Tras la estatización de una planta de fundición, arrecian las críticas de expertos, empresarios y sindicalistas de la minería de Bolivia contra el presidente Evo Morales, al que acusan de hacer peligrar las inversiones y de favorecer a las cooperativas del sector.
Con el aumento de los ingresos fiscales de 250 millones de dólares a 1.000 millones por la modificación de los contratos con 12 firmas petroleras transnacionales, el gobierno izquierdista se decidió ahora a poner la mira en los yacimientos aún ricos en estaño, zinc y plomo, gran parte de los cuales son operados por empresas privadas con la venia de la actual administración.
El primer paso en este proyecto fue dado en la altiplanicie del departamento de Oruro, 257 kilómetros al sudeste de La Paz, donde un contingente militar irrumpió en la Empresa Metalúrgica Vinto, rompió las cerraduras de la puerta principal y arremetió contra un grupo de obreros que intentaban impedir su ingreso por temor a perder sus empleos.
La ocupación sin compensación económica del principal centro de fundición de minerales, que operaba una firma subsidiaria de la transnacional suiza Glencore International AG, se completó con un encendido discurso de Morales para anunciar la "nacionalización" de las minas otrora administradas por firmas del ex presidente derechista Gonzalo Sánchez de Lozada.
Es una medida con "un sesgo político muy fuerte" y fue adoptada luego de prometer el respeto a las concesiones mineras explotadas por cooperativistas, lo cual se interpreta como una respuesta enérgica a las críticas por las facilidades otorgadas a los pequeños productores mineros, señaló a IPS Carlos Arce, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).
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Hace una semana, unos 7.000 mineros organizados en cooperativas arrinconaron la política tributaria del gobierno y a fuerza de estallido de dinamita en las propias calles de La Paz lograron que se deje sin efecto un incremento de impuestos y que se respeten sus yacimientos de explotación (concesiones).
Ahora son los asalariados de las minas, en su mayoría dependientes de compañías privadas y transnacionales, los que se levantan y se proponen encarar una férrea resistencia a las nacionalizaciones, porque temen perder sus empleos ante una supuesta voracidad de los militantes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) por ocupar esos puestos de trabajo.
César Lugo, secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), con más de medio siglo de combativo liderazgo laboral y afín al pensamiento de izquierda, defendió ante IPS la importancia del capital y de la gestión de privados en las minas.
Entiende que es difícil que esa buena administración pueda ser reemplazada por la ex poderosa estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Resulta extraño para los observadores que obreros de izquierda defiendan al capital privado, pero esa es la realidad actual de Bolivia, tras soportar severas crisis a los largo de décadas.
La crisis de la minería estatal desatada en 1986, cuando el presidente Víctor Paz Estenssoro en su cuarto y último gobierno (1985-1989) aplicó una política neoliberal de ajuste estructural, dejó en la calle a 27.000 obreros de la Comibol, mucho de los cuales pasaron a la agricultura, en especial a cultivar coca en la zona tropical del departamento de Cochabamba.
En cambio, otros se organizaron en cooperativas, que hoy reúnen a 55.000 socios y unos 5.000 empleados que recogen restos de minerales en parajes abandonados por la Comibol.
También el área minera fue ocupada por empresas privadas nacionales y multinacionales, que firmaron contratos de arrendamiento y operaciones de riesgo compartido con el Estado. Ahora emplean a unos 10.000 obreros, representados por la línea sindical de la FSTMB.
A ellos se agregan 5.000 trabajadores de Huanuni, en el occidental departamento de Oruro, 300 de mina Caracoles y 300 administrativos, todos dependientes de la Comibol.
Con la reanudación de la alianza estratégica entre Morales y los cooperativistas, los trabajadores de la firmas privadas y de la Comibol se sintieron marginados de las políticas para el sector y hasta este martes continuaban golpeando las puertas de la sede de gobierno para hablar directamente con el primer mandatario de origen indígena de este país.
Pero una barrera se levanta entre la FSTMB y el ministro de Minería, Guillermo Dalence, un ex dirigente de larga trayectoria en ese mismo sindicato.
Dalence observa con desconfianza a la actual dirigencia sindical debido a su enconada defensa del capital privado, y ello ha derivado en duros enfrentamientos verbales. "Probablemente por eso el presidente Morales no abre las puertas de Palacio" de gobierno, sostuvo Lugo.
