Mientras se acerca la primera condena de un detenido en Guantánamo en el marco de la Ley de Comisiones Militares de Estados Unidos, activistas, expertos y legisladores desafían la constitucionalidad de la norma ante los poderes Legislativo y Judicial.
El australiano David Hicks, de 31 años, se declaró esta semana culpable de brindar asistencia material a terroristas y podría ser condenado a cadena perpetua por una comisión militar.
Pero insistentes versiones indican que el gobierno de George W. Bush podría haber alcanzado un acuerdo con el del primer ministro australiano John Howard para que se le asigne a Hicks una sentencia más liviana y que se le permita cumplirla en su país natal.
Howard, uno de los principales aliados de Bush en la arena internacional, afronta una dura campaña por su reelección y el caso de Hicks se ha tornado uno de los puntos fuertes de la disputa interna.
Después de que el juez militar, coronel Ralph Kohlmann, y los abogados de ambas partes afinen los detalles del alegato del reo, una comisión militar resolverá la sentencia.
Hicks, a quien suele aludirse como "el talibán australiano", está en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, desde hace cinco años, luego de ser capturado en 2001 por las milicias de la Alianza del Norte afgana.
Es conocida la práctica de la Alianza de entregar a fuerzas estadounidenses supuestos terroristas a cambio de una recompensa, la cual derivó en la detención de numerosos prisioneros en Guantánamo que después fueron hallados inocentes y liberados.
Durante la mayor parte de su detención, Hicks no fue acusado de delito alguno, y gozó de acceso esporádico y restringido a sus abogados y a su familia.
El juicio ha sido calificado de circo legal. El coronel Ralph Kohlmann, a cargo del tribunal dejó en muchos testigos la impresión de que las reglas y procedimientos de estos nuevos órganos judiciales castrenses son aún poco claros.
En una instancia del proceso, Kohlmann dictaminó que uno de los abogados civiles de Hicks, Joshua Dratel, no podía representarlo si no firmaba una declaración según la cual acataría las regulaciones de la comisión militar.
Dratel protestó, pues las regulaciones sobre la conducta de los abogados no había sido aún formulada por el secretario (ministro) de Defensa, por lo cual tal declaración sería una especie de cheque en blanco relativa a obligaciones éticas.
El juez Kohlmann también dictaminó que una asistente del asesor legal militar de Hicks, el mayor de la infantería de Marina Michael Mori, no podría representarlo porque no era militar.
Cuando el mayor Mori esgrimió este argumento, y un intento de convocatoria a una audiencia en momentos en que al abogado civil de Hick le era imposible asistir, para presentar un recurso por parcialidad, Kohlmann fue el encargado de emitir un fallo. Y lo hizo a su propio favor.
El juez se negó a seguir la agenda sugerida por la defensa para las audiencias, porque, según dijo, impediría el comienzo del juicio hasta 2008.
Hicks no presentó ningún alegato en la audiencia del lunes. Pero ese mismo día, más tarde, sus abogados informaron que se podría declarar culpable de una de las acusaciones: la de brindar apoyo material a terroristas. El segundo es participación en combates paramilitares con intención de matar a soldados estadounidenses y de la coalición que invadió Afganistán.
A medida que se acerca el final del juicio, el proceso es cada vez más criticado por organizaciones de derechos humanos, expertos en derecho y legisladores.
"David Hicks estuvo detenido más de cinco años en Guantánamo sin juicio y con acceso muy limitado a sus abogados y familiares. Asegura haber sido sometido a tortura y otros abusos en prisión, pero carece del derecho de hábeas corpus para poner fin a ese tratamiento", dijo a IPS Mary Shaw, de Amnistía Internacional.
El centro de los cuestionamientos es la Ley de Comisiones Militares, promulgada por Bush el 17 de octubre pasado. Fue el segundo intento presidencial, esta vez exitoso, de despojar a los prisioneros de sus derecho a tribunales civiles a través del recurso de hábeas corpus para cuestionar la legalidad de la detención.
El derecho al hábeas corpus había sido reafirmado en dos ocasiones por la Corte Suprema de Justicia: en el caso Rasul versus Bush, en 2004, y en el caso Hamdan versus Rumsfeld, en 2006.
Pero la Ley de Comisiones Militares al tiempo que niega el hábeas corpus, la Ley de Comisiones Militares admite como evidencias el resultado de interrogatorios mediante tortura, en contravención de las Convenciones de Ginebra, y amplía la facultad presidencial de calificar a un detenido como "combatiente enemigo".
"El problema básico de los tribunales en Guantánamo es que las reglas están fraguadas para una fácil victoria del gobierno estadounidense. Al fin y al cabo, no sabremos si aquellos que los tribunales consideran terroristas son realmente terroristas ni si sus confesiones son meras fantasías", dijo a IPS el constitucionalista Brian J. Foley, de la Escuela de Derecho de la Costa de Florida.
El Centro de Derechos Constitucionales, donde revistan cientos de abogados defensores de detenidos de Guantánamo, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Comisiones Militares, principalmente por la suspensión del hábeas corpus.
El senador republicano Arlen Specter, principal figura del Comité Judicial del Senado, elevó el 22 de marzo un escrito para apoyar la demanda del Centro de Derechos Constitucionales. (FIN/IPS/traen-mj/wf/ks/na wd ip hd ik sp/07)
