Unas 250 parejas de homosexuales y de lesbianas acudieron este viernes a solicitar ante las autoridades civiles de la capital mexicana el reconocimiento legal de su vínculo, al entrar en vigencia la Ley de Sociedades de Convivencia.
La norma se suma a otras similares vigentes en numerosos países europeos, Argentina, Brasil, e incluso en el estado mexicano de Coahuila, mientras están en proceso proyectos legislativos al respecto en Colombia, Costa Rica, Chile y Uruguay.
"Este es un gran logro de la sociedad civil y marca un avance más en el proceso de democratización de México, pero también de América Latina, donde hay ebullición a favor de reconocer y aceptar la diversidad sexual", dijo a IPS Manuel Velásquez, activista por los derechos de las minorías sexuales y dirigente del Partido Alternativa.
La norma de la capital mexicana fue calificada por opositores de "ley gay", pero, en los hechos, permite que cualquier pareja, heterosexual o homosexual, pueda formar sin estar casada una "sociedad de convivencia", con lo que sus miembros adquieren derechos y obligaciones recíprocas en materia testamentaria y de pensión alimenticia.
Además, les reconoce el derecho a obtener créditos bancarios mancomunados y seguros de salud y vida.
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Lo que no podrán es adoptar hijos, un derecho que sí se les concede en Holanda y España, países que los activistas consideran ejemplos de calibre mundial en materia de legislación sobre diversidad sexual.
En América Latina, el primer lugar donde se legalizó la unión civil de parejas homosexuales fue en Buenos Aires, capital de Argentina, en 2002.
Brasil siguió el ejemplo. En el estado brasileño de Río Grande do Sul se legalizó en 2004 la unión de las parejas del mismo sexo.
Después, también en Brasil, las autoridades de la ciudad de Sao Paulo dictaminaron que las parejas homosexuales pueden adoptar hijos, mientras en Río de Janeiro el gobierno otorgó a los empleados públicos miembros de este tipo de uniones los beneficios que disfrutan los empleados casados.
En 2006, el Supremo Tribunal de Justicia de ese país declaró que las uniones de personas del mismo sexo constituyen parejas "de facto".
En Colombia, Costa Rica, Chile y Uruguay corren ahora iniciativas legales sobre la materia, pero aún falta completar sus procesos legislativos.
Todos estos cambios se deben a la acción de la sociedad civil y a su demanda por "construir una mundo más democrático", señaló Velásquez, cuyo Partido Alternativa, cuenta con pequeñas representaciones en la legislatura federal y en las estatales.
Pero la tarea ha sido cuesta arriba en toda América Latina.
Luiz Mott, profesor de la Universidad Federal de Bahía y fundador y presidente del Grupo Gay de ese estado brasileño, recordó que "hasta mediados de los años 90, la homosexualidad seguía siendo considerada un delito en Chile, Ecuador, Cuba, Nicaragua y Puerto Rico".
"A comienzos del siglo XXI todavía persisten leyes contra la sodomía en Puerto Rico y Nicaragua", agregó.
La nueva ley mexicana es producto de más de 10 años de demandas de los activistas. Estuvo a punto de entrar en vigor en 2003, pero fue frenada por el entonces alcalde de la ciudad de México, el izquierdista y ex candidato presidencial Andrés López Obrador, con el argumento de que merecía una consulta ciudadana amplia.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (capital), dominada por izquierdista Partido de la Revolución Democrática, la aprobó finalmente en noviembre, y poco después el entonces alcalde Alejandro Encinas, que permaneció en el cargo hasta diciembre, la promulgó.
El nuevo alcalde, el también izquierdista Marcelo Ebrard, señaló que apoya plenamente la Ley de Convivencia.
Una norma similar a la capitalina está vigente desde el año pasado en el estado de Coahuila, en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos.
De los 26 millones de hogares que hay en México, unos dos millones están encabezados o conformados por parejas del mismo sexo, según estudios.
Diversas investigaciones señalan que entre cinco y 10 millones de los más de 103 millones de mexicanos tienen preferencias homosexuales, y advierten que la discriminación hacia esos grupos se traduce en ocasiones hasta en crímenes.
La no gubernamental Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia calcula que en México se cometen un promedio de 99 asesinatos anuales de personas homosexuales, 34 de ellos en la capital.
"Con la ley que entró en vigencia en la capital avanzamos hacia la construcción de una sociedad democrática, en la que el Estado no puede ni debe intervenir en las decisiones de las personas sobre su estilo de vida sexual y de convivencia", señaló Velásquez.
La Iglesia Católica, grupos conservadores y el gobernante Partido Acción Nacional se opusieron férreamente a las leyes ahora en vigor en la capital y en Coahuila, estado gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, pero no pudieron impedir su aprobación.
En otros países, los conservadores también han intentado frenar legislaciones sobre uniones entre homosexuales. En algunos casos lo lograron, pero en otros fracasaron.
Entre 1989 y 2002, Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia y Finlandia aprobaron normas que reconocen a las parejas del mismo sexo derechos similares a los derivados del matrimonio. Luego entraron en vigencia disposiciones parecidas en Alemania, Francia, Gran Bretaña, Luxemburgo y Suiza.
Donde se habilitaron directamente matrimonios entre gays o entre lesbianas fue en Holanda y Bélgica. Luego, les siguieron España, Canadá y el nororiental estado estadounidense de Massachusetts.
