¿Un sacerdote blanco de espionaje en Perú? Eso no se había visto ni en tiempos del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000). Pero el peruano Marco Antonio Arana denunció ante una misión de la ONU que investiga el uso de mercenarios el seguimiento al que fue sometido por una empresa de seguridad.
En el primer caso, el Grupo de Trabajo recogió información sobre más de un millar de peruanos trasladados a Iraq y a Afganistán por intermedio de compañías privadas que les ofrecieron contratos que no cumplen con estándares internacionales.
En el segundo caso, la misión recogió la historia del sacerdote católico Arana, quien denunció acoso de la empresa Forza, contratista de la influyente minera Yanacocha, que explota uno de los yacimientos de oro más grandes del mundo en la noroccidental región de Cajamarca.
Algo más de la mitad de las acciones de Yanacocha son propiedad de la corporación estadounidense Newmont, con sede en Denver, Colorado.
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Arana ejerce su sacerdocio en la empobrecida y andina Cajamarca, donde dirige además el no gubernamental Grupo de Información e Intervención para el Desarrollo Sostenible, Grufides, asesor de las comunidades campesinas en conflicto con la minera, a la que han denunciado por contaminación.
En la mañana del 14 de noviembre, después de visitar a su madre en Cajamarca, Arana detectó a un muchacho que lo estaba filmando. Lo persiguió con un vehículo, consiguió detenerlo y entregarlo a las autoridades.
Miguel Ángel Saldaña, de 23 años, tenía grabados varios días de seguimiento al sacerdote y a personas que trabajaban en Grufides. Cuando las autoridades ingresaron a la oficina donde laboraba, hallaron una enorme instalación con decenas de vídeos, fotografías y reportes sobre Arana, parte de una acción de espionaje titulada "Operación El Diablo".
El espionaje abarcaba a dirigentes del Frente Único en Defensa de la Vida, el Medio Ambiente y los Intereses de Cajamarca, así como a líderes locales.
"En el local intervenido por las autoridades encontramos fotografías de todos los que trabajamos en Grufides, de varios sacerdotes de la comunidad, y de los dirigentes campesinos y populares", dijo Arana a IPS, entrevistado en Cajamarca.
Saldaña declaró a las autoridades que trabajaba para la empresa C&G Investigaciones, cuyo propietario, César Cáceres, un ex capitán de la policía expulsado de la institución, negó participación en actos de espionaje y alegó que el material hallado era parte de un "trabajo" para un medio de comunicación que no identificó.
Entre la documentación incautada por la Quinta Fiscalía Penal de Cajamarca se encontraron informes dirigidos a una persona que utilizaba el apelativo "Pato", curiosamente el código secreto del jefe de operaciones de Forza, Aldo Schwarz. Las autoridades hallaron inclusive un recibo de pago a un agente de C&G Investigaciones firmado por Schwarz.
Pero Forza negó cualquier relación con la "Operación El Diablo" y con C&G Investigaciones.
"Todas las evidencias demuestran que Forza está relacionada con el espionaje", sostuvo Arana. "Hay que tener mucho dinero para contar con una infraestructura de agentes, filmadoras, cámaras fotográficas, redes de computadoras. Forza tiene esa capacidad en Cajamarca y trabaja para Yanacocha", añadió.
La presidenta y relatora del Grupo de Trabajo de la ONU, Benavides, explicó a IPS que "estamos preocupados por la presencia de empresas de seguridad en casos de intimidación a los defensores de los derechos ambientales y que también participan en los conflictos entre la población y las compañías mineras".
En agosto de 2006, la población de la comunidad de Combayo se enfrentó a Yanacocha porque la empresa había iniciado labores mineras en la zona sin acuerdo de los campesinos que protestaban por la contaminación de las aguas y la adquisición compulsiva de tierras.
