Conductores, ayudantes y propietarios de autobuses están en la mira de extorsionistas y homicidas en El Salvador. La inseguridad, que afecta también a otros gremios, se ha convertido en un negocio del que se lucran pandilleros e integrantes de la policía.
Uno de los capítulos de esta espiral de violencia sucedió a finales de enero, cuando un autobús fue secuestrado por tres hombres armados en el oriente de San Salvador. Luego de ordenar a los pasajeros que desalojaran la unidad, el conductor y su ayudante fueron obligados a conducirla hacia un camino rural.
Minutos después ambos recibieron una descarga de disparos a sangre fría de los delincuentes, que procedieron a incendiar el vehículo. Los cuerpos de los dos transportistas quedaron totalmente calcinados.
El hijo de uno de ellos, que apenas había descendido de la unidad, al escuchar las detonaciones corrió al autobús y trató infructuosamente de salvar la vida de su padre, no sin antes sufrir quemaduras severas.
Durante 2006, esta violencia mató al menos a 70 propietarios, conductores y ayudantes del gremio transportista, que en el primer mes de este año ya contabilizó otras seis víctimas y unos 25 autobuses incendiados. Todo esto porque muchos se han negado a pagar la extorsión, denominada "renta".
El sistema de transporte público cuenta con cerca de 12.000 autobuses en todo el país y es un servicio concesionado por el Estado a propietarios, que van desde micro transportistas, que poseen sólo un vehículo, hasta aquellos que controlan decenas de unidades. Pero muy pocos funcionan como verdaderas empresas o están asociados en cooperativas.
Rodrigo Contreras Teos, presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria del Transporte, asegura que la violencia ha desbordado la capacidad del Estado, dejando a la sociedad y al sector a merced de los extorsionistas.
"Estamos atrapados por un monstruo que cada día le crecen más tentáculos y que tiene las posibilidades de controlar territorios, armarse muy bien y comprar autoridades. Estamos hablando de una situación similar a la de los años 30 en Estados Unidos", dijo a IPS Contreras Teos, en referencia a la época en la que en el país norteamericano reinaban las bandas del crimen organizado, cuyo jefe más conocido fue Al Capone.
"Las autoridades no le han dado a esta problemática la seriedad que requiere", agregó.
Según Fabio Molina, coordinador de estadísticas del estatal Instituto de Medicina Legal (forense), en 2006 se registraron 3.928 homicidios, tres por ciento más que en 2005, lo que equivale a 55,5 por cada 100.000 habitantes. Estos números permiten concluir que El Salvador hace parte de los países más violentos de América Latina.
La Policía Nacional Civil (PCN) alegó en cierto punto que las pandillas estaban detrás de las extorsiones, pero en los últimos meses, empresarios y la misma PCN han reconocido que bandas de delincuentes, oportunistas, e incluso policías usufructúan del jugoso negocio, que también drena a pequeños empresarios, vendedores informales, maestros y grandes empresas.
A inicios de este año, el ministro de Seguridad Pública y Justicia, René Figueroa, afirmó que el número de extorsiones había experimentado una disminución a partir de septiembre, y que la PNC ya había realizado numerosas capturas de involucrados. Durante el discurso de mitad de su gestión, el presidente Antonio Saca se comprometió a que haría de la seguridad pública su prioridad.
Días después, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador denunció que sus filiales en el oriental departamento de San Miguel, y en Santa Ana, en el occidente, registraron un aumento de extorsiones sobre todo contra vendedores callejeros y pequeños empresarios, entre éstos, los transportistas.
Una fuente de la PNC confirmó a IPS que 2006 terminó con un incremento significativo de las extorsiones en comparación con años anteriores. Durante 2005 apenas se registraron 493 denuncias, mientras el año pasado éstas se dispararon a 2.485. En 2003, la cifra no sobrepasó 290 casos. El portavoz, sin embargo, desistió de brindar datos sobre miembros de la corporación policial acusados por extorsiones y otros delitos.
A finales de 2006, la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, Jeannette Aguilar, manifestó a IPS que El Salvador sufre un vacío de autoridad, en el que delincuentes y el crimen organizado se apoderan de territorios e imponen sus reglas, ante el asombro y la impotencia de la población.
"Estamos frente a un Estado que no existe. El Estado no ha logrado resolver ni el problema de seguridad ni el problema de la situación económica", afirmó la investigadora.
Contreras Teos, pese a conocer la telaraña que envuelve la problemática, pide a las autoridades la persecución del delito y la implementación de planes preventivos que superen la "impunidad que está por todos lados".
El dirigente del transporte está convencido que "hay policías que participan directamente en el negocio (sic), o con la complicidad de algunos de ellos. Es una situación sumamente corruptiva", que absorbe recursos de todas las gremiales de transportistas, a la que, en muchos casos, los afectados ni siquiera se atreven a denunciar.
En ocasiones "más tardan en interponer la denuncia que los delincuentes en darse cuenta de que han sido denunciados", sostuvo.
"¿Cómo atreverse a denunciar si en el mismo sistema de emergencia 911 de la PNC hay policías envueltos en actividades delincuenciales?", se pregunta Contreras Teos. Por esto, muchas de las víctimas acceden a pagar.
El torbellino asedia directamente a Contreras Teos. "Yo también estoy siendo afectado por las extorsiones
Debo cancelar unos 200 dólares mensuales por cada unidad", confesó.