"Lamentablemente dependemos de ello (el capital privado), esa es una realidad", afirmó Lugo para luego justificar una posición sindical de defensa de la estabilidad laboral y la resistencia a una probable intervención estatal. "No dejaremos entrar a ningún 'masista' a las minas", sentenció.
La minería ha sido el principal sustento económico de Bolivia desde su nacionalización, el 31 de octubre de 1952, resuelta por el primer gobierno de Paz Estenssoro, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, que además distribuyó tierras y otorgó a todos los bolivianos el derecho al voto, del cual estaban excluidos los analfabetos, es decir 80 por ciento de la población de entonces y que incluía por completo a los campesinos e indígenas.
En los años 80, ya en plena crisis del estaño, la Comibol generaba ingresos anuales por 600 millones de dólares y su fuerza laboral conformada por mineros de socavón se convirtió en la vanguardia de las luchas sociales con una acentuada línea política izquierdista.
El papel del movimiento sindical minero en la defensa de la democracia, tanta veces vulnerada por militares en connivencia con civiles, y de las empresas estatales ha cobrado decenas de vidas y por ello sus dirigentes ganaron el privilegio de dirigir a la Central Obrera Boliviana (COB), que secundó las transformaciones de 1952.
Si el gobierno de Morales interviene las firmas que operaba Sánchez de Lozada, como Porco y Bolívar, no sería una nacionalización, sino una recuperación de empresas que operan en asociaciones de riesgo compartido para devolverle al Estado el monopolio de la producción de minerales y su industrialización, explicó Arce.
Es que esas empresas mineras no fueron entregadas en propiedad a Sánchez de Lozada sino que se hallan bajo la figura de joint venture, que es una asociación simple de riesgo compartido entre el Estado y privados, añadió.
Arce explicó que las empresas extranjeras tienen la mayor fortaleza por sus actividades operativas en mina San Cristóbal, San Bartolomé y San Vicente, en los departamentos andinos de Oruro y Potosí.
"Una estatización no puede convivir con una extrema privatización", expresa Arce, para a continuación recordar el respaldo otorgado por el gobierno al sector privado, mediante un acuerdo con las cooperativas.
El gobierno tomó el viernes pasado el control de la planta de Empresa Metalúrgica Vinto, que había sido privatizada en 1999 y que ahora estaba en manos de la compañía Sinchi Wayra, subsidiaria de Glencore International AG.
Una fuente del Ministerio de Minería dijo a IPS que el principal objetivo allí es recuperar el rol de productor de estaño metálico, un producto que en 2006 generó ingresos por 144 millones de dólares en exportaciones, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Creada en 1971, la fundición con una capacidad de producción de 24.000 toneladas de estaño metálico, fue vendida por el gobierno de Hugo Banzer (1997-2001), quien de 1971 a 1978 encabezó una dictadura militar.
El precio de esa privatización a la firma británica Allied Deals fue de 14,7 millones de dólares. A su vez, en 2003 fue transferida en seis millones de dólares a la Compañía Minera del Sur de Sánchez de Lozada, quien gobernó Bolivia primero de 1993 a 1997 y luego de 2002 a 2003, cuando fue derrocado por un levantamiento popular que tenía entre sus líderes a Morales.
Los datos oficiales señalan que Sánchez de Lozada vendió luego la fundición y el derecho de explotación en seis yacimientos mineros por 200 millones de dólares a la compañía suiza que alcanzó una producción anual de 241.000 toneladas de concentrados de zinc, 15.000 toneladas de plomo y 12.000 toneladas de estaño metálico.
Entre las minas de oro, estaño, plomo, cobre y zinc, se consigna a Bolívar (Oruro), Colquiri (La Paz), Porco (Potosí), Poopó (Oruro), a las que se agregan cuatro ingenios y una central hidroeléctrica.
Ante el reclamo de Glencore International AG por una compensación, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, expresó que el gobierno realizará una defensa con argumentos legales, pero insistió que la estatización de la planta es irreversible.
Al respecto, el ministro Dalence explicó que un grupo de auditores ingresará en la fundición con el propósito de revisar los documentos contables y establecer si la empresa privada cumplió con el pago de impuestos y otras obligaciones.
Tras cuestionar el valor mínimo por el cual fue transferido al sector privado, Dalence desvirtúa la posibilidad de compensación y, por el contrario, espera obtener la suficiente documentación para reclamar un pago de la firma por los daños ocasionados al Estado por un proceso de privatización que el actual gobierno cuestiona.
