La ley de responsabilidad penal juvenil que entrará en vigor en Chile el 8 de junio, un año después de lo previsto inicialmente, requiere de importantes ajustes para ser aplicada con éxito, advierten expertos.
"La ley tiene problemas de diseño, lo que hace muy difícil su interpretación", dijo a IPS Egidio Crotti, representante en Chile del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
De todos modos, Crotti consideró mejor el sistema establecido por la nueva ley que el vigente, que permite juzgar como adultos a infractores de entre 16 y 18 años si las autoridades determinan que tienen discernimiento para entender la falta cometida.
Hay confusión en torno de las conductas que pueden ser sancionadas, las penas aplicables y las reglas a seguir para establecer las condenas, explicó el experto, pues los jueces deben remitirse al Código Penal empleado en la justicia de adultos.
"El texto que finalmente se aprobó difiere mucho del presentado originalmente por el gobierno, el cual pretendía crear un sistema de justicia penal juvenil autónomo", puntualizó a IPS Julio Cortés, abogado de la no gubernamental Corporación Opción, institución que participó activamente en la discusión de la norma.
En 2005, en plena campaña electoral por la presidencia, cuando la criminalidad ocupaba el centro del debate político, el Senado decidió endurecer el proyecto, ligando la justicia penal juvenil al sistema que se aplica en los adultos, indicó Crotti.
La Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes que infrinjan la ley penal, fue promulgada por el ex presidente Ricardo Lagos (2000-2006) en noviembre de 2005 y su entrada en vigor estaba programado para el 8 de junio de 2006. Pero el Poder Ejecutivo decidió postergar su puesta en marcha para la misma fecha de este año, por considerar que aún se carecía de la infraestructura y la capacitación requerida. Por eso, el Congreso legislativo debió reformar la ley, creando, de paso, un Comité de Expertos para supervisar su implementación.
El nuevo procedimiento penal rige para los adolescentes que al momento de cometer un delito sean mayores de 14 años y menores de 18.
Entre los 14 y los 16 años, podrán recibir una pena máxima de cinco años de reclusión en centros cerrados o semicerrados, donde serán sometidos a programas de reinserción social. Para los mayores de esa edad, la condena puede llegar hasta los 10 años.
No obstante, las penas privativas de libertad deben aplicarse siempre como último recurso.
Otras sanciones previstas por la ley son la libertad asistida, la prestación de servicios a la comunidad y la reparación del daño causado. También se pondrá a disposición de los jóvenes que lo necesiten tratamientos contra la drogadicción.
En octubre pasado, el Comité de Expertos emitió su primer informe, en el que identificaba cinco núcleos conflictivos. El primero de ellos era precisamente la existencia de "obstáculos normativos y problemas del diseño legal e institucional".
También advirtió dificultades en la "determinación de la carga y flujos del sistema" y en la "formación y capacitación de las instituciones involucradas".
El abogado Rafael Marambio, uno de los 15 miembros del Comité, anunció a IPS que a fines de marzo se entregará el segundo informe, que se concentrará principalmente en los avances en infraestructura y capacitación.
Ambos aspectos han mejorado, aunque la situación todavía no es óptima, adelantó Marambio, investigador del no gubernamental Instituto Libertad.
El organismo a cargo de administrar tanto las penas que requieren internación como las que pueden cumplirse en libertad será el gubernamental Servicio Nacional de Menores (Sename).
Sus actuales dependencias y programas —entre ellos los Centros de Observación y Diagnóstico (COD) y los Centros de Rehabilitación Conductual (Cereco)— se utilizarán para cumplir este mandato.
Además, la directora del Sename, Paulina Fernández, informó que se encuentran en construcción nuevos centros, para lo que se invertirá el equivalente a unos tres millones de dólares.
Pero Crotti teme que el Sename carezca de capacidad para implementar en todo el país las sanciones alternativas a la reclusión, entre ellas la libertad asistida, la prestación de servicios a la comunidad y la reparación del daño causado.
"Si no están operativos estos servicios, existe la posibilidad de que a los adolescentes se los interne en los centros cerrados o semicerrados", indicó el representante de Unicef, al tiempo que pidió brindar educación sexual a los jóvenes.
Pero Crotti destacó la creación de 13 comisiones independientes a nivel nacional para controlar las condiciones de reclusión de los adolescentes infractores, anunciada por el Ministerio de Justicia.
Marambio cree que probablemente los problemas técnicos que presenta la ley no serán mencionados nuevamente por el Comité, pues para solucionarlos se requiere de enmiendas legales.
El gobierno ha dejado claro que no está dispuesto a enviar al parlamento propuestas de modificación, recordó el abogado.
El 28 de febrero, el ministro de Justicia Isidro Solís descartó una nueva suspensión de la entrada en vigor de la ley.
"Creo que es mejor ir haciendo un proceso en el cual vayamos lentamente instalando el sistema, antes que crear un sistema exorbitante que eventualmente quede como una especie de elefante blanco", dijo.
"En estos momentos estamos absolutamente convencidos de que al 8 de junio vamos a tener en funcionamiento el 100 por ciento de la oferta de servicios que creó la ley", afirmó.
Otra aprehensión de Crotti es la difusión que debe tener el sistema para que los menores tengan claro a qué se exponen al infringir las leyes. "Es difícil que los adolescentes manejen las reglas del juego si ni los abogados entienden bien la norma", alertó el experto.
Si el 8 de junio el sistema aún no está listo, debería considerarse la posibilidad de abrir un periodo de "transición", en el cual comenzaría a aplicarse la ley sólo cuando se trate de los delitos más graves y sean cometidos por menores de entre 16 y 18 años, propuso.
"Como la ley es tan ambigua, sólo cuando se implemente se sabrá si llegó para mejorar o empeorar el actual panorama", concluyó Cortés.