Entonces, la empresa hizo uso de un centenar de empleados de Forza para continuar con sus tareas. El 2 de agosto, en un violento choque entre ese personal de seguridad y pobladores, murió de dos disparos el campesino Isidro Llanos Chavarría.
Durante las investigaciones, las autoridades señalaron a tres policías como presuntos autores de los disparos. El día del crimen, los policías estaban de franco, pero habían sido contratados con sus respectivas armas de fuego por Yanacocha. Todavía no se ha determinado si fueron reclutados por la empresa minera o por Forza.
"Yanacocha no contrata a Forza para labores de espionaje. Forza no está autorizada a efectuar ese tipo de acciones, que rechazamos. Si lo ha hecho, entonces ha actuado por su cuenta y no por mandato de Yanacocha", dijo a IPS una fuente de la compañía transnacional que pidió no dar su nombre.
Forza fue fundada en 1991 por ex oficiales de la marina de guerra peruana. En su sitio web señala que entre sus clientes se encuentran, además de Yanacocha, la propia Newmont, y la poderosa Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMP), el gremio de las grandes compañías mineras.
El ex marino Wilson Gómez Barrios, presidente de Forza, es también directivo principal de la Sociedad Nacional de Seguridad, integrante de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas.
El español José Luis Gómez del Prado, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU, dijo a IPS que "en el caso del padre Arana, hay amenazas y ha habido un hostigamiento por parte de una empresa privada de seguridad, y aparentemente Forza tiene relación".
"Forza trabaja para Yanacocha, y Yanacocha está en conflicto con los campesinos de Cajamarca", que "reciben asesoría del padre Arana. Entonces, aquí vemos una relación. Lo que nos preocupa es que el monopolio del uso de la fuerza que tiene el Estado lo ha comenzado a ceder a empresas de seguridad privada. Se necesita una regulación", opinó Gómez del Prado.
"Pero no sólo se trata de Perú. Hemos visto este tipo de hechos en muchos países del mundo. Es que de facto el monopolio del uso de la fuerza está siendo cedido cada vez más a empresas privadas", agregó.
Gómez del Prado aseveró además que la misión estudia en profundidad si Forza cumple con los estándares internacionales establecidos para empresas privadas que prestan servicios en zonas de conflicto. "Nuestra primera lectura es que no se cumplen", dijo.
En octubre de 2005, un artículo de IPS informó sobre contrataciones de ex militares y policías peruanos para prestar "servicios de seguridad" en las zonas más peligrosas del convulsionado Iraq y en Afganistán en condiciones abusivas. Esa información sirvió de fuente a las pesquisas de la misión de la ONU.
Durante su visita a Lima, el Grupo de Trabajo se reunió con directivos de Forza, encabezados por Gómez Barrios, que negaron haber violentado derechos campesinos y toda relación con la "Operación El Diablo".
La fiscalía que investigó el espionaje contra Arana, archivó el caso a fines de enero alegando "falta de pruebas".
El primer ministro Jorge del Castillo criticó a la fiscalía por no haber conseguido identificar a los responsables de la "Operación El Diablo". "Es un negro precedente para la justicia peruana", dijo.
La relación de Forza con su clienta, la SNMP, "es muy importante", según Arana. La sociedad de empresas mineras "presionó para que se retirara la cooperación de la Iglesia Luterana canadiense a las organizaciones ambientalistas de Cajamarca, porque supuestamente amenazaban la inversión minera", relató Arana.
"Nos retiraron fondos el año que pasó. Nos estamos enfrentando a un poder extraordinario que no sólo usa el dinero sino también la fuerza. Varias organizaciones ambientalistas desaparecieron por esa acción", sostuvo.
Grufides ha podido continuar sus labores en Cajamarca gracias a los aportes de la organización de desarrollo de la Iglesia Católica alemana, Misereor.
¿De qué lado está Dios en este conflicto?, preguntó IPS a Arana. "No está del lado del oro, porque Dios es de los pobres", respondió.
