Activistas de Malasia lanzaron duras críticas contra un plan del gobierno que, con el pretendido objetivo de frenar el aumento del delito, busca confinar en los barrios más pobres a unos 2,8 millones de extranjeros.
Inmigrantes, legisladores de la oposición, sindicalistas y defensores de los derechos humanos se unieron para denunciar el plan, que será presentado en el parlamento en marzo, por considerarlo una discriminación contra los trabajadores extranjeros, una violación a las normas laborales internacionales y una forma moderna de esclavitud.
"El plan discrimina y promueve los prejuicios contra los trabajadores extranjeros", sostuvo la directora ejecutiva de la organización no gubernamental Tenaganita, Irene Fernández.
Las medidas son parte de una reforma más amplia: los asuntos relacionados con los trabajadores extranjeros pasarían de la órbita del Ministerio de Recursos Humanos a la del Ministerio de Asuntos Internos. Esto, según críticos, cataloga en forma tácita a esos trabajadores como un problema de seguridad.
Además, muchas funciones de los ministerios de Recursos Humanos, Turismo y Salud quedarían bajo la égida de Asuntos Internos, que controla a la policía, los temas de seguridad internacional y el Cuerpo de Voluntarios del Pueblo, ahora dedicado a detener a unos 800.000 inmigrantes indocumentados.
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La población de malasia es de 26,2 millones de habitantes.
Según el proyecto, los trabajadores extranjeros, en su mayoría empleados en los sectores de la construcción, la industria y la agricultura, serán confinados a los barrios pobres llamados "kongsi", cuyas casas, que se encuentran dentro o cerca de sus lugares de trabajo, están hechas de zinc y contrachapado. Las normas propuestas se aplicarán incluso en sus días libres.
Los trabajadores suelen aprovechar su tiempo libre yendo a cines, complejos comerciales o cervecerías. Otros salen en grandes grupos a los centros de los pueblos. Pero si el nuevo plan es aprobado, quedarán relegados a sus barrios a menos que tengan permiso expreso de sus empleadores.
A los empresarios también se les solicitará que mantengan un libro que registre los movimientos diarios de sus trabajadores extranjeros para que la policía lo inspeccione. "De este modo, podemos rastrear a los trabajadores y arrestarlos si están involucrados en delitos", explicó el inspector general de la policía, Musa Hassan.
Aunque las estadísticas policiales revelan que en 2006 los delitos graves aumentaron 40 por ciento respecto del año anterior, apenas dos por ciento de estos son atribuibles a trabajadores extranjeros. Sin embargo, los medios, el público y legisladores a menudo culpan de este aumento a ese sector de la población, que representa 12 por ciento de la fuerza laboral total, compuesta por 12 millones de personas.
Los más estigmatizados son los indonesios, que constituyen 65 por ciento de la fuerza laboral extranjera, seguidos por los procedentes de Bangladesh, Nepal, India y Vietnam. La policía estima que otros 700.000, mayoritariamente indonesios, trabajan en este país sin documentos válidos.
Las nuevas medidas son fuertemente criticadas por la filial malasia de Amnistía Internacional, que las considera contrarias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Constitución de este país.
"Esto incluye el derecho a la libertad y la seguridad, a la igualdad ante la ley sin discriminación, el derecho a la libertad de movimiento, así como la presunción de inocencia", dijo el director de Amnistía para Malasia, Josef Roy Benedict.
"Estas medidas son en sí mismas una violación a los derechos humanos y una forma de castigo", opinó, agregando que la libertad de una persona puede ser suspendida sólo cuando, tras un juicio justo, un tribunal legal demuestra que ésta cometió un delito y por tanto ordena su encarcelamiento
Amnistía advirtió que el uso de inmigrantes como chivos expiatorio por la delincuencia sólo aumentará los prejuicios raciales y xenófobos.
Human Rights Watch (HRW), con sede en Washington, también condenó el plan del gobierno y alertó que pondría a los trabajadores extranjeros en riesgo de otros abusos.
"En vez de mejorar la situación, el propuesto plan sobre trabajadores inmigrantes la agravará en forma drástica", alertó Nisha Varia, investigadora de la División de Derechos de la Mujer de la oficina de HRW en Asia.
"Es ya escandaloso que Malasia esté considerando semejante propuesta, que dará a los empleadores libertad para encerrar a sus trabajadores", afirmó.
Incluso el periódico The New Straits Times, vinculado al gobierno, manifestó aprensión sobre el proyecto, cuestionando la idea de que controlar el movimiento de los trabajadores extranjeros "sofocará la creciente marea delictiva".
"La pregunta es si el confinamiento sería una medida preventiva justificable, en términos de tratamiento justo a los trabajadores extranjeros y de las responsabilidades extra que recaerán sobre el empresario para asegurarse de que sus empleados sigan confinados", señaló el diario en un editorial publicado el 20 de este mes.
"Además, las condiciones de hacinamiento y a veces deplorables en los típicos kongsi no son precisamente condiciones en las que uno debería querer confinar a trabajadores", sostuvo el periódico.
Los críticos dijeron que las reglas existentes ya restringen severamente a los trabajadores extranjeros. Se les prohíbe casarse con mujeres malasias, abrir cuentas bancarias, cambiar de trabajo o viajar libremente.
"Ellos son constantemente detenidos, interrogados y arrestados, incluso cuando tienen documentos válidos", destacó Fernández.
Los trabajadores extranjeros expresaron preocupación. "Esta es una forma de esclavitud", dijo Ahmed Badulla, un pakistaní de 27 años que trabaja en una fábrica de fundición de hierro. "Estamos muy ocupados trabajando día y noche para enviar dinero a casa. ¿Cómo podríamos cometer delitos?", preguntó.
"Este país es muy rico y hay mucho trabajo, pero también hay mucha discriminación", acotó su compatriota Tajul Mohideen.
