga el sábado en Ilo, en la región Moquegua a 1.280 kilómetros al sur de Lima. La adhesión en esta mina es casi total.
La Federación afirma que entre 70.000 y 75.000 mineros del total sin contrato permanente en el país trabajan para las grandes compañías a través de empresas tercerizadas, llamadas en Perú "contratas especializadas".
Estas contratas están autorizadas por ley a ofrecer labores principales y obligadas a brindar a sus empleados seguro social, gratificación y todos los beneficios laborales existentes.
Otro grupo de mineros, entre 8.000 y 10.000, están cumpliendo tareas por mandato de las llamadas 'services', que según las normas sólo deberían ofrecer a las compañías mineras el servicio de trabajadores de modo temporal y para actividades accesorias o complementarias.
Sin embargo, los dirigentes mineros denuncian que estas 'services' le "sacan la vuelta a la ley" y contratan a los trabajadores para que trabajen incluso en los socavones para la explotación del mineral.
"La mayoría de los que trabajan para esas 'contrastas especializadas' o las 'services' no tienen derecho a vacaciones pagadas, a seguro social ni a la libre sindicación. Eso denigra la salud y la vida de las personas, porque linda entre la explotación y la humillación", sostuvo Castillo.
Ante esta denuncia, el gerente general de la Asociación de Contratistas Mineros del Perú, Carlos Bernal, se defendió ante IPS señalando que el sector que representa "sí cumple con la legislación laboral y que el servicio que realiza es de alta especialización y tecnología, como exige el sector minero".
Bernal, sin embargo, reconoce que las empresas de tercerización de servicios pagan menos salarios que las firmas mineras y, como en todo rubro, existen algunas que son firmas "fantasmas", que no cuentan con maquinarias especializadas y sólo reclutan personal, como advierten los sindicalistas.
Mientras que mediante las 'contratas', los trabajadores ganan 30 soles (9,8 dólares) por día dependiendo del área de operaciones, la compañía minera paga a sus trabajadores 70 soles en promedio (23 dólares).
Eso representa un gran ahorro para las grandes firmas mineras debido a que 70 por ciento de su fuerza laboral proviene de estas empresas especializadas, informó Bernal.
En el Ministerio de Energía y Minas, que inició un control en 2001, aparecen registradas aproximadamente 400 empresas 'contratas especializadas'.
Pero los trabajadores mineros ya no confían y piden que el gobierno elimine todo tipo de empresa intermediaria, un reclamo que según Toyama afectaría el derecho a la libertad de empresa que protege la Constitución.
Para Toyama, la mejor manera para enfrentar el problema es que "el Estado mejore la fiscalización". "La legislación laboral está relativamente bien, el gran problema es el poco control que existe, peor en las zonas rurales donde operan las minas donde hay abusos", añadió.
El ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, informó a IPS que la meta es aumentar el número de inspectores laborales de 100 a 250 a fin de año. "Los reclamos de estos trabajadores son justos, hay empresas que cumplen y otras no, y las que no respetan los derechos laborales tienen que ser sancionadas", afirmó.
Tanto Valdivia como Bernal están de acuerdo en que se modifique las normas para que los trabajadores de las 'contratas' también gocen del dinero de las utilidades de las mineras.
Ambos han conversado con la Sociedad Nacional de Minería para darle viabilidad a esta iniciativa.
El gobierno de Alan García envió al parlamento el año pasado un proyecto en el que se plantea eliminar los topes en el goce de utilidades para los trabajadores que aparecen en la planilla de las firmas mineras y que, además, el personal de contratas y services gocen de este beneficio que resulta atractivo por el alza del precio de los minerales.
En los últimos dos años, los precios de cobre aumentaron 111 por ciento, del oro 42,5 por ciento, de la plata 65,5 por ciento, del zinc 150 por ciento y del plomo 36,5 por ciento, según lo publicado por la agencia de noticias estadounidense especializada en economía Bloomberg.
