El reconocimiento de la diversidad cultural y étnica boliviana en un Estado único y descentralizado gana consenso entre las propuestas presentadas ante la Asamblea Constituyente por las principales corrientes políticas que debaten la «visión de Bolivia», primer capítulo de la futura constitución.
Al ingresar al octavo mes de actividades de esta Asamblea y a sólo cuatro de vencerse su plazo de funcionamiento, los 255 constituyentes trabajan en comisiones encargadas de elaborar las propuestas que serán consideradas en reunión plenaria.
A los constituyentes les tomó seis meses, hasta el 7 de febrero, acordar que se aplicaría la mayoría absoluta de votos para aprobar los cambios constitucionales en comisiones y plenarias, y los dos tercios para la fase final de revisión y detalle de redacción de los artículos
Este procedimiento estará vigente hasta el 2 de julio, y los artículos que no logren ser aprobados así pasarán a conformar una lista de temas que serán dirimidos por los electores en un referendo constitucional.
Los partidos políticos con mayor número de asambleístas plantearon los cambios que proponen a la actual constitución y coincidieron, en un tono conciliador y diplomático, en conservar la unidad territorial de Bolivia, cuyas mayorías populares están representadas en el gobierno del izquierdista Evo Morales, mientras los empresarios y propietarios de grandes extensiones de tierras se sienten excluidos del poder y engrosan las filas de la oposición.
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El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) propone un país basado en un "Estado plurinacional, social y comunitario", con reconocimiento a las autonomías de los pueblos indígenas. Sin embargo, el procedimiento para lograrlo aún no está claro.
La propuesta responde a las expectativas creadas desde 1990 por grupos étnicos de la región amazónica, y expandidas a la zona andina, por alcanzar el reconocimiento del Estado a su cultura y pensamiento. Esta iniciativa cuestiona las formas de gobierno heredadas de la colonia española, a las cuales atribuyen la pobreza y exclusión indígena.
A ello se agregan las luchas sociales de los últimos años por la defensa de los recursos naturales como el gas, cuyas reservas (48 trillones de pies cúbicos) colocan a Bolivia en el segundo lugar de América del Sur, después de Venezuela.
Según el MAS, abanderado de los excluidos e indígenas y principal partidario de su inclusión social, en Bolivia existen unos 50 grupos étnicos, a los cuales se suman organizaciones con prácticas colectivas y asociativas, como los sindicatos.
El modelo de Estado "social y comunitario" que propone ese partido supone otorgar reconocimiento, participación y autonomía a la totalidad de estos grupos, pero se tropieza con formas de organización territorial establecidas, como la división política departamental, municipal y cantonal, que está vigente desde la creación de la república en 1825.
Este esquema es considerado "peligroso" por el constituyente y jefe de la centroizquierdista Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, quien teme una explosión de demandas de independencia territorial y una fragmentación de la república.
La propuesta de UN es la "unidad en la diversidad regional, cultural, política, económica y social, que refleje el acuerdo básico de los bolivianos para construir un país diferente, un legado superior con desarrollo, equidad y justicia".
El enfoque basado en las personas y la eliminación de las discriminaciones por razones étnicas, culturales o regionales son parte de las propuestas de la UN.
En tanto desde la derecha, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) respalda un Estado único que combine la existencia de cinco departamentos bajo un modelo de descentralización administrativa, con los restantes cuatro que votaron por su autonomía política y administrativa.
Las autonomías, apoyadas por los electores de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija en el referendo del 2 de julio de 2006, será uno de los temas centrales del debate.
La controversia está planteada entre los sectores de derecha, que las respaldan, y la posición del oficialismo y sus aliados, que proponen autonomías indígenas, asociativas y de otras agrupaciones, en franca oposición a las primeras.
Los cuatro departamentos, que ocupan el noreste, el este y el sudeste del país, aspiran a tener su propio gobierno departamental y potestad en el uso de sus recursos financieros y naturales, una aspiración considerada por el MAS como poco solidaria y secesionista.
Desde una posición debilitada, el derechista Poder Democrático y Social (Podemos) postula el respeto a la autonomía de los cuatro departamentos que apoyaron la iniciativa en el referendo, al tiempo que propone para más adelante profundizar la autonomía administrativa de los 327 municipios de la república.
"Ha quedado implícita la existencia de un acuerdo inicial por comprender a Bolivia como un Estado unitario y mantenerlo en esa condición", dijo a IPS el sociólogo y docente universitario Joaquín Saravia.
Pero la siguiente fase de discusión será más compleja porque cada actor propondrá una particular forma para incorporarse a la visión nacional desde su posición cultural, económica, regional y étnica, explica.
En opinión del ex congresista y consultor en temas políticos, Germán Gutiérrez Gantier, la Asamblea está atravesada por demandas sociales, como la rebelión popular de occidente en defensa de los recursos energéticos, de octubre de 2003, conocida como la "guerra del gas" y que culminó con la caída del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).
Otro tipo de demandas que influyen en la Constituyente, señala Gutiérrez, son las impulsadas principalmente por empresarios y terratenientes del departamento de Santa Cruz, en el oriente amazónico, que promueven gobiernos autonómicos con total control de los recursos naturales,
En medio, la ciudadanía eligió el camino de la Asamblea Constituyente como forma pacífica para dirimirlas, pero "si este proceso llegara a fracasar, se dañaría la democracia y podríamos tener momentos complicados", dijo.
Para Gutiérrez hay tres contradicciones principales de la realidad y la política boliviana.
La primera es que la región oriental enarbola su bandera de autonomía y defensa de las propiedades de los empresarios, mientras la occidental exige el respeto a la unidad nacional y al uso de la tierra y recursos naturales de manera democrática y solidaria.
La segunda contradicción está expresada, según Gutiérrez, por las diferencias étnicas y culturales, mientras la tercera es de reciente surgimiento, en la ciudad central de Cochabamba, donde la lucha entre citadinos y campesinos terminó con tres muertos en una disputa entre el gobierno central y el prefecto departamental (gobernador) Manfred Reyes Villa, quien apoyó abiertamente la "independencia" del departamento de Santa Cruz.
Para el observador, Bolivia atraviesa una difícil etapa en la cual el viejo Estado dominado por un modelo económico "neoliberal" no termina de morir y la nueva propuesta no se manifiesta.
