El opositor Partido Demócrata de Estados Unidos propuso un plan para exigir más altos estándares ambientales y laborales, así como provisiones que aseguren el acceso a medicamentos vitales, en los acuerdos de libre comercio pendientes con otros países.
El presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes del Congreso legislativo, Charles Rangel, y el presidente del subcomité de Comercio, Sander Levin, presentaron el martes en conferencia de prensa un programa con lo que serán los principales objetivos de los legisladores demócratas en materia de comercio exterior.
Rangel y Levin subrayaron que con este plan procuran acabar con el actual atasco de los acuerdos, que deben ser debatidos y ratificados por el Congreso.
Grupos humanitarios, ambientalistas y de trabajadores instan al Congreso a bloquear los tratados pendientes, impulsados por la adiministración de George W. Bush, y otros acuerdos similares en negociación porque no protegen los derechos de los trabajadores ni el ambiente, y agravan la pobreza en las naciones en desarrollo.
Los congresistas subrayaron que el programa es el resultado de una serie de discusiones que los demócratas, con la mayoría en el Congreso desde noviembre, mantuvieron con funcionarios clave de Washington, empresarios y legisladores del gobernante Partido Republicano.
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La representante de Comercio de Estados Unidos, Susan Schwab, dijo el martes que el nuevo plan era parte de un intento por alcanzar consenso sobre la mejor forma de avanzar en la política comercial. Sus declaraciones son una señal de que la administración de Bush estaría dispuesta a apoyar algunas de las propuestas demócratas.
"Éste es otro paso en lo que ha sido un esfuerzo de buena fe en un continuo diálogo entre todas las partes. Tenemos una oportunidad histórica para abrir un camino en este punto crítico de la política comercial estadounidense, y yo sigo comprometida con una solución entre los dos partidos lo antes posible", señaló.
Los demócratas además propusieron la ampliación por dos años la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga, que otorga preferencias arancelarias para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a cambio de políticas antidrogas de esas naciones, y que expira el 30 de junio.
Por su parte, Bush quiere que el Congreso renueve su autoridad para negociar y firmar acuerdos comerciales por la vía rápida (fast track), que también vence el 30 de junio. El mandatario quiere firmar varios acuerdos comerciales pendientes antes de esa fecha, incluyendo uno con Corea del Sur.
Los congresistas estadounidenses en este momento analizan acuerdos pendientes con Colombia y Perú que incluyen los temas más polémicos de la política comercial de Washington.
Críticos señalan que esos tratados tienen regulaciones que priorizan los intereses corporativos antes que los derechos humanos, y fomentan la explotación de los trabajadores y la destrucción del ambiente.
Pero los demócratas aseguran que su nuevo plan contempla estos temores.
La propuesta llama a los otros países a adoptar estándares laborales internacionales en sus legislaciones nacionales y no sólo "aplicar sus propias leyes", lo que constituía una de las principales quejas de los activistas.
En el caso del acuerdo con Perú, los demócratas dijeron que procurarán que ese país andino adopte leyes más severas contra la tala de caobos. Perú es el mayor exportador mundial de madera de caoba. Muchos ambientalistas alertan que ese árbol sufre una explotación rampante e insostenible.
Además, el plan demócrata llama a buscar "un equilibrio justo" entre el acceso a medicamentos vitales en el Sur en desarrollo y los derechos de la industria farmacéutica.
Las compañías del sector se resistieron a propuestas similares en el pasado, arguyendo que la distribución de medicinas a precios más baratos las dejaría sin fondos para financiar la investigación y la innovación en fármacos.
El programa también señala que los acuerdos comerciales deberían reconocer más derechos a las empresas y a los consumidores del otro país, y no a las firmas estadounidenses.
Las propuestas podrían encontrar partidarios entre activisas y sindicalistas, pero analistas advierten que podrían ser negativas para las naciones pobres.
"Los intentos para exigir estándares laborales y ambientales por el método de sanciones comerciales no sólo son innecesarias, sino también contraproducentes", sostuvo el analista Daniel Griswold, director del Centro para Estudios de Políticas Comerciales del Cato Institute, con sede en Washington.
"Si los miembros del Congreso quieren estimular más altos estándares laborales en el exterior, deberían apoyar políticas que estimulen el libre comercio y los flujos de inversión, para que las naciones menos desarrolladas crezcan más rápido", afirmó.
Griswold alertó que las exigencias propuestas afectarán a las industrias exportadoras, que por lo general pagan los salarios más altos y siguen los más altos estándares, y de esta forma favorecerán a sectores donde no se respetan los derechos laborales.
"El resultado final de las sanciones es exactamente lo opuesto a lo que buscan sus promotores", sostuvo.
