El gobierno de Argentina endureció su posición ante Gran Bretaña por la soberanía de las islas Malvinas, y decidió investigar acusaciones de crímenes cometidos en 1982 por militares argentinos contra sus propios subalternos en el frente de guerra del austral archipiélago.
Autoridades de la nororiental provincia de Corrientes presentaron este viernes ante el Ministerio de Defensa un vídeo con denuncias de ex combatientes sobre asesinatos, torturas y vejámenes perpetrados por militares argentinos en la guerra contra Gran Bretaña y piden una comisión nacional para recoger otros testimonios en todo el país.
En vísperas del 25 aniversario de la fallida invasión militar argentina a las islas del Atlántico Sur, ocupadas desde 1833 por Gran Bretaña que las llama Falkland, las heridas parecen de nuevo abiertas.
El gobierno de Néstor Kirchner anunció esta semana dos medidas que traban planes de exploración y explotación de hidrocarburos en torno al archipiélago y perjudican a los isleños.
La primera pone fin a un acuerdo de cooperación para la exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas de Malvinas, que Buenos Aires y Londres firmaron en 1995. La segunda y complementaria anticipa que se prohibirá operar en suelo argentino a las empresas petroleras que tengan contratos en las islas suscriptos bajo la ley británica.
La segunda medida es de momento una advertencia. Las firmas que operan en las islas son pequeñas compañías de exploración —casi todas de capitales isleños— y ninguna de ellas tiene actividad en Argentina. Pero este escenario podría modificarse si se mantiene una suba de los precios del petróleo que justifique inversiones en explotación en profundidad y lejos de la costa.
Esta resolución, aún no firmada por las autoridades, prevé sanciones para las empresas infractoras y amenaza con dejar caducos permisos y concesiones.
El endurecimiento de Buenos Aires coincide con la cercanía del aniversario de la invasión militar del 2 de abril de 1982, que dio origen a la guerra entre ambos países durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).
La estrategia se completa con la recepción de la denuncia de violaciones a los derechos humanos cometidas contra los soldados conscriptos argentinos por sus propios jefes, un capítulo aún pendiente en la enorme serie de investigaciones de delitos de aquel régimen, impulsadas por el gobierno de Kirchner.
La guerra terminó el 14 de junio de 1982 con la completa rendición de Argentina y 635 efectivos de este país y 255 británicos muertos, según cifras oficiales, y precipitó la caída de la dictadura militar.
Versiones periodísticas no desmentidas indican que el mandatario recordará el aniversario de la invasión el lunes 2 en Corrientes, cuya Subsecretaría de Derechos Humanos trabajó 10 meses reuniendo testimonios de veteranos que por primera vez denuncian la violencia a la que fueron sometidos por sus superiores en el frente de batalla.
El ex embajador argentino ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Lucio García del Solar, dijo a IPS que la decisión de denunciar el acuerdo de cooperación suscrito con Gran Bretaña por el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) puede ser acertada, pero debió ser debatida en el Congreso legislativo.
García del Solar fue muy crítico de la llamada "política de seducción" de Menem, que incluyó convenios de explotación pesquera y de hidrocarburos hoy cuestionados.
Esa política "fue totalmente equivocada porque se apartó de la tradicional, que consistía en sostener el reclamo ante nuestra contraparte, Gran Bretaña, sin dialogar con los colonos", advirtió. "A raíz de esa postura, Londres creyó que Argentina estaría dispuesta a una política de cohabitación y buena vecindad y que aceptaría congelar el reclamo", sostuvo.
García del Solar era embajador ante la ONU en 1965 cuando redactó y propuso la resolución 2065, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que llama a las partes a negociar la cuestión de la soberanía.
En virtud de esa resolución, Argentina pide cada año a Gran Bretaña el cumplimiento de su contenido ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
En los gobiernos de Fernando De la Rúa (1999-2001) y de Eduardo Duhalde (2002-2003) se dieron pasos para retornar a la postura tradicional de Buenos Aires de sostener el reclamo "sin grandes exhibiciones, pero de manera eficaz", hasta que asumió Kirchner y los gestos fueron más elocuentes, dijo.
"El presidente proviene de una provincia patagónica", Santa Cruz, el austral distrito situado a sólo 600 kilómetros de las islas. "Es por lo tanto más sensible al reclamo de soberanía de Malvinas, y entonces con él los reclamos se hicieron más firmes", interpretó.
El director de general de Malvinas de kla cancillería, Eduardo Airaldi, dijo este viernes que "no queremos caer en la malvinización de las relaciones con el Reino Unido (de Gran Bretaña), pero es el gobierno británico que toma de rehen el vinculo bilateral en esta disputa de soberanía".
Los británicos "se han rehusado a cooperar de manera genuina", afirmó. "Hay que encontrar la manera de sentar al Reino Unido a la mesa de negociación diplomática".
El año pasado, el gobierno de Kirchner protestó airadamente en varios estrados por la decisión unilateral británica de otorgar licencias pesqueras por 25 años para la explotación de recursos ictícolas en las aguas bajo disputa, en lugar de hacerlo por un año, según la práctica hasta entonces. Ahora las quejas son por los hidrocarburos.
El canciller Jorge Taiana dijo que el convenio no benefició en nada a Argentina, sólo contribuyó a ofrecer "un sesgo de legitimidad" a las inversiones petrolíferas en las islas. Nunca hubo cooperación bilateral, por eso se decidió ponerle fin, afirmó.
Gran Bretaña lamentó la decisión, que consideró "un retroceso" que "no ayudará de ninguna manera" a avanzar en la discusión sobre la soberanía.
Para García del Solar, el acuerdo petrolero incluye "concesiones tremendas".
"Contiene un artículo leonino que brinda seguridad jurídica a quienes exploren o exploten hidrocarburos en aguas disputadas, que Argentina considera suyas", destacó. No obstante, tanto la política de pesca como el convenio sobre hidrocarburos "deberían discutirse con respaldo del Congreso", recordó.
