Más de 3.000 guatemaltecos han visto truncado su «sueño americano» en lo que va de este año al ser deportados desde Estados Unidos. En 2006 retornaron 18.305 indocumentados, casi 60 por ciento más que en 2005, lo que muestra el endurecimiento de la política migratoria estadounidense.
"A uno le agarran como basura", dijo el guatemalteco Julio Medrano, de 38 años, poco después de regresar a su país junto a otros 116 deportados en un avión fletado desde el sudoccidental estado estadounidense de Arizona.
Las autoridades de inmigración "tienen helicópteros, motos y perros que llevan huesos en la boca para que no muerdan", contó Medrano, al recordar su arresto en el desierto estadounidense de Nogales, fronterizo con México.
Sentados en sillas de plástico blancas, hombres, mujeres, niños y niñas, de rostros derrotados por el cansancio, escucharon en silencio la bienvenida brindada por autoridades de inmigración guatemaltecas en una sala habilitada en instalaciones de la Fuerza Aérea.
"Aquí en Guatemala cuesta conseguir trabajo", se lamentó Medrano, quien hace un mes dejó atrás el sudoriental departamento de Jutiapa, a su esposa y a sus cuatro hijos por intentar alcanzar un sueño que se tornó pesadilla.
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"Te toca dormir en el monte, en el desierto, aguantando sed y hambre. Viajar en un tráiler con otros ochenta sólo con el aire de un ventilador pequeño", contó.
La mayoría de estos deportados fueron arrestados en su peregrinar por México o en la frontera con Estados Unidos. Otros lograron ingresar y trabajar sin documentos en alguna ciudad estadounidense, pero fueron detenidos en sus empleos o en sus casas.
En 2006 fueron deportados de México vía terrestre 75.395 guatemaltecos, y en lo que va de este año suman más de 4.000.
"Las redadas han aumentado" en Estados Unidos, dijo a IPS la presidenta de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos, Maricela García, quien advirtió un incremento de las deportaciones por rechazo de las solicitudes de asilo político que muchos guatemaltecos hicieron —sobre todo en los años 90— por la guerra civil que sufrió este país centroamericano entre 1960 y 1996.
Según García, hay "un recrudecimiento en la aplicación de las leyes de inmigración", de forma que "los inmigrantes tienen más temor a ser deportados, se esconden dentro de la sociedad y son más vulnerables a abusos y a explotación laboral".
En Estados Unidos viven unos 1,4 millones de guatemaltecos, en su mayoría indocumentados. Las remesas que envían a sus familiares (3.609 millones de dólares en 2006) representan 10 por ciento del producto interior bruto de Guatemala.
La comunidad guatemalteca en Estados Unidos pide una "reforma amplia de las leyes de inmigración".
Esto incluye regularizar la situación de la mayoría de los indocumentados que no tengan antecedentes penales, reducir los plazos para obtener la residencia por medio de un familiar y aprobar cuotas para la entrada legal de trabajadores extranjeros.
"Si uno no tuviera necesidad, no emigraría", afirmó Vivian García, de 22 años, entre sorbo y sorbo de un jugo de naranja, parte del pequeño refrigerio que las autoridades guatemaltecas les ofrecen a los deportados cuando regresan.
García dejó a sus hijos de 8 meses y 3 años al cuidado de su madre en el oriental departamento de Santa Rosa, y emprendió con un grupo de mujeres una dura travesía, de "tres días caminando en el desierto y 18 horas en un furgón", hasta reunirse con su esposo en Estados Unidos.
"Allí tratan mal al emigrante", dijo al recordar lo que sufrió en una cárcel de Arizona, en la que estuvo 15 días antes de abordar el avión de regreso a Guatemala.
A su lado, Mayra Opec, maestra de 26 años del sudoccidental departamento de Totonicapán, contó que los agentes fronterizos le "pegaban a los hombres y le gritaban a la mujeres".
De los 3.021 deportados por vía aérea desde Estados Unidos en lo que va de este año, 362 son mujeres y 136, niños y niñas, según datos oficiales.
El secretario adjunto de la Pastoral de Movilidad Humana, de la Conferencia Episcopal. de Guatemala, el brasileño Mauro Verzeletti, cree que "la deportación no es la solución a la situación migratoria", y que se precisa "una fuerte inversión de desarrollo" en los países generadores de emigrantes.
Verzeletti, coordinador en Ciudad de Guatemala de la Casa del Migrante, que brinda atención humanitaria y asesoría en derechos humanos, abogó por una "política de reinserción social" de los deportados, frente al recrudecimiento de las políticas migratorias que favorecen el negocio de los "coyotes" (traficantes de inmigrantes), por lo general vinculados al narcotráfico y al crimen organizado.
Los emigrantes guatemaltecos pagan entre 35.000 y 40.000 quetzales (entre 4.500 y 5.200 dólares) a los "coyotes", según el coordinador del Centro de Atención al Migrante de la Cancillería de Guatemala, Pablo César García.
Los operativos de arresto y deportación que lleva a cabo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se concentran tanto en pandilleros como en trabajadores "sin papeles" y "fugitivos" que no acudieron a la cita con un juez tras haber ingresado al país sin documentos.
"Tenemos 52 equipos a nivel nacional que rastrean a estas personas fugitivas de la orden del juez", dijo a IPS el portavoz del ICE, Michael Keengan.
El funcionario aludió también a un proyecto piloto de "inmigrantes criminales", por el cual se identificará en las cárceles estadounidenses a extranjeros sin documentos para deportarlos a su país de origen.
El ICE además investiga el tráfico y contrabando de indocumentados y a grupos criminales que en ocasiones les obligan a trabajar en Estados Unidos para pagar la deuda contraída por su traslado.
Entre las consecuencias del aumento de las deportaciones de guatemaltecos figura la disminución de las remesas —segunda fuente de divisas después de las exportaciones—, la desintegración familiar y los traumas personales por las dificultades para reintegrarse a su país.
"Al más alto nivel posible, urge plantear al gobierno de Estados Unidos una política de migraciones que atienda esta realidad, respete los derechos humanos y valore el aporte de los guatemaltecos a la propia economía estadounidense", sostuvo la directora de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, Raquel Zelaya.
El año pasado, la Cámara de Representantes del Congreso legislativo de Estados Unidos aprobó restricciones draconianas a la inmigración, incluyendo la construcción de más de 1.000 kilómetros de doble vallado a lo largo de la frontera con México y la penalización de la indocumentación y de la ayuda a inmigrantes sin papeles.
Por su parte, el Senado aprobó un programa de trabajadores "invitados" y un camino para regularizar la situación de algunos indocumentados, proyecto respaldado por el presidente George W. Bush. Ahora el Congreso debe conciliar ambos textos.
Finalmente, en el otoño boreal se aprobó la Ley del Cerco Seguro, que autorizó agregar 1.112 kilómetros de vallado en la frontera a los menos de 160 kilómetros que ya estaban cercados.
