La justicia Argentina ordenó este jueves el arresto del ex general Reynaldo Bignone, quien encabezó el último tramo de la dictadura militar que se extendió hasta 1983. Está preso en el mismo cuartel donde se cometieron los delitos contra la humanidad de los que es acusado.
La medida fue dispuesta por el juez Alberto Suárez Araujo, a cargo de la causa por crímenes perpetrados en la guarnición militar de Campo de Mayo, ubicada en las afueras de la capital argentina y que funcionó como centro ilegal de detención y torturas en la última dictadura de siete años.
Bignone asumió la presidencia del régimen en 1982, pero era director del Colegio Militar, que está dentro de Campo de Mayo, en 1976, cuando se cometieron los graves delitos que investiga Suárez Araujo.
La abogada Alcira Ríos, representante de una de las familias querellantes en esta causa, dijo a IPS que el pedido de arresto preanuncia "una gran redada" a raíz de los avances que se vienen realizando en este proceso. La agencia de noticias local Telam, citando fuentes del Ministerio de Defensa, afirmó que Bignone fue puesto bajo arresto en Campo de Mayo.
La causa, por delitos cometidos en la llamada "Zona IV" que abarca populosos distritos ubicados al oeste y norte de la ciudad de Buenos Aires, había estado frenada por una declaración de la Cámara Federal de Apelaciones.
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Ese tribunal había considerado inconstitucional la anulación por parte del Congreso legislativo en 2003 de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dictadas a fines de los años 80 y que paralizaron los procesos judiciales contra los represores.
Esa decisión fue rechazada por la Cámara de Casación Penal, que es la máxima instancia penal. Además, la Corte Suprema de Justicia había declarado que esas normas contradecían compromisos internacionales a favor de los derechos humanos que Argentina incorporó a su Constitución.
Con esos avales, el juez comenzó a avanzar nuevamente en la causa y detuvo en septiembre pasado a cuatro ex militares que revistieron en Campo de Mayo. Pero además, llamó a declarar a 250 soldados que en 1976 cumplían con el servicio militar obligatorio en ese cuartel.
Los testimonios de los ex solados conscriptos, que declararon por primera vez en 30 años, fueron considerados muy relevantes por los abogados que siguen de cerca esta causa. Algunos de ellos indicaron que fueron incluso forzados a participar de la represión ilegal.
Ríos representa a la familia Miranda, víctima de una masacre perpetrada en 1976 por fuerzas de la llamada Zona IV en la que intervenían Bignone, el ex general Santiago Riveros y otros represores.
Ese año, fuerzas militares atacaron con bombas durante cinco horas la vivienda de la familia de Roberto Lanuscou y Barbara Miranda, mataron a esta pareja y a dos de sus hijos, de seis y cuatro años. La tercera, de sólo seis meses, fue robada por el comando.
Bignone había podido eludir el juicio que en 1985 condenó a las juntas militares que se sucedieron en el gobierno del país a partir de 1976, tras el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón (Isabel). Esos jefes de la dictadura fueron indultadas en 1989 y 1990 por el entonces presidente Carlos Menem.
Así, el ahora nuevamente detenido gozó de libertad hasta que en 1999 quedó bajo arresto domiciliario acusado de sustracción, ocultamiento y supresión de identidad de menores durante el régimen.
La causa por las niñas y niños secuestradas o nacidos en cautiverio de sus madres fue la que permitió a las organizaciones de derechos humanos reclamar el arresto de los represores que en aquel año se amparaban en el indulto y las llamadas "leyes del perdón".
El ex dictador permaneció detenido en su casa por más de seis años imputado del "robo de bebes", pero en 2005 la Cámara Federal ordenó libertad por el resto del proceso.
En entrevista con la periodista francesa Marie Robin, publicada por el diario argentino Página 12 en 2003, Bignone confesó que, pese a la detención en su domicilio, viajaba a Estados Unidos y a Uruguay hasta que pedidos de extradición de la justicia española lo obligaron a ser más precavido.
De todos modos, aseguró gozar de permisos de salida "casi todos los días". En ese diálogo, Bignone admitió que las personas desaparecidas durante la dictadura "fueron 8.000 y no las 30.000 que se dice", en referencia a los registros que llevan las organizaciones humanitarias. También reconoció la práctica de torturas y otros delitos en esos años.
En 2006, un abogado penalista lo acusó de "apología del delito e incitación a la violencia" por un llamado a la juventud a terminar la tarea de persecución que iniciara la dictadura.
En un sitio de Internet sostenido por la agrupación "Argentinos por la Memoria Completa", que defiende los crímenes del terrorismo de Estado, Bignone lamentó que sus camaradas de armas "no pudieron" terminar esa labor.
Más tarde, el fiscal Guillermo Marijuan lo acusó por "defraudación al Estado", ya que el ex dictador percibe desde 1990 una pensión de más de 15.000 pesos mensuales (unos 5.000 dólares) como "ex presidente".
Desde este jueves, el último dictador argentino espera la resolución de la causa judicial en un calabozo de Campo de Mayo, el mismo lugar por donde pasaron centenares de prisioneros ilegales, fueron torturados y muchos de ellos asesinados entre 1976 y 1983.
