El Congreso de los Diputados de España rechazó este martes ilegalizar al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), considerado la expresión electoral del grupo terrorista ETA.
La propuesta de ilegalizar al PCTV, como años atrás se hizo con su fuerza antecesora, Batasuna, fue presentada por el derechista Partido Popular (PP), la mayor fuerza de la oposición.
Pero la iniciativa fue desechada por el resto de las agrupaciones parlamentarias, encabezadas por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que sumaron 180 votos en contra, contra 134 a favor, una abstención y el resto estuvo ausente de la sesión.
Esta decisión se destaca porque permitirá la participación del PCTV en las elecciones municipales convocadas para el 27 de mayo y también porque significa un gesto gubernamental hacia la ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence), mostrándole el camino positivo que podría seguir si abandona definitivamente el uso de las armas.
Es que no se puede dudar que, si ese grupo vasco vuelve a cometer atentados, cerrará definitivamente o por muchos años la posibilidad de negociar la paz.
Batasuna, partido que pudo presentarse a todas las elecciones celebradas desde 1976 en España con el inició de la transición democrática tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), fue ilegalizado por el Tribunal Supremo de Justicia en marzo de 2002, bajo el gobierno del PP, por considerarlo parte integrante del grupo terrorista.
En ese mismo mes el juez Baltasar Garzón decretó la suspensión de actividades de Batasuna y el cierre de todos sus locales. La réplica etarra fue crear el PCTV, con el que se presentó a las siguientes elecciones y cuyos diputados ocupan sus bancas en el Parlamento Vasco en la actualidad.
Pero el portavoz batasuno, Arnaldo Otegui, quien estuvo preso por participar en acciones de ETA, negó que el PCTV sea el reemplazante de la fuerza que representa, pues dijo que sus seguidores "optaron por darle votos a un partido irrelevante" el PCTV, en vez de abstenerse.
Por su parte, Pernando Barrena, otro dirigente de Batasuna, afirmó que "los derechos de miles de personas no son respetados" con la actual legislación y, aludiendo a los batasunos condenados por la justicia, agregó que "están los que no pueden votar ni ser candidatos, aunque antes hayan sido elegidos".
El diputado Ignacio Astarloa, del PP, defendió el planteo de ilegalización basándose en que el PCTV no condenó el atentado perpetrado por ETA el 30 de diciembre en el aeropuerto de Barajas, que mató a dos inmigrantes ecuatorianos y destruyó una enorme playa de estacionamiento de automotores.
También acusó al gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, al no pedir a la justicia la ilegalización del PCTV, de mantener abierto un proceso de paz negociado pese a que ETA siga perpetrando atentados.
Astarloa agregó que "no tranquiliza que el gobierno lleve meses invitando a ETA a presentarse a las elecciones, así como la ambigüedad de Zapatero, mientras ETA mata".
Sin embargo, dos días atrás en un acto público, durante su visita al País Vasco, Zapatero reiteró con claridad que no habrá ningún tipo de negociación mientras el grupo terrorista no abandone las armas y renuncie a usar cualquier tipo de violencia, lo que implicaría su desaparición.
En esa misma línea continúa actuando la justicia. Este lunes el fiscal Pedro Rubira pidió 20 años de prisión para Julián Achurra Egurola, alias "Pototo", y otros tantos para Juan María Insausti Múgica, "Karpoy", responsables de proveer armas y explosivos para atentados etarras.
Pototo no contestó a las preguntas del fiscal argumentando "no reconocer al tribunal".
La polémica se hizo más dura en el Congreso legislativo al conocerse la decisión del PP de apoyar y participar en la manifestación convocada para este sábado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), próxima a ese partido, en protesta por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de rebajar de 12 a tres años la pena impuesta al etarra Ignacio de Juana Chaos.
De Juana Chaos fue condenado a más de 3.000 años de cárcel por integrar grupos de ETA que cometieron 11 atentados y mataron a 25 personas, pero esa pena se dio por cumplida a fines de 2006 tras 18 años de cárcel, atendiendo a lo especificado en la ley que considera para ello su buen comportamiento en prisión.
Pero antes de ser puesto en libertad finalizó otro proceso por integración en banda terrorista y amenazas, de lo que fue acusado por dos artículos que publicó en el diario batasuno Gara y fue condenado a 12 años, que después se redujeron a tres, que está cumpliendo.
El PP criticó la decisión del Tribunal Supremo. El portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido, dijo a IPS que "es muy grave que el primer partido de la oposición participe en una manifestación criticando actuaciones de la justicia".
"En democracia se debe respetar la independencia judicial", apuntó.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, por su parte, dijo que su partido no cuestiona a la justicia, pero que plantean que De Juana Chaos, en huelga de hambre desde noviembre, no sea puesto en libertad sino que cumpla su condena.
Desde el plano judicial, en tanto, se sigue insistiendo en que la ETA es "una auténtica organización terrorista" y no sólo un simple grupo armado, como afirmó el fiscal Enrique Molina al presentar su informe el lunes en un macro-juicio contra 53 acusados de formar parte del entorno de esa organización.
Según el fiscal, forman parte de ese entorno varios grupos políticos o sociales, periódicos y un entramado financiero que utiliza "para ocultar su verdadera y delictiva actividad".
A ese respecto, el catedrático de derecho civil Pablo Salvador Coderch manifestó que, si ETA y sus derivados consideran que llevan adelante una "guerra de liberación", pero guerra al fin, tendrán que aceptar que los "prisioneros de guerra" no son liberados mientras dure el conflicto y a su término incluso pueden ser juzgados y condenados.
Y en cuanto a la huelga de hambre de De Juana Chaos, quien plantea no abandonarla mientras no lo pongan en libertad, Coderch expresó que, en vez de alimentación forzosa y cuidados especiales como los que está recibiendo, se debería hacer lo que hizo el gobierno británico en 1981, cuando 10 presos del Ejército Republicano Irlandés hicieron una huelga de hambre, "simplemente los dejó morir".
