El cardenal peruano Juan Luis Cipriani sorprendió a su feligresía cuando pidió a la justicia, en su semanal programa de radio dedicado a la religión, que dejara de perseguir al primer vicepresidente Luis Giampietri.
La máxima autoridad de la Iglesia Católica peruana se quejó de "los abusos de la justicia", aseveró que "el odio, la venganza y arbitrariedad aparecen con frecuencia en las sentencias e investigaciones" y concluyó su faena con un saludo y un homenaje a Giampietri, "permanentemente acosado por el Poder Judicial".
El fiscal anticorrupción Óscar Zevallos incluyó a Giampietri en una investigación sobre sobornos en la compra de repuestos para misiles Otomat por 9,9 millones de dólares a la fabricante italiana de armas Oto Melara, en 1995. En ese tiempo, cuando gobernaba Alberto Fujimori (1990-2000), Giampietri era el jefe de la junta de adquisiciones de la marina de guerra.
"No recibimos ni un solo centavo", dijo Giampietri a IPS. "Yo aprobaba los estudios técnicos de los especialistas. Necesitábamos los repuestos y obviamente teníamos que efectuar la compra a la misma empresa fabricante. No hubo nada irregular".
IPS tuvo acceso al informe del fiscal Zevallos en el que sustenta la decisión de investigar a Giampietri y a otros almirantes que participaron en la operación.
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"Los funcionarios públicos de la marina, abusando de su cargo, habrían obligado o inducido a los representantes de la empresa Oto Melara a dar o prometer indebidamente, para sí o para otros, un beneficio patrimonial, materializándose en pagos de sobornos a oficiales de alta graduación de la marina", afirma ese informe.
El fiscal se basa en que el representante de Oto Melara, el italiano Sergio Siragusa, había reconocido ante la justicia el pago de un soborno anterior, efectuado a quien había sido presidente entre 1985 y 1990, Alan García, por aprobar que el consorcio italiano Tralima construyera el tren eléctrico para Lima.
García, actual mandatario, desmintió entonces a Siracusa. Y el 10 de octubre de 1996, desde el exterior del país lo acusó de haber pagado sobornos a los oficiales de la marina que participaron en la compra de los repuestos para los misiles Otomat.
"Ahora se descubre que Siragusa era socio económico del gobierno en las compras de armas y misiles", escribió en un documento que obra en poder de IPS. "Cobró comisiones y sobornó a los responsables de las compras".
García se refería a los miembros de la junta de adquisiciones de la marina, presidida por Giampietri, su actual vicepresidente.
"El presidente García debe explicar lo que dijo", manifestó Giampietri sorprendido al leer lo que había afirmado el actual jefe de Estado.
Según Giampietri, las investigaciones en las que está involucrado son promovidas por "personas relacionadas a la Comisión de la Verdad y a las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos. Han concertado voluntades para formular acusaciones sin sustento o para reabrir casos que ya la justicia archivó".
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (2001-2003) creada por decreto presidencial, tuvo el fin de "esclarecer el proceso, los hechos ocurridos y las responsabilidades correspondientes" por los crímenes cometidos durante la llamada "guerra sucia" contra la insurgencia (1980-2000) y "proponer iniciativas que afirmen la paz y la reconciliación entre todos los peruanos".
El cardenal Cipriani opinó en su programa que la acción contra Giampietri "se trata de una justicia motivada por negociaciones políticas o por un lobby ideológico".
La fiscal anticorrupción Marlene Berrú también investiga a Giampietri y a otros veinte almirantes que entre 1990 y 2000 participaron en compras de equipos militares a socios del entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
La justicia anticorrupción estima que la adquisición de armamento fue la principal fuente de corrupción del régimen de Fujimori.
Según informes secretos de la marina cuyas copias tiene IPS, Giampietri aprobó compras a compañías de los traficantes de armas Moshe Rothschild, Enrique Benavides y Claus Corpancho, identificados por las autoridades peruanas como "Los Gordos", un grupo de empresarios que pagaban sobornos a Montesinos.
"Jamás me reuní con ningún proveedor de armas en mi oficina", alegó Giampietri. "El presidente Fujimori nunca me pidió que comprara a alguna compañía en especial. Y con Montesinos no tuve relación de amistad y lo he visto muy pocas veces. En esa época, nadie sabía quiénes eran Benavides, Corpancho y Rothschild. Eso se supo después del gobierno de Fujimori".
"Si me prueban que recibí algún dinero, me voy a la cárcel. Pero no van a encontrar nada", añadió.
Otra investigación que afecta al vicepresidente está a cargo de la jueza María León. Por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la justicia peruana le ha encomendado identificar y sancionar a quienes ordenaron y ejecutaron el fusilamiento de al menos a un centenar de reclusos del insurgente Sendero Luminoso, que se habían rendido tras un motín en el penal de la isla El Frontón, entre el 18 y el 19 de junio de 1986.
Entonces, Giampietri era jefe de un grupo de las fuerzas de operaciones especiales de la marina y se desplazó al penal, iniciando un ataque con explosivos a las instalaciones de la cárcel. Giampietri niega haber participado en ejecuciones extrajudiciales.
En 1996, un año después de haber pasado a retiro, Giampietri fue uno de los 72 rehenes del guerrillero Movimiento Revolucionario Túpac Amaru en la toma de la residencia del embajador japonés.
En 1999, fundó una compañía de asesoría para la venta de armamento. Ese año también se relacionó con el movimiento fujimorista Vamos Vecino y obtuvo una concejalía en la alcaldía de Lima.
Crítico severo de la Comisión de la Verdad y de las organizaciones de derechos humanos, Giampietri llegó a formar parte de la plancha presidencial de García para las elecciones de 2006 por intermedio de Chimpún Callao, organización fundada por el ex alcalde del Callao, Alex Kouri, relacionado con Montesinos.
Resulta paradójico que entre 2003 y 2004 el actual presidente del bloque parlamentario del Partido Aprista Peruano, Javier Velásquez, investigó las compras de armamento del periodo de Fujimori, entre ellas las aprobadas por Giampietri, y reportó indicios de corrupción.
Con los votos del aprismo, Velásquez logró que la investigación pasara a la Fiscalía Anticorrupción, a la postre uno de los casos que afronta el primer vicepresidente de la República.
