El juicio a 11 acusados de violar a una muchacha de 16 años, que dicen haber actuado «en defensa del honor», pone a prueba en Pakistán una ley que desde diciembre castiga estos crímenes aberrantes.
Nasima fue raptada en su aldea, Habib Labano, 525 kilómetros al noreste de Karachi, el 27 de enero. Sus raptores actuaron en venganza: una mujer de su familia se había fugado de su hogar con un primo de la víctima.
Para humillar aun más a Nasima, la obligaron a caminar desnuda hasta su casa.
Por el momento, la policía detuvo a seis de los 11 acusados, tras la denuncia del padre de la muchacha.
El caso concentra hoy la atención de organizaciones que luchan contra ciertas costumbres feudales pakistaníes, según las cuales las mujeres pueden ser violadas, obligadas a contraer matrimonio e incluso asesinadas con impunidad para salvar el honor de una familia.
Muchas de esas organizaciones exigen a las autoridades duros castigos para los responsables de violaciones por venganza.
"Sólo cuando la prensa internacional destaca estos hechos nuestro gobierno despierta de su letargo", sostuvo Anis Haroon, directora de la no gubernamental Fundación Aurat.
Según la independiente Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, una mujer es víctima de violación cada dos horas, y de violación colectiva cada ocho. Pero expertos consideran que la cifra se elevaría si se contabilizaran los casos sin denuncia policial.
El mes pasado, por ejemplo, se denunciaron cuatro violaciones colectivas en la meridional provincia de Sindh, donde se ubica Karachi. El gobierno local sólo intervino en uno de esos casos y ayudó económicamente a la familia de la víctima para contratar un abogado.
"Creo que el Estado debe considerar por qué aumenta tanto la violencia contra las mujeres. Ellos creen que con un mísero aporte a su familia se quitan toda responsabilidad de encima", señaló Haroon.
La activista atribuyó el fenómeno creciente de la agresión contra las mujeres a "la gradual despolitización del país, la nueva cultura corporativa y la sensación de que ningún tipo de agitación va a marcar la diferencia".
Los responsables de estos ataques, que suelen ser señores feudales locales, saben que pueden comprar o incluso amedrentar a los testigos y víctimas para acallarlas, añadió.
"En la mayoría de los casos, los culpables son absueltos porque tienen dinero e influencia política y pueden, por lo tanto, comprar a la justicia. No temen ser condenados", aseguró.
Activistas como Haroon confían en que la Ley de Protección a las Mujeres, aprobada por el parlamento en noviembre y promulgada en diciembre por el presidente pakistaní Pervez Musharraf, marque una diferencia.
Pero la norma es ambigua, según admiten abogados y activistas.
"Es muy difícil de entender. La redacción es confusa, aun para nosotros, que conocemos el problema", afirmó Nuzhat Shirin del Programa de Observación Legislativa de la Fundación Aurat.
La ley se aprobó tras intensa discusión, numerosas modificaciones al proyecto original y presiones encubiertas del gobierno para apaciguar a una coalición de seis partidos religiosos dispuesta a sabotearla.
El caso de Nasima "no llegó aún a la justicia", señaló la abogada y activista de derechos humanos Danish Zuberi. "Está en una etapa previa. No debemos poner demasiadas esperanzas."
Pero Zuberi señaló varios aspectos positivos de la nueva ley.
"El cargo de violación será probado según el Código Penal de Pakistán, sobre la base del derecho secular y no sobre la shariá (ley islámica). Las mujeres no serán obligadas, por ejemplo, a presentar cuatro testigos, y si no pueden probar la acusación, no serán procesadas automáticamente por adulterio", subrayó.
El castigo por adulterio bajo las Ordenanzas de Hudood, decretada en 1979 por el entonces dictador militar Zia-ul-Haq en el marco de su política de islamización, consiste en azotes y lapidación.
"La buena noticia es que ahora se denuncian más casos porque ya no existe el temor a no poder probar el hecho" ni a afrontar cargos por adulterio, apuntó Haroon.
Haroon y otras activistas tratan de que las Ordenanzas de Hudood sean revocadas por completo.
Pero una norma como la nueva ley es inanimada hasta que no se aplica en forma adecuada.
"Tener una norma adecuada sin afinar otras áreas como el fortalecimiento del sistema de investigación policial, la protección de testigos, el cuidado de pruebas valiosas, forenses y médicas, dificultan una rápida actuación de la justicia", remarcó.
En el caso de Nasima hay pruebas circunstanciales suficientes como para evitar toda demora, indicó.
"Esto pondrá a prueba la norma. Una vez que se presente la demanda, veremos cuán rápido son llevados los responsables ante la justicia", añadió.
Para Haroon, un fuerte movimiento social, más que la acción del gobierno y una ley, es necesario para sensibilizar a la población acerca de la violencia contra las mujeres.
El público "nunca reaccionó con dureza ante estos horrendos incidentes", se lamentó.
Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres en este país se inspiran en el caso de Mukhtaran Mai, campesina víctima en 2002 de una violación colectiva en la oriental provincia de Punjab, por orden de un "panchayat" (consejo local), y obligada a caminar medio desnuda hasta su casa.
Gracias a que tuvo el valor de llevar su caso a la escena internacional, Mai puso a la opinión pública de su lado y alentó la aprobación de la nueva ley.
En 2005, cinco de los seis condenados a muerte en primera instancia fueron absueltos y al sexto se le conmutó la pena por cadena perpetua. El tribunal arguyó que las pruebas presentadas fueron insuficientes y que las investigaciones policiales tuvieron graves fallas.
