El asesinato de tres miembros salvadoreños del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y la posterior ejecución de cuatro sospechosos del crimen evidencian el poder que ha adquirido el crimen organizado dentro del Estado de Guatemala, afirman activistas.
Estas muertes demuestran que el crimen organizado está dentro del Estado, y son "la guinda en el pastel político y apenas la punta de un descomunal iceberg", dijo a IPS la activista Idubina Hernández, de la organización no gubernamental Seguridad en Democracia.
El conflicto armado interno de este país (1960-1996) dejó como secuela los escuadrones de la muerte, entre otras herramientas contrainsurgentes utilizadas durante la guerra, y con éstos una estructura para la llamada "limpieza social" que está activa, describió.
Este es un diagnóstico común entre los activistas de derechos humanos y democracia, que en 2006 fueron víctimas de 278 ataques y de otros 55 en este año hasta el 28 de febrero.
El relator especial de las Naciones Unidas para ejecuciones arbitrarias, sumarias y extrajudiciales, Philip Alston, dijo tras visitar este país el año pasado que "Guatemala es el paraíso de los asesinos", recordó a IPS Cecil De León, del colectivo de organizaciones sociales (COS).
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El 19 de febrero, los legisladores salvadoreños Eduardo d'Aubuisson, de 32 años, William Pichinte, de 49 años, y José Ramón González, de 57, fueron interceptados cuando ingresaban a ciudad de Guatemala procedentes de su país para asistir a la sesión plenaria mensual del Parlacen. Llevados a una casa en una aldea cercana a la frontera, fueron ejecutados, presuntamente con fusiles M-16 y AK-47, y luego quemados en el interior de su vehículo.
Los legisladores de la gobernante y derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), y su chofer, el agente de la policía salvadoreña Gerardo Ramírez, habían dejado por propia voluntad una caravana de cuatro vehículos en los que viajaban otros diputados y de dos transportes policiales que los custodiaban desde que cruzaron la frontera común. No hay explicación aún sobre esa actitud.
Tres días después, fuerzas policiales de los dos países capturaron en Guatemala al jefe de la unidad contra el crimen organizado de la División de Investigación Criminal (DINC) de la policía guatemalteca, Luis Arturo Herrera, al oficial tercero de la DINC, José Korki López, y a dos agentes de la misma división, José Adolfo Gutiérrez y Marvin Escobar Méndez, considerados cuatro de los seis sospechosos del crimen.
Pero apenas el domingo 25 por la tarde, los cuatro policías fueron asesinados cuando permanecían recluidos en el recinto más aislado de la prisión de máxima seguridad El Boquerón, en el departamento de Santa Rosa, 55 kilómetros al este de la capital guatemalteca.
Los activistas han llamado a todos los sectores del país a analizar la situación y preparar una propuesta para el Estado. Eso sí, piden que no sean destituidos los altos mandos del Ministerio de Gobernación (Interior) ni de la policía, para que no tengan oportunidad de escapar de su responsabilidad.
Hay otros dos sospechosos de haber tomado parte en la muerte de los diputados, los también policías Geiner Barillas y Marvin Contreras. El último se entregó el 27 de febrero, tras haber conversado con el director de la policía guatemalteca. Fue llevado ante el juez y se declaró inocente. La policía ha garantizado su protección.
Permanece prófugo Barillas, al que se acusa de haber dirigido los asesinatos de los diputados.
Nada se sabe sobre quiénes mataron a los policías dentro de la prisión, aunque las autoridades echaron a rodar dos hipótesis. La primera indica que reclusos pertenecientes a pandillas juveniles tomaron el recinto y cometieron los asesinatos. La segunda carga las muertes a un grupo de personas armadas que habrían ingresado a la prisión con la complicidad de los guardias.
Los carceleros han sido detenidos y son interrogados por la fiscalía.
La madre de un reo que llegó a la prisión esa noche, y que no quiso dar su nombre por temor a represalias, aseguró que la esposa de su hijo, que había asistido a la visita regular, le contó que a los familiares "los sacaron antes y, cuando iban saliendo, vio ingresar a unos hombres".
La mujer pasó la noche del domingo fuera del presidio, esperando saber si su hijo estaba a salvo, lo que sólo pudo confirmar al día siguiente.
La oscuridad no cayó sólo sobre las familias de los presos de El Boquerón. Tres horas después de perpetrado el crimen y con el recinto tomado por los reos, lograron ingresar representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos. Las autoridades de seguridad empezaron a llegar una hora después.
La prensa no tuvo confirmación de las muertes hasta la primera hora del lunes, en una conferencia de prensa en la que el subdirector de presidios, Carlos de León, aseveró que los reclusos no querían a la policía dentro del penal y que no habían podido acceder a los cuerpos de los agentes asesinados.
El martes 27, el ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, René Figueroa, el fiscal general Félix Garrid Safie y el director de la policía, Rodrigo Ávila, viajaron a Guatemala para reunirse con sus homólogos, el ministro de Gobernación (Interior) Carlos Vielmann, el fiscal general Juan Luis Florido y el director de la policía guatemalteca, Edwin Sperissen.
Figueroa desvirtuó ante la prensa la hipótesis que implicaba a los legisladores asesinados con mafias del narcotráfico. "Conocí a esos diputados y era necesario aclarar su honorabilidad por respeto a sus familias" indicó.
El fiscal guatemalteco Florido aseveró que "las investigaciones despejan la posibilidad de que los parlamentarios salvadoreños asesinados estuvieran vinculados con algún grupo delictivo en Guatemala".
El presidente salvadoreño, Antonio Saca, había dicho inicialmente que "todo apunta a que un grupo específico tocó estructuras políticas de El Salvador". "El crimen organizado es una realidad en América Central y puede tener relaciones con el contrabando, con el narcotráfico", afirmó.
Mientras el estadounidense Buró Federal de Investigaciones colabora en las pesquisas, en los pasillos de la sede del Parlacen se discute la propuesta del presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien ha ofrecido la casa de gobierno de su país para albergar temporalmente al cuerpo legislativo regional.
Pero el diputado guatemalteco César Fortuna señaló que el atentado no fue contra el parlamento. "En los 16 años de labores, el Parlacen no ha sido atacado por nadie, los parlamentarios están seguros en Guatemala. El ataque fue personal" dijo a IPS.
