Los opositores a los tribunales militares estadounidenses instaurados para juzgar a supuestos «combatientes enemigos» detenidos en Guantánamo, Cuba, se aprestan a recurrir ante la Corte Suprema de Justicia en Washington.
El no gubernamental Centro para los Derechos Constitucionales, que presentó la demanda original rechazada el martes por un tribunal federal de apelaciones, elevará la apuesta en las próximas dos semanas, informó a IPS un portavoz de la organización.
El Tribunal de Apelaciones del distrito de Columbia, en la ciudad de Washington, sostuvo por dos votos a uno la constitucionalidad de la ley que estableció el año pasado los procedimientos para juzgar a los prisioneros en Guantánamo.
La denominada Ley de Comisiones Militares (MCA, por sus siglas en inglés) establece que los tribunales federales civiles carecen de autoridad para atender recursos de hábeas corpus en nombre de los prisioneros en Guantánamo.
Esa limitación le atribuye al presidente George W. Bush la facultad de mantenerlos indefinidamente detenidos.
La ley afecta a unos 400 prisioneros en Guantánamo, pero un fallo favorable a la demanda del Centro para los Derechos Constitucionales podría beneficiar también a los detenidos en instalaciones militares en Estados Unidos, en Afganistán y en "cárceles secretas" de otros países.
El fallo del tribunal en Washington indica que cuestionar la MCA supondría "desafiar la voluntad del Congreso" legislativo, y establece que el hábeas corpus no beneficia a extranjeros detenidos fuera de territorio estadounidense, como es el caso de la base de Guantánamo.
En ese sentido, indicó que esa instalación es propiedad arrendada por Estados Unidos a Cuba, que tiene soberanía sobre ella.
Otros dos tribunales de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia habían apuntalado el derecho de los detenidos en Guantánamo a desafiar su encarcelamiento ante el Poder Judicial federal, en los casos Rasul versus Bush de 2004 y en el caso Hamdan versus Rumsfeld el año pasado.
Esas acciones fueron las que dieron origen al proyecto de la MCA, que establece mecanismos para juicios militares especiales contra los detenidos y despoja a los tribunales civiles de jurisdicción sobre esos casos.
Al fundamentar su voto en minoría en el tribunal de apelaciones, la jueza Judith W. Rogers sostuvo que el hábeas corpus debe aplicarse a extranjeros fuera de Estados Unidos y que la acción de los legisladores al aprobar la ley había "excedido las facultades del Congreso".
La Constitución estadounidense estipula que el derecho de hábeas corpus sólo puede suspenderse en caso de "rebelión o invasión" y si "la seguridad pública lo requiere", según el voto en disenso de Rogers.
Ése será el centro de la apelación a presentarse ante la Corte Suprema de Justicia.
El Departamento (ministerio) de Justicia manifestó su beneplácito por el fallo, según el cual los extranjeros no disfrutan de sus derechos constitucionales en caso de encontrarse detenidos por Estados Unidos en terceros países.
El MCA también "admite la evidencia obtenida mediante tortura —una violación de las Convenciones de Ginebra— y amplía mucho la definición que puede aplicar el presidente de un 'combatiente enemigo'", explicó a IPS el abogado Shayana Kadidal, gerente de la Iniciativa Guantánamo de Justicia Mundial del Centro para los Derechos Constitucionales.
Esta organización representa a muchos de los detenidos en Guantánamo y ha presentado recursos en defensa de ellos y de los mantenidos en otros centros carcelarios instalados por la "guerra contra el terrorismo" lanzada por Estados Unidos en 2001.
La sentencia de esta semana "faculta al presidente a hacer lo que quiera con los prisioneros sin ninguna limitación mientras lo haga fuera del territorio estadounidense, y alienta prácticas como las 'entregas extraordinarias' (de detenidos a regímenes que practican la tortura) y el desprecio por los derechos humanos", dijo Kadidal.
"Dos de los tres jueces sostuvieron que el presidente y las fuerzas armadas pueden mantener detenidos aun a personas inocentes tanto tiempo como lo deseen sin siquiera acusarlos, siempre que estén en el extranjero", advirtió.
El fallo "descansa sobre un análisis hipertécnico para eludir el mandato claro de la sentencia dictada en 2004 por la Corte Suprema de Justicia: los detenidos tienen derecho a poner a prueba la legalidad de su arresto en un tribunal federal", explicó.
"En todo aspecto —la situación de la base de Guantánamo, la historia del hábeas corpus—, la sentencia ignora la realidad y favorece las abstracciones, con el fin de concluir que personas consideradas inocentes aun por las fuerzas armadas no tienen derecho a recurrir a los tribunales federales", lamentó el abogado.
Kadidal consideró "errónea" la alusión de los jueces a la falta de antecedentes de hábeas corpus en caso de detenidos en territorios extranjeros, pues el recurso alcanzó a detenidos "en lugares como Jersey, donde habían sido conducidos para mantenerlos fuera del alcance de tribunales ingleses".
El abogado se manifestó confiado en que "ésta sea la tercera ocasión en que la Corte Suprema de Justicia revierte los los fallos del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia" al respecto. (FIN/IPS/traen-mj/wf/ks/na mm ip ik hd sp/07)
