La cantidad de personas desplazadas dentro de Sri Lanka va en aumento, y la comunidad internacional no tiene acceso a esa población, sostuvo el representante especial del secretario de la ONU para los desplazados internos, Walter Kälin.
"Ha habido informes de que los desplazados internos de Sri Lanka son forzados a retornar a sus lugares de origen, aunque no he podido confirmar esas noticias", dijo Kälin a IPS.
"Hago un llamado a todos las actores a que respeten los principios básicos de los derechos humanos, en particular que distingan entre combatientes y población civil. Al mismo tiempo, recomiendo al gobierno que asegure el carácter voluntario de todos los retornos", insistió.
El conflicto de Sri Lanka, que se prolonga desde hace tres décadas, enfrenta al movimiento secesionista étnico Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE) con el régimen de Colombo, que representa a la población de origen cingalés.
El informe presentado por el jurista suizo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que sostiene hasta el 30 de marzo su cuarta sesión, originó un debate intenso cuando se discutieron el caso de Sri Lanka y también los de Sudán y Colombia.
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En Sudán se registra la mayor cantidad de desplazados internos, más de cuatro millones. Le sigue Colombia, con tres millones, y luego Uganda, con un millón y medio, según datos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Costa de Marfil se ubica debajo de esos parámetros, con cifras que oscilan entre 700.000 y un millón de personas.
Sin embargo, es en Iraq donde la población desplazada arrostra un grado muy elevado de inseguridad. Eso es muy grave, precisó Kälin. Por supuesto, en la occidental región sudanesa de Darfur es bien conocida la situación de los desplazados internos, que afrontan actos de violencia.
En esos países, los desplazados reciben una gran cantidad de ayuda humanitaria, según Kälin. En cambio, "en una visita reciente a la República Centroafricana comprobé que los desplazados viven en el monte, sin apoyo humanitario. Cada caso de desplazamientos internos tiene sus problemas específicos de violaciones que las personas deben sufrir", explicó.
Por ejemplo, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) observó que Sri Lanka se distingue por el empeoramiento vertiginoso del conflicto y de la crisis de derechos humanos. Desde la última sesión del Consejo de Derechos Humanos, en diciembre, la población civil ha sufrido un tratamiento brutal propinado por todas las partes del conflicto, dijo Laila Karimi, de la CIJ.
Desde que las hostilidades entre el gobierno y los Tigres recrudecieron el año pasado, unas 220.000 personas debieron abandonar sus lugares de residencia, estimó Sébastien Gillioz, de Human Rights Watch (HRW).
Esa organización no gubernamental, con sede en Nueva York, envió a Sri Lanka un equipo de expertos que describieron a su regreso un cuadro de "tremendo deterioro, con abusos como desapariciones, secuestros y en especial de violencia contra los niños", relató Gillioz a IPS.
"Nosotros sabemos que el gobierno es consciente de eso y también que, en algún grado, el gobierno participa en ello. Por tanto estimamos que el Consejo debe abordar con urgencia esta cuestión durante la presente sesión", insistió.
Kälin dijo a IPS que mantenía un diálogo con el gobierno, del cual ha recibido una invitación para visitar Sri Lanka en misión oficial a fines de este año. "Descuento que tendremos un intercambio constructivo y que le podremos suministrar asesoramiento sobre la forma de encarar algunas de las dificultades específicas", agregó.
Durante el debate en el Consejo, la delegación de Suecia coincidió en que el conflicto se ha ido agravando y afirmó que se ha llegado inclusive a bombardear áreas civiles, originando así un elevado número de desplazamientos de personas.
La representación sueca aseguró que desde el 12 de marzo el gobierno de Sri Lanka ha trasladado pobladores de retorno a sus lugares de origen, en la oriental zona de Batticaloa, donde la situación es crítica. También se ha registrado un número creciente de secuestros en los campos de desplazados internos, sostuvieron los delegados suecos.
Un miembro de la delegación de Sri Lanka ante el Consejo, Dayan Jayatilleka, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Colombo, admitió que la situación era grave, como en cualquier parte donde ocurren desplazamientos de personas, violencia y sufrimientos humanos.
Sin embargo, Jayatilleka dijo a IPS que la comunidad internacional debía tomar nota de cuál es la dirección patente del flujo de desplazados internos. La mayoría abrumadora se dirigen hacia las áreas controladas por las fuerzas armadas de Sri Lanka y por el gobierno, afirmó. No se alejan del ejército de Sri Lanka, remarcó.
"Díganme en qué lugar del mundo los refugiados se mueven en dirección al ejército que es criticado de lo que se ha dicho ante el Consejo, de bombardeos indiscriminados de poblaciones civiles", continuó.
El delegado de Sri Lanka recordó lo ocurrido durante el conflicto librado en julio y agosto pasado entre las guerrillas libanesas de Hizbolá y el ejército de Israel, que atacó el territorio de Líbano. Los pobladores se movilizaron alejándose del ejército agresor, dijo Jayatilleka.
En cambio, durante la ofensiva del LTTE de 2000 contra la región de Jaffna, en el norte de la isla de Sri Lanka, y ahora en 2007, las poblaciones tamiles no se desplazaron hacia las áreas controladas por los Tigres, las "llamadas zonas liberadas que en la actualidad son lugares de tiranía", aseveró el representante de Colombo.
Los pobladores se trasladan, con todas las dificultades del caso, hacia las áreas controladas por el ejército y por el gobierno, aseveró. Esa es la mejor prueba de que hay algo equivocado en "la horrorosa descripción" efectuada ante el Consejo de Derechos Humanos.
Jayatilleka rechazó también la veracidad de las denuncias de retorno forzado de los desplazados hacia sus lugares de origen, aunque aceptó que "la coerción, donde sea, es incorrecta". "Es algo irónico, pues muchos amigos palestinos serían felices si fueran obligados a retornar a sus hogares", comentó.
Con respecto a Colombia, Kälin evaluó que afronta "una enorme crisis de desplazamientos" con más de tres millones de personas obligadas abandonar sus lugares de origen por acción de todas las partes involucradas en el conflicto armado de más de cuatro décadas, pues todos los actores que emplean la violencia, dijo.
El país sudamericano cuenta con una legislación muy buena, tal vez la mejor que existe para encarar el problema del desplazamiento. Sin embargo, hay problemas muy serios a la hora de aplicarla, dijo.
La Corte Constitucional de Colombia dictaminó que el gobierno falló en la aplicación de las normas y, al mismo tiempo, le brindó directrices para ponerlas en práctica. "Yo respaldo firmemente ese llamado del tribunal", dijo Kälin.
