Dos décadas atrás, las marchas del 1 de Mayo solían ser memorables en La Paz. Miles de mineros con casco y barreno encabezaban la celebración por antonomasia del movimiento obrero, hoy debilitado y con herederos dispersos en nuevas formas de trabajo emergidas de la necesidad.
Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) dicen que en los años 70 la minería estatal, principal fuente laboral de entonces, llegó a tener hasta 60.000 trabajadores. Hoy no son más de 15.000.
En cambio, los trabajos informales —denominados así porque no tributan y no gozan de beneficios sociales— generan actualmente 83 por ciento de los empleos en Bolivia. El 17 por ciento restante es abarcado por el sector público y el privado, dijo a IPS el viceministro de Micro y Pequeña Empresa, Ramiro Uchani.
Esa es la importancia que ha cobrado este sector que se desarrolló y abrió oportunidades para salvar las brechas dejadas a partir de la década de los 80, cuando el último gobierno del desaparecido Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) implementó la economía de libre mercado, acentuada con las privatizaciones de los años 90.
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Hoy se ve claramente en qué derivó ese proceso, según Jeovanny Samanamud, investigador que realizó estudios sobre la microempresa en la ciudad de El Alto, distante a 20 minutos de automóvil de La Paz, que vive de la economía informal y es considerada segundo centro industrial de Bolivia.
"En los últimos 20 años, el boliviano no sólo ha tenido que conseguir trabajo, sino básicamente crearlo en el margen de posibilidades que da la estructura económica y laboral de un país como éste", declaró a IPS.
Esa estructura de la que habla Samanamud se ampara en la libre contratación y negociación de los salarios, medidas vigentes a partir de 1985, cuando Paz Estenssoro introdujo a este país sudamericano en la era del neoliberalismo.
Como consecuencia, la antigüedad laboral no supera los cinco años en un centro de trabajo, con salarios de entre 60 y 100 dólares al mes. Lo común son los contratos de corto plazo —de tres meses generalmente—, por lo que 45 por ciento de la población urbana ocupada tiene empleos eventuales, según datos del no gubernamental Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).
"Frente a la tendencia de prescindir de las personas amparándose en la libre contratación, con toda la apropiación de derechos laborales que conllevó esto, no debe extrañar que la gran mayoría de la población que no pudo acceder a un empleo formal, su única opción haya sido crear otras modalidades laborales", señaló Samanamud.
Hoy se calcula que funcionan alrededor de 800.000 unidades productivas en la informalidad. "Si cada una da empleo a por lo menos tres o cuatro personas, pensamos que es tiempo de darles impulso", dijo el viceministro Uchani.
Para este año, el desempleo está estimado en 9,5 por ciento de la población urbana económicamente activa —entre 17 y 60 años—, según el Cedla.
La organización afirma que eso se traduce en 261.000 personas desempleadas en las urbes de un país de poco más de nueve millones de habitantes. Sus proyecciones muestran una reducción de la tasa de desempleo en relación a 2006, cuando fue de 11,8 por ciento, apenas diferente a la de los últimos tres años. De todas maneras, este desempleo sigue siendo uno de los más elevados en América Latina y el Caribe, que tiene un promedio de ocho por ciento, de acuerdo con el informe Tendencias Mundiales del Empleo, difundo en enero de este año por la Organización Internacional del Trabajo. El gobierno del izquierdista Evo Morales pretende apoyar a la pequeña y microempresa para que siga generando empleo, para lo cual creó el Ministerio de Producción y Microempresa. Dejar de considerar lo informal como una economía de pobres para pobres parece acertado, según Thomas Kruse, analista de temas económicos. "Echar un sinfín de actividades y relaciones sociales de producción en la canasta de la informalidad oculta mucho más de lo que revela", señaló Kruse.
"En esa canasta encontramos los múltiples procesos no regulados, articulados o solitarios, pujantes o moribundos; relaciones laborales, familiares, parciales, temporales; pagos en especie, dinero, información, esfuerzo, prestigio; reciprocidades y redes que sostienen flujos prodigiosos, cadenas productivas jerárquicas y desigualdades marcadas", explicó.
La voz de la experiencia la tiene Antonia Rodríguez, microempresaria que gestó la Asociación Señor de Mayo, conformada en su mayoría por madres de familia de El Alto, y que hoy exporta prendas de vestir a mercados de Europa y de América del Norte por hasta 20.000 dólares al mes.
Esta mujer nacida en Potosí, ciudad del sudeste de Bolivia, aglutinó a 300 socias que se dedican al hilado y al tejido. Tras un duro trecho recorrido, cada una de ellas lleva a casa entre 2.500 y 3.000 dólares por trimestre, sin que en este logro haya mediado apoyo del Estado u organización alguna.
Con esfuerzos como éste tomó forma la reestructuración productiva "de facto" que se operó en las últimas dos décadas y que cambió tanto las relaciones laborales y el perfil de la fuerza de trabajo boliviana.
La propuesta del Estado es quitarle el estigma a este sector, visibilizarlo y darle condiciones de crecimiento, aseguró el viceministro Uchani. Para ello hay previstos cuatro pasos en el marco de su Plan Estratégico de Desarrollo Integral de los Pequeños Productores 2007-2011.
El primer paso es reconocer y fortalecer el sector: saber cuántos son quienes lo integran, qué producen, cómo y cuánto. El segundo es profesionalizar o tecnificar al productor a través del recién creado Servicio Nacional de Desarrollo Productivo.
La tercera política será ofrecer servicios financieros para fomentar el desarrollo productivo. De hecho, este lunes se dará el puntapié inicial al Banco de Desarrollo Productivo que dará créditos a pequeños productores en condiciones favorables. Y el cuarto paso es la promoción de mercados.
Sobre el éxito o fracaso de estas medidas hablará el futuro, uno en el que las marchas del 1 de Mayo no volverán a ser lo que fueron.
